La nueva Ley de la Vivienda de Cuba, publicada este miércoles en la Gaceta Oficial, entrará en vigor siete días después de su publicación, frente a los 90 días previstos en el proyecto difundido en junio. El texto definitivo mantiene la eliminación de la confiscación estatal de las casas de los emigrados y abre espacio a nuevos actores económicos, aunque conserva amplias facultades administrativas y estatales sobre el sector.
Más margen para propietarios, con límites definidos
La norma permite a los cubanos poseer hasta dos viviendas, además de una destinada al descanso o al veraneo. Si se acredita que alguien excedió ese límite, la Dirección Municipal de la Vivienda puede disponer la pérdida de la última propiedad adquirida. El cambio respecto al régimen anterior supone una mayor protección de la propiedad de quienes emigraron, pero no elimina la regulación sobre cuántos inmuebles pueden conservarse.
La ley reconoce la participación de mipymes, inmobiliarias, cooperativas de viviendas y microbrigadas, junto con la construcción por esfuerzo propio. También detalla reglas para construir, financiar, distribuir, usar, conservar, adquirir y transmitir viviendas. La incorporación de actores privados amplía las vías de gestión, pero no desplaza al Estado de la política habitacional ni de la protección de grupos con necesidades específicas.
El abandono requiere una decisión judicial
La Administración municipal mantiene la posibilidad de solicitar a un tribunal la pérdida del derecho sobre una vivienda abandonada y declarada en ruina. El titular debe tomar medidas para recuperar su valor de uso; si no lo hace, la Dirección de la Vivienda puede pedir judicialmente que el inmueble quede disponible para una asignación posterior. La intervención del tribunal distingue este procedimiento de una confiscación automática y establece una instancia formal antes de que el propietario pierda sus derechos.
Para determinadas viviendas subvencionadas, el plazo de 15 años sujeto a obligaciones de reintegro y al derecho preferente de adquisición estatal comienza con la primera asignación de la vivienda por el Estado. Las transmisiones posteriores no reinician el cómputo. Una vez cumplido el plazo, el titular queda liberado de esas obligaciones. La precisión resuelve una ambigüedad del proyecto: evita que un cambio de titular vuelva a poner en marcha los quince años.
Compraventas y situaciones pendientes
El precio de compraventa se acuerda entre las partes y la transmisión se formaliza ante notario, salvo las excepciones previstas para viviendas asignadas por el Estado. A efectos fiscales, la base imponible será el precio de transmisión cuando iguale o supere el valor catastral. Estas reglas dan mayor claridad a las operaciones, aunque el alcance práctico dependerá de cómo se apliquen las disposiciones y de la capacidad de los compradores y vendedores para acceder a financiación.
La ley concede cinco años a ocupantes legítimos, usufructuarios onerosos y ciertos arrendatarios o sus herederos para solicitar la transferencia de la propiedad. Quienes no tramiten el cambio dentro de ese plazo pasarán a ser arrendatarios de una vivienda estatal. La disposición puede regularizar situaciones antiguas, pero también convierte el plazo en una decisión relevante para las familias afectadas: dejar pasar la oportunidad cambia su posición jurídica respecto al inmueble.
Un marco más amplio bajo dirección estatal
La entrada en vigor acelerada y la publicación simultánea de los decretos 176/2026, sobre el reglamento general; 177/2026, sobre propiedad horizontal, y 178/2026, sobre cooperativas, muestran que el Gobierno busca poner en marcha con rapidez el nuevo esquema. La norma amplía las modalidades de participación y aclara derechos de propiedad, pero mantiene al Estado como regulador, asignador de viviendas públicas y actor central en decisiones sobre subsidios y acceso. Por eso, el cambio legal abre opciones sin equivaler a una retirada estatal del mercado habitacional.
