La política migratoria de Donald Trump llega a las elecciones de noviembre convertida en una fuente de temor para miles de familias y en un problema electoral para la Casa Blanca. En las últimas semanas, varios operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han terminado con personas heridas, detenidas por error o muertas durante una persecución. La sucesión de episodios ha reabierto el debate sobre el uso de la fuerza, el alcance de las deportaciones y el coste que puede tener para los republicanos una estrategia diseñada para demostrar firmeza.
El caso más reciente ocurrió en Nueva York, donde un agente federal disparó contra un dominicano que viajaba en coche con su hijo de cinco años. Una bala le alcanzó en el cuello, detrás de la oreja. El alcalde Zohran Mamdani denunció el episodio y afirmó que había intentado negociar con Trump y con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, la liberación del hombre. Las conversaciones fracasaron y el detenido fue trasladado en un vehículo sin distintivos. Para el alcalde, lo ocurrido constituyó “un atropello”.
Una cadena de incidentes que ya no parece excepcional
El episodio de Brooklyn se suma a una jornada especialmente convulsa, la del 20 de septiembre. En Austin, el venezolano Wilber Garcés, de 28 años, recibió un disparo en la espalda cuando, según su abogado, trataba de cooperar con los agentes que se le acercaron al salir de un restaurante. Aunque debía ser operado, fue dado de alta pocas horas después y trasladado a un centro de detención. Sus representantes legales sostienen que el Gobierno está poniendo en riesgo su vida; las autoridades lo acusan de agresión, resistencia e interferencia con funcionarios federales.
En Michigan, un guatemalteco identificado como Coronado murió al estrellar su coche contra un árbol mientras huía de una operación. El hombre, de 36 años, llevaba meses trabajando en la construcción para enviar dinero a su esposa y a sus tres hijos. Una activista que lo conocía lo describió como una persona humilde y extremadamente trabajadora. El ICE niega haber tenido contacto directo con él y asegura que sólo intentó confirmar su identidad antes de que escapara a gran velocidad. La discrepancia entre ambas versiones impide establecer todavía toda la secuencia, pero la muerte ha intensificado las demandas de una investigación independiente.
En Illinois, dos agentes detuvieron y golpearon a un ciudadano estadounidense al confundirlo con un sospechoso de aspecto parecido. El Departamento de Seguridad Nacional alegó que el hombre no obedeció las órdenes ni quiso identificarse. El caso ilustra uno de los riesgos centrales de los operativos indiscriminados: cuando la prioridad es detener con rapidez, la condición migratoria deja de ser el único criterio y cualquier persona puede quedar atrapada en el procedimiento.
El Gobierno niega un repliegue antes de las urnas
La controversia ha coincidido con informaciones según las cuales el ICE habría recibido instrucciones de concentrarse en inmigrantes con antecedentes penales y suspender la detención de otros indocumentados, incluidos quienes ya se encuentran en procesos de deportación. Fuentes citadas por The Daily Wire atribuyeron esa posible moderación a la proximidad de los comicios. La Administración lo niega categóricamente y mantiene el mensaje de máxima dureza: toda persona que permanezca ilegalmente en el país será arrestada y deportada.
La contradicción es políticamente significativa. Si existe una reducción temporal de las detenciones, podría responder a la necesidad de contener el rechazo público sin modificar la estrategia de fondo. Si no existe, la Casa Blanca se expone a que nuevos incidentes dominen la campaña electoral. En ambos escenarios, la inmigración deja de funcionar únicamente como un mensaje de movilización conservadora y pasa a ser también una prueba de control institucional y responsabilidad operativa.
La experiencia reciente refuerza esa lectura. En enero murieron los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, tiroteados por agentes del ICE mientras protestaban en Minnesota contra la persecución de inmigrantes. La destitución de Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional, en marzo, y su sustitución por Mullin no han convencido a la opinión pública. Un 48% de los encuestados considera que el cambio no se ha notado.
El respaldo social se erosiona incluso dentro del Partido Republicano
Los sondeos muestran una pérdida de apoyo que va más allá de los sectores tradicionalmente favorables a la inmigración. Una encuesta de Associated Press señala que el 61% de los estadounidenses desaprueba la gestión del Gobierno en esta materia. Otro estudio, difundido por Politico, indica que la mitad de los votantes cree que la campaña de deportaciones masivas ha ido demasiado lejos; entre los republicanos, la proporción alcanza a uno de cada cuatro.
El dato resulta especialmente delicado porque Trump llegó al poder prometiendo priorizar la expulsión de inmigrantes con antecedentes penales. La ampliación de los operativos a personas sin historial delictivo, ciudadanos confundidos con sospechosos y familias con vínculos laborales y comunitarios contradice esa promesa y transforma una política de seguridad en una política de alcance general. La distancia entre el objetivo anunciado y la práctica cotidiana alimenta la impresión de arbitrariedad.
Para César García Hernández, profesor de Derecho de la Universidad de Ohio, no hay señales de que Trump vaya a cambiar de rumbo. El Congreso ha destinado grandes cantidades de dinero para dotar a los agentes del armamento y los recursos desplegados en las calles, mientras la retórica oficial presenta a los migrantes como una amenaza nacional. Jorge Mario Cabrera, de la Coalición por los Derechos Humanos del Inmigrante de Los Ángeles, coincide en que la Administración mantendrá la presión porque considera que la campaña del miedo le ha dado réditos electorales.
La incógnita decisiva estará en el voto latino
La estrategia puede seguir movilizando a quienes exigen deportaciones rápidas, pero también puede activar a quienes hasta ahora permanecían al margen. Cabrera espera un voto de castigo, especialmente entre los latinos que apoyaron a Trump en las presidenciales de 2024. La cuestión no se limita a cuántos inmigrantes serán deportados, sino a cuántos ciudadanos interpretarán los abusos, los errores de identidad y las muertes como una amenaza para sus propias comunidades.
Por eso, las elecciones de noviembre medirán algo más que el respaldo a una política migratoria. También pondrán a prueba si la promesa de orden puede sostenerse cuando sus métodos producen escenas de violencia, incertidumbre y miedo entre ciudadanos y trabajadores esenciales. La Casa Blanca apuesta a que la dureza conservará su fuerza simbólica. Sus adversarios confían en que los incidentes hayan cambiado el significado de esa dureza: de solución prometida a riesgo político visible.
