La exigencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de investigar y procesar a los participantes del documental «NAZA» introduce una nueva dimensión en la guerra de Gaza: la disputa ya no se limita a las operaciones militares o a la batalla diplomática, sino que alcanza también a quienes revelan información sobre los criterios empleados para seleccionar objetivos y evaluar las posibles víctimas civiles. La denuncia oficial presenta el filme como una amenaza para la seguridad nacional, la imagen internacional de Israel y sus intereses diplomáticos. Sus autores, en cambio, sostienen que han documentado prácticas militares de enorme gravedad mediante testimonios de militares y oficiales de inteligencia.
La reacción del Gobierno israelí puede tener consecuencias inmediatas sobre la libertad de prensa, la protección de fuentes y el acceso público a información relacionada con la conducción de la guerra. También puede influir en futuras investigaciones judiciales, en la cooperación de los servicios de seguridad con los medios y en la credibilidad de las explicaciones oficiales sobre la muerte de civiles en Gaza. La principal dificultad consiste en separar tres cuestiones que suelen mezclarse en este tipo de conflictos: la protección legítima de secretos operativos, la denuncia de posibles delitos y el uso político de la información en medio de una guerra.
Una disputa que traslada el foco del campo de batalla a las instituciones
«NAZA» toma su nombre del acrónimo utilizado por la inteligencia israelí para estimar cuántos civiles podrían morir durante un ataque. Según las informaciones difundidas sobre el documental, varios testimonios describen una evolución de las reglas aplicadas después del 7 de octubre de 2023, cuando la muerte de decenas o incluso cientos de civiles habría sido considerada en determinados ataques contra altos cargos de Hamás como un posible daño colateral. El filme también aborda el bombardeo de viviendas en las que se encontrarían familias enteras y el empleo de sistemas de inteligencia artificial para elaborar listas de posibles objetivos.
Si estas afirmaciones fueran confirmadas por investigaciones independientes, el impacto no sería únicamente reputacional. Podrían abrir interrogantes sobre la proporcionalidad de los ataques, la distinción entre combatientes y civiles, la cadena de mando y la responsabilidad individual de quienes autorizaron operaciones concretas. La gravedad dependería de los documentos disponibles, de la autenticidad de los testimonios y de la forma en que se aplicaron las normas militares en cada caso. Un relato general, por sí solo, no bastaría para establecer responsabilidades penales; pero una pauta repetida, respaldada por órdenes, registros operativos y pruebas verificables, podría modificar sustancialmente la evaluación jurídica y política de la campaña militar.
La decisión de Netanyahu de solicitar la intervención del jefe del Estado Mayor, del director del Shin Bet y de la fiscal general coloca a las principales instituciones de seguridad y justicia ante una prueba delicada. Una investigación que se perciba como independiente podría aclarar si hubo filtraciones de información clasificada y, al mismo tiempo, determinar si existen indicios de abusos. Una pesquisa orientada exclusivamente a identificar y castigar a los informantes, sin examinar el contenido de sus denuncias, podría ser interpretada como un intento de disuasión y aumentar la sospecha internacional.
Transparencia, secretos militares y protección de fuentes
El argumento de la seguridad nacional no carece de fundamento. La divulgación de datos sobre unidades de inteligencia, métodos de identificación o criterios operativos puede permitir a grupos armados modificar sus comunicaciones, ocultar a sus dirigentes o anticipar la respuesta militar. También existe el riesgo de que una fuente anónima sea identificada por la combinación de detalles publicados, lo que podría exponerla a represalias. En una guerra activa, la publicación de información aparentemente histórica puede seguir teniendo valor operativo.
Sin embargo, la clasificación de una información no determina por sí misma que su divulgación carezca de interés público. En los sistemas democráticos, el secreto militar debe proteger operaciones y vidas, pero no convertirse automáticamente en una barrera frente a la rendición de cuentas. Cuando se denuncian posibles ataques indiscriminados o decisiones que habrían puesto deliberadamente en peligro a civiles, el interés público aumenta y exige mecanismos de verificación capaces de preservar tanto la seguridad como el derecho a conocer lo ocurrido.
El caso también puede afectar a la relación entre periodistas y fuentes dentro de las Fuerzas de Defensa de Israel y los servicios de inteligencia. Si los soldados u oficiales consideran que revelar irregularidades puede conducir a procesos por delitos contra la seguridad, es probable que disminuya la disposición a colaborar con investigaciones. Esa consecuencia puede beneficiar a la disciplina interna en el corto plazo, pero también reducir la capacidad de detectar errores, abusos o decisiones ilegales. Una institución que solo recibe información filtrada por canales jerárquicos corre el riesgo de ocultar problemas hasta que estos se conviertan en crisis públicas o jurídicas.
Para los medios de comunicación, la controversia obliga a reforzar los procedimientos de comprobación. The Guardian ha afirmado que la investigación fue desarrollada durante tres años, con más de cien fuentes vinculadas a los sistemas militares utilizados en la guerra, incluidos altos mandos, y que los testimonios se contrastaron con documentos clasificados y operaciones concretas. Esa explicación aporta elementos de respaldo, pero no elimina la necesidad de examinar cada afirmación. En asuntos de esta magnitud, la credibilidad dependerá de la trazabilidad de las pruebas, de la posibilidad de responder a las objeciones oficiales y de la distinción clara entre hechos comprobados, testimonios e interpretaciones.
El riesgo de una batalla política sobre la verdad factual
La acusación de Netanyahu de que el documental construye una narrativa «falsa, engañosa y sesgada» sitúa el conflicto dentro de una lógica de confrontación política. La denuncia de una supuesta difamación penal y de perjuicios diplomáticos puede movilizar a la opinión pública israelí, especialmente en un contexto de fuerte presión internacional. Para el Gobierno, cuestionar la investigación puede servir para defender la legitimidad de las Fuerzas de Defensa de Israel y evitar que testimonios anónimos sean presentados como prueba concluyente de una política estatal.
El problema aparece cuando la descalificación general sustituye a la respuesta concreta. Negar el contenido completo del documental no resuelve si determinados ataques se ajustaron a las normas aplicables, ni explica cómo se evaluaron las víctimas civiles previstas. La ausencia de investigaciones públicas y detalladas puede alimentar dos lecturas opuestas: para parte de la sociedad israelí, confirmaría que el Ejército está siendo sometido a una campaña de deslegitimación; para sectores críticos y observadores internacionales, reforzaría la idea de que las autoridades evitan examinar decisiones sensibles.
La polarización también puede afectar a las comunidades directamente implicadas. Las familias palestinas que perdieron a sus allegados pueden ver en «NAZA» una oportunidad para documentar patrones que, según sostienen, han quedado sin respuesta. Al mismo tiempo, familiares de soldados israelíes y sectores de la población preocupados por la seguridad pueden interpretar el documental como una exposición irresponsable de información militar. Si el debate se reduce a una disputa entre patriotismo y traición, se dificultará la discusión sobre hechos concretos y aumentará la hostilidad contra periodistas, denunciantes y organizaciones de derechos humanos.
Consecuencias jurídicas y diplomáticas todavía inciertas
La investigación solicitada podría avanzar por varias vías y no todas tendrían el mismo alcance. Las autoridades podrían concentrarse en la presunta filtración de secretos, revisar la legalidad de la obtención de los materiales o examinar si hubo perjuicio para operaciones en curso. También podrían abrir pesquisas sobre ataques mencionados en el documental. El modo en que se definan las prioridades será una señal relevante para la comunidad internacional: una investigación limitada a los informantes transmitiría una preocupación distinta de una revisión que incluya las decisiones militares descritas.
En el plano diplomático, el caso puede complicar la posición de Israel ante gobiernos aliados, organismos internacionales y tribunales que ya analizan la conducta de las partes durante la guerra. Las acusaciones no prueban por sí mismas la comisión de crímenes, pero pueden aumentar la presión para permitir investigaciones externas y publicar información sobre la cadena de mando. También podrían influir en debates sobre cooperación militar, exportación de armas y garantías ofrecidas por Israel acerca del cumplimiento del derecho internacional humanitario.
Para los aliados de Israel, la situación plantea un dilema. Respaldar sin matices la persecución de los participantes del documental puede ser interpretado como una defensa de la impunidad; exigir una investigación completa puede tensar la cooperación en materia de inteligencia y seguridad. La respuesta más sostenible consistiría en pedir pruebas, proteger los secretos cuya divulgación pueda causar daños reales y reclamar que las denuncias sobre víctimas civiles sean examinadas por órganos con suficiente autonomía. Esa posición no equivale a aceptar el contenido del filme, sino a reconocer que la confianza institucional depende de procedimientos verificables.
La tecnología de selección de objetivos bajo escrutinio
Uno de los elementos más sensibles es el supuesto empleo de modelos de inteligencia artificial para estimar si una persona puede ser combatiente a partir de patrones de llamadas telefónicas, con un margen de error señalado en el documental. El uso de sistemas automatizados no elimina la responsabilidad humana. Si una herramienta produce falsos positivos y sus resultados se incorporan a una lista de objetivos, los mandos deben conocer sus limitaciones, establecer controles adicionales y evitar que una predicción estadística sustituya a la verificación individual.
La controversia puede acelerar el debate internacional sobre la utilización de inteligencia artificial en conflictos armados. Las fuerzas militares buscarán tecnologías que procesen grandes volúmenes de información y reduzcan el tiempo de respuesta, pero la velocidad puede entrar en conflicto con la obligación de distinguir entre civiles y combatientes. También será necesario determinar quién responde cuando un sistema imperfecto contribuye a la muerte de personas no implicadas: el programador, el operador, el oficial que aprueba el ataque o la autoridad que autorizó el método. Sin reglas claras, la tecnología puede convertirse en una forma de distribuir la responsabilidad hasta hacerla difícil de atribuir.
Qué puede reducir la incertidumbre
La salida menos dañina para todas las partes requeriría una investigación con mandato claro, protección para testigos, revisión de documentos y capacidad para reconstruir operaciones específicas. El acceso de investigadores independientes a los datos esenciales, con las salvaguardas necesarias para no comprometer fuentes o métodos, permitiría distinguir entre errores, violaciones deliberadas y afirmaciones no corroboradas. También sería importante que las conclusiones explicaran qué pruebas fueron aceptadas, cuáles fueron descartadas y por qué.
Los medios responsables de «NAZA» afrontan una obligación equivalente: preservar la documentación original, separar el relato testimonial de la conclusión editorial y corregir públicamente cualquier dato que no pueda sostenerse. Las autoridades israelíes, por su parte, deberían evitar que la defensa de la seguridad nacional se convierta en una acusación automática contra todo denunciante. La seguridad puede exigir confidencialidad, pero la rendición de cuentas exige que exista una vía efectiva para investigar posibles abusos.
El episodio tendrá efectos que probablemente excedan la suerte judicial del documental. Puede determinar si futuras guerras se cubren con mayor acceso a fuentes internas o con un silencio más estricto, si las tecnologías de identificación militar se someten a controles más exigentes y si las instituciones israelíes recuperan o pierden credibilidad ante su propia sociedad y el exterior. La cuestión decisiva no será únicamente quién difundió la información, sino si las autoridades son capaces de demostrar, con pruebas examinables, cómo se tomaron las decisiones que afectaron a miles de civiles y qué mecanismos existen para corregirlas cuando se apartan de la ley.
