El asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, abogado, exfiscal anticorrupción y antiguo jefe de la administración tributaria de Guatemala, conmocionó este sábado 17 de octubre a un país donde la lucha contra la corrupción ha convertido a fiscales, jueces, periodistas y defensores en protagonistas de una disputa institucional cada vez más peligrosa. Solórzano, de 43 años, fue atacado mientras jugaba fútbol en el complejo Campo Marte, en Ciudad de Guatemala, una rutina que cumplía cada sábado. El crimen no solo elimina a una figura de alto perfil: también coloca bajo presión a las instituciones encargadas de esclarecerlo.
Cincuenta casquillos en un campo de fútbol
Según la información de las autoridades, dos hombres siguieron a Solórzano hasta el campo y abrieron fuego durante el partido. En la escena fueron recogidos 50 casquillos percutidos, un dato que apunta a un ataque de gran intensidad ejecutado en un espacio abierto y concurrido. Además del abogado, murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 45 años.
La Policía Nacional Civil informó de la detención de dos hermanos originarios de Senahú, en el departamento de Alta Verapaz: Rigoberto Choc Toz, de 30 años y exsoldado del Ejército, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18. Ambos se desplazaban en una motocicleta utilizada para entregas a domicilio y, de acuerdo con la versión policial, llevaban una carabina dentro de la mochila de reparto. No tenían antecedentes penales. El mayor negó ante los tribunales que portaran un arma y afirmó que habían llegado a la capital dos días antes en busca de trabajo.
La captura de los presuntos ejecutores ofrece un primer punto de partida, pero no responde a la pregunta central: quién ordenó el asesinato y cuál fue el motivo. El presidente Bernardo Arévalo exigió que tanto los autores materiales como los intelectuales enfrenten todo el peso de la ley. La investigación deberá establecer si se trató de un ataque vinculado con el trabajo profesional de Solórzano, de una operación relacionada con sus denuncias recientes o de un conflicto distinto. La magnitud del ataque y el perfil de la víctima hacen insuficiente una investigación limitada a las detenciones iniciales.
Una trayectoria ligada a los casos que sacudieron al poder
Solórzano construyó su reputación durante más de dos décadas dentro y alrededor del Ministerio Público. Entre 2013 y 2016 formó parte de la Dirección de Análisis Criminal, donde dirigió labores de inteligencia y peritajes en investigaciones de alto impacto. Su trabajo estuvo relacionado con el caso conocido como “La Línea”, una investigación sobre irregularidades aduaneras que contribuyó a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina en 2015.
Ese episodio convirtió la lucha contra la corrupción en una fuerza capaz de producir consecuencias políticas concretas. Para Solórzano, sin embargo, la actividad anticorrupción no terminó con la caída de un gobierno. Desde 2016 dirigió la Superintendencia de Administración Tributaria, el organismo recaudador del país, y encabezó acciones contra la evasión y la defraudación fiscal. Durante su gestión se impulsó el proceso contra Aceros de Guatemala, que terminó con una multa superior a cien millones de dólares, mientras la administración tributaria registraba niveles históricos de recaudación.
La importancia de ese recorrido reside en que Solórzano conocía varios puntos sensibles del Estado: la investigación criminal, el funcionamiento de la fiscalía, la recaudación y los mecanismos mediante los cuales grandes empresas y actores políticos podían quedar vinculados. Su asesinato afecta, por tanto, a una persona concreta y también proyecta una señal de intimidación sobre quienes ocupan posiciones similares.
Del expediente de Zamora a las denuncias más recientes
Tras dejar los cargos públicos, Solórzano mantuvo una actividad jurídica y política que volvió a colocarlo en el centro de controversias nacionales. En 2023 se incorporó brevemente al equipo de defensa del periodista José Rubén Zamora, convertido en un símbolo internacional de la persecución contra la prensa y del deterioro de la independencia judicial en Centroamérica.
Por esa vinculación fue detenido y acusado de obstrucción y de ocultamiento o destrucción de evidencias. Solórzano negó inicialmente los cargos, pero después aceptó un acuerdo de culpabilidad al sostener que no esperaba un juicio justo. El episodio mostró el costo que podían asumir los abogados que intervenían en procesos considerados políticamente sensibles, incluso cuando su trabajo se desarrollaba dentro de los cauces formales de la defensa.
En 2025 denunció supuestos vínculos entre la pandilla Barrio 18, el partido Unidad Nacional de la Esperanza y sectores del sistema judicial. En julio de este año señaló además presuntas conexiones entre empresas farmacéuticas, familiares de la exfiscal general Consuelo Porras y funcionarios públicos en operaciones de blanqueo de capitales. Dos días antes de morir difundió un video sobre una operación en Huité, Zacapa, que, según su versión, habría causado la muerte de ocho habitantes sin vínculos criminales y habría involucrado a más de un centenar de elementos del Ejército.
El desafío para Arévalo y las instituciones
La reacción de Bernardo Arévalo fue inmediata y contundente. El mandatario calificó el crimen de “cobarde asesinato” y pidió cooperación de todas las instituciones públicas. La exigencia adquiere una dimensión política particular porque su gobierno llegó al poder con la promesa de recuperar la lucha contra la corrupción y enfrentar estructuras que durante años fueron acusadas de capturar órganos de justicia.
El esclarecimiento será una prueba de esa promesa. No bastará con presentar a dos sospechosos ni con identificar el arma supuestamente incautada. Será necesario reconstruir la vigilancia previa, establecer comunicaciones, determinar los recursos utilizados y seguir la cadena que pudiera conducir a los autores intelectuales. También deberá garantizarse que fiscales, jueces y testigos puedan trabajar sin presiones.
Juan Francisco Sandoval, antiguo compañero de Solórzano y actualmente exiliado, recordó que ambos comenzaron como pasantes hace casi 24 años. Esa memoria resume el alcance de la pérdida: la víctima pertenecía a una generación de funcionarios que intentó convertir investigaciones contra redes de poder en resultados judiciales. La muerte de Solórzano deja abierta una pregunta que excede el caso individual: si quienes investigan la corrupción pueden ser asesinados por su trabajo, la capacidad del Estado guatemalteco para combatirla queda sometida a una prueba decisiva.
