La desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños desplegados en Haití ha convertido una operación internacional contra las pandillas en una crisis militar y política de primer orden. El presidente Nayib Bukele anunció el envío de más efectivos para reforzar la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) y localizar a sus compatriotas, después de que un vehículo en el que viajaban fuera emboscado el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe.
La incertidumbre aumentó el 24 de octubre, cuando el diario The New York Times informó que habían sido recuperados cuerpos gravemente quemados que podrían corresponder a los desaparecidos. La misión internacional recibió los restos, pero Bukele negó que pertenecieran a los cuatro salvadoreños. Según explicó, entre ellos había un niño, un hombre de mayor estatura que los aerotécnicos y una persona que llevaba parte de un uniforme extranjero. También difundió documentos de identificación de un ciudadano de Chad hallados entre los restos.
Una búsqueda condicionada por la falta de certezas
La diferencia entre ambas versiones no es un detalle menor. La identificación de restos calcinados exige análisis forenses, especialmente cuando existen dudas sobre la nacionalidad, la talla y la vestimenta de las víctimas. Mientras no concluyan esos estudios, el destino de los cuatro militares permanece abierto: podrían estar retenidos, haber muerto durante la emboscada o haber sido trasladados a otra zona bajo control de grupos armados.
La respuesta de Bukele combina presión militar, lenguaje religioso y amenazas directas contra los responsables. El mandatario pidió a las pandillas que liberen con vida a los salvadoreños y advirtió de represalias si no lo hacen. En una publicación en X describió a los grupos haitianos como “satánicos” y presentó la operación como una lucha entre el bien y el mal, asegurando que Dios concedería la victoria a sus tropas.
Ese encuadre puede movilizar apoyo interno en El Salvador, donde el Gobierno ha construido buena parte de su legitimidad alrededor de la ofensiva contra las pandillas. Sin embargo, trasladar ese modelo discursivo a Haití implica riesgos: puede endurecer las posiciones de los grupos armados, reducir el margen para una negociación y convertir el rescate en una operación de castigo, aun cuando la prioridad inmediata sea preservar la vida de los desaparecidos.
El problema no es solo militar
La GSF reúne a más de 1.000 soldados de El Salvador, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka y Chad, bajo un mandato autorizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Su objetivo es apoyar a las fuerzas haitianas frente a bandas que controlan amplias áreas del país, especialmente en torno a Puerto Príncipe. La desaparición de los aerotécnicos, sin embargo, expone las limitaciones de una fuerza multinacional que opera en un territorio fragmentado, con escasa información local y cadenas de mando complejas.
El coronel retirado Himmler Rebu, antiguo comandante de una unidad de fuerzas especiales del Ejército haitiano, considera poco viable que las tropas extranjeras obtengan resultados mediante una estrategia centrada en la guerra. En declaraciones recogidas por EFE, sostuvo que los contingentes desconocen el terreno y que la comunidad internacional no comprende las raíces del conflicto.
Rebu atribuye la violencia a una estructura de poder más amplia: jóvenes armados que, según su interpretación, reciben municiones y respaldo de sectores económicos y políticos interesados en impedir la estabilización del país. Esa perspectiva apunta a una dificultad central. Las pandillas no funcionan únicamente como unidades combatientes aisladas; en muchos barrios también controlan rutas, servicios, mercados y relaciones de protección. Una ofensiva militar puede recuperar un punto estratégico sin desmantelar las redes que permiten a los grupos reconstituirse.
La frontera dominicana entra en tensión
La crisis ya tiene consecuencias más allá del área donde ocurrió la emboscada. República Dominicana reforzó su frontera con Haití y desplazó convoyes militares hacia Jimaní, en el sur del país. Informaciones de medios dominicanos señalaron la presencia de vehículos blindados, camionetas y alrededor de 40 soldados en una fortaleza militar de la zona.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que el Gobierno de Luis Abinader ha desplegado 10.000 efectivos para vigilar los casi 300 kilómetros de línea fronteriza. Al mismo tiempo, aclaró que hasta el momento no se había registrado un incidente que comprometiera la seguridad del Estado dominicano. La combinación de despliegue y ausencia de incidentes revela una política preventiva: Santo Domingo busca contener posibles movimientos de población, tráfico de armas o incursiones, pero también evitar que la violencia haitiana desborde directamente su territorio.
Una operación con alto costo político
Para Bukele, encontrar a los cuatro militares es una cuestión de seguridad nacional y de credibilidad presidencial. Un rescate exitoso reforzaría la imagen de El Salvador como actor capaz de exportar su experiencia contra las pandillas. Un desenlace fatal, en cambio, abriría preguntas sobre la preparación de la misión, las reglas de enfrentamiento y la conveniencia de aumentar el contingente en un escenario que las fuerzas locales no han logrado estabilizar.
La ampliación de la operación tampoco garantiza por sí misma mejores resultados. Más soldados pueden ampliar la capacidad de búsqueda, pero también multiplicar los objetivos, elevar el riesgo de bajas y alimentar una escalada con grupos que conocen mejor el terreno. La prioridad operativa debería ser establecer información fiable sobre los desaparecidos, proteger a la población civil y coordinar la investigación forense antes de presentar una conclusión definitiva.
El caso muestra, en última instancia, la distancia entre controlar un territorio y comprenderlo. La experiencia salvadoreña puede aportar disciplina, inteligencia y capacidad operativa, pero Haití exige además acuerdos locales, conocimiento comunitario y una estrategia política que atienda las redes de poder detrás de la violencia. Mientras no se aclaren los restos recuperados ni el paradero de los cuatro aerotécnicos, la misión salvadoreña seguirá atrapada entre la promesa de una victoria rápida y la complejidad de un conflicto que no admite soluciones exclusivamente militares.
