La historia de Alba Aguilera, pescadora y armadora de 25 años en la Barceloneta, expone un problema que trasciende su trayectoria personal: la pesca artesanal española afronta una pérdida acelerada de profesionales y de embarcaciones. Que una mujer de su edad sea presentada como la pescadora y armadora más joven del país no constituye únicamente una señal de reconocimiento. También revela la profundidad del vacío generacional que amenaza la continuidad de un oficio ligado al abastecimiento alimentario, a la identidad de numerosos puertos y al conocimiento acumulado sobre el litoral.
Aguilera pertenece a la cuarta generación de una familia de pescadores y aprendió la actividad acompañando a su padre desde la infancia. Su caso demuestra que la transmisión familiar todavía puede funcionar, pero también deja ver sus límites: incluso dentro de una familia vinculada al mar, su padre trató de disuadirla por la dureza y la incertidumbre del trabajo. Cuando quienes conocen mejor el oficio aconsejan a sus hijos que busquen otra salida, la pérdida de relevo deja de ser un fenómeno demográfico abstracto y se convierte en una decisión racional tomada por cada hogar.
Un oficio visible, pero cada vez menos viable
La pesca exige jornadas que comienzan antes del amanecer, exposición a condiciones meteorológicas cambiantes, esfuerzo físico y una disponibilidad difícil de conciliar con otros empleos o con la vida familiar. A esas exigencias se suman los costes del combustible, el mantenimiento de los motores, las reparaciones, los seguros, las tasas portuarias y la volatilidad del precio obtenido en primera venta. Para una persona joven que debe adquirir una embarcación, acceder a una licencia y asumir una inversión elevada antes de tener ingresos estables, la barrera de entrada resulta especialmente alta.
El retroceso de la flota de trasmallo en el puerto de Barcelona ilustra la magnitud del proceso. Según el testimonio de Aguilera recogido por El Periódico, hace aproximadamente quince años había 68 embarcaciones dedicadas a esta modalidad y hoy solo quedan dos: la de su padre y la suya. Aunque la cifra corresponde a un puerto y a una actividad concreta, su evolución ayuda a comprender el riesgo de concentración. Cuando desaparecen los últimos operadores de una modalidad artesanal, no solo se pierden puestos de trabajo; también se debilitan proveedores, talleres, redes de comercialización y conocimientos que no se recuperan fácilmente.
La reducción de la flota artesanal puede producir efectos contradictorios. Por un lado, una menor presión sobre determinadas zonas podría favorecer la recuperación de algunos recursos si se acompaña de controles adecuados. Por otro, la salida de pescadores pequeños no implica necesariamente una menor demanda de pescado. Si el consumo se mantiene, la oferta puede desplazarse hacia sistemas más intensivos, productos importados o cadenas con menor capacidad de trazabilidad local. El resultado dependerá de la gestión pesquera, de las decisiones de compra y de la posibilidad de que las administraciones sostengan una actividad de pequeña escala sin convertirla en una excepción testimonial.
La sostenibilidad no se resuelve con una etiqueta
Aguilera define el trasmallo como una modalidad artesanal en la que gran parte del trabajo se realiza a mano y las capturas dependen de la temporada. Ese modelo puede ofrecer ventajas ambientales: menor escala de extracción, posibilidad de seleccionar zonas y especies, y una relación más directa entre el pescador y el estado del recurso. Sin embargo, presentar cualquier forma artesanal como automáticamente sostenible sería una simplificación. El impacto depende del tipo de red, del tiempo de calado, de las especies capturadas, de las tallas, de las zonas y del cumplimiento de las normas.
También sería insuficiente convertir el debate en una oposición absoluta entre pesca artesanal y arrastre. La propia pescadora reconoce que el arrastre tiene un impacto ambiental mayor, pero sostiene que cumple una función relevante para abastecer la demanda. Sus estimaciones sobre los volúmenes capturados por unas pocas barcas de trasmallo frente a una embarcación de arrastre muestran una tensión real: los sistemas de menor escala pueden generar menos presión por unidad de operación, pero difícilmente cubren por sí solos el consumo de una población amplia.
Ese dilema exige políticas que midan el impacto completo y no únicamente los kilos desembarcados. La evaluación debería incluir el consumo energético, las capturas accesorias, el estado de los fondos marinos, la distancia recorrida, la trazabilidad y el valor social generado en el territorio. Una respuesta basada solo en aumentar la producción podría agravar el deterioro ambiental; una prohibición general sin alternativas podría acelerar el cierre de empresas y elevar la dependencia de pescado procedente de otras regiones. La incertidumbre científica sobre la evolución de las poblaciones y los efectos del cambio climático añade complejidad a cualquier decisión.
Más mujeres, más visibilidad, no necesariamente más protección
La presencia de Aguilera en un sector históricamente masculino puede ampliar la imagen pública de quién puede ejercer la pesca. Su actividad en redes sociales acerca a consumidores que normalmente solo ven el producto en una pescadería o en un restaurante. Mostrar el trabajo cotidiano, explicar las temporadas y divulgar el cuidado del mar puede mejorar la valoración de la pesca local y crear una relación más transparente entre productor y consumidor.
Las colaboraciones comerciales que recibe por sus vídeos también apuntan a una nueva vía de ingresos. Que gane más dinero con la publicidad que con la pesca revela el potencial de la comunicación digital para complementar rentas y promocionar productos de proximidad. Pero esa alternativa incorpora un riesgo evidente: la supervivencia económica del oficio no debería depender de que una persona consiga visibilidad en plataformas privadas. La mayoría de los pescadores no dispone del tiempo, las habilidades comunicativas o el alcance necesarios para construir una audiencia rentable. Si el modelo de ingresos se desplaza hacia la figura del creador de contenido, puede ocultar la fragilidad de la actividad principal en lugar de resolverla.
La incorporación de mujeres plantea además desafíos concretos relacionados con la formación, la seguridad y la conciliación. La normalización de su presencia puede favorecer nuevas vocaciones, pero no elimina las miradas de desconfianza ni garantiza que los barcos, puertos y estructuras de representación estén preparados para una fuerza laboral más diversa. Las políticas de relevo deberían contemplar estas condiciones y no limitarse a campañas simbólicas. Sin acceso a financiación, capacitación técnica, derechos laborales y servicios de cuidado, la visibilidad no se traduce automáticamente en igualdad de oportunidades.
El relevo exige condiciones, no solo vocación
La situación descrita por Aguilera, con una mayoría de pescadores mayores de 50 años y pocos profesionales de alrededor de 30, plantea un problema de continuidad empresarial. Cuando una generación se retira sin transmitir la embarcación, la licencia y el conocimiento a otra persona, el activo productivo puede desaparecer. La compra de un barco usado, la modernización exigida por la normativa y los gastos de adaptación pueden ser inasumibles para un joven que no cuenta con respaldo familiar.
Las ayudas públicas podrían reducir esa barrera mediante créditos blandos, garantías, formación práctica y programas de incorporación progresiva. También sería necesario facilitar el acceso de nuevos trabajadores a las organizaciones de productores y a los canales de comercialización, porque capturar pescado no garantiza obtener un precio suficiente. La venta directa, la identificación de origen y los acuerdos estables con restaurantes pueden mejorar el margen, aunque requieren controles sanitarios, logística y capacidad de negociación que un pequeño armador no siempre posee.
La participación de trabajadores inmigrantes, especialmente procedentes de Marruecos y Senegal según el relato de la pescadora, introduce otra dimensión. Su presencia contribuye a sostener una actividad que carece de mano de obra local, pero puede generar vulnerabilidades si existen empleos informales, dificultades para homologar formación, dependencia del empleador o falta de protección social. Un plan de futuro que hable de relevo generacional sin considerar a quienes ya trabajan en los barcos ofrecería una visión incompleta. La profesionalización, la seguridad y la posibilidad de progresar hacia puestos de responsabilidad deberían aplicarse también a esa fuerza laboral.
Entre la resiliencia individual y un riesgo colectivo
Aguilera afirma que no se ve trabajando en otro sector y defiende que la pesca todavía tiene futuro. Su decisión aporta una señal positiva: la tradición puede convivir con nuevas formas de comunicación, con una mayor presencia femenina y con una conciencia ambiental más desarrollada. También puede ayudar a que los consumidores entiendan que el pescado no es un recurso ilimitado y que detrás de cada captura hay una jornada, una inversión y un riesgo.
Pero la determinación personal no puede compensar por sí sola una estructura económica debilitada. El entusiasmo de una joven no garantiza que haya suficientes embarcaciones, recursos pesqueros, compradores ni condiciones laborales para sostener a la siguiente generación. Tampoco permite saber si los ingresos digitales se mantendrán, si el clima alterará las temporadas o si las regulaciones futuras harán viable la pequeña escala. La historia de Aguilera es, al mismo tiempo, una oportunidad para renovar la relación entre pesca y sociedad y una advertencia sobre la rapidez con la que puede desaparecer un oficio cuando deja de ofrecer una perspectiva razonable.
El desafío consiste en evitar dos respuestas igualmente insuficientes: idealizar la pesca artesanal como una actividad inmutable o asumir que su desaparición es el precio inevitable de la modernización. La continuidad dependerá de combinar protección ambiental, rentabilidad, seguridad laboral, formación y reconocimiento social. Si esas condiciones no se construyen, el relevo quedará reducido a casos excepcionales. Si se articulan con criterios medibles y una vigilancia efectiva, la experiencia de quienes aún permanecen en el mar puede convertirse en una base para transformar el sector sin perder su conocimiento ni su vínculo con las comunidades costeras.
