Serbia llega a las elecciones de este domingo con una disputa que excede la habitual competencia entre partidos: por primera vez, el movimiento estudiantil que lleva casi dos años ocupando las calles presenta una candidatura propia para desafiar al sistema político construido alrededor de Aleksandar Vučić. Dejan Šoškić, economista, profesor de la Universidad de Belgrado y antiguo gobernador del Banco Nacional de Serbia, figura entre sus 250 candidatos. Cerca de 140 carecen de experiencia política previa, un dato que resume la apuesta de la lista: convertir la movilización social en una alternativa institucional.
Una protesta que busca legitimidad en las urnas
El primer anclaje de esta elección es, precisamente, el salto de la calle a las papeletas. Šoškić sostiene que el movimiento no pretende una revolución, sino recuperar una democracia funcional, con instituciones sometidas a la Constitución y a las leyes. La diferencia es relevante: la protesta estudiantil intenta transformar la indignación acumulada en una fuente de legitimidad electoral, aun cuando considera que las condiciones de la campaña son profundamente desiguales.
La dimensión de esa movilización explica la confianza de sus promotores. En la protesta del 15 de marzo participaron más de 500.000 personas, según el relato de Šoškić, en la mayor concentración de la historia reciente del país pese a las restricciones al transporte hacia Belgrado. El contraste con los actos organizados por el Gobierno, que habrían reunido entre diez y quince veces menos asistentes, alimenta la tesis de que existe una mayoría social dispuesta al cambio. Sin embargo, la capacidad de llenar las calles no equivale automáticamente a controlar la organización electoral, los medios o la conversión de votos en representación parlamentaria.
El verdadero campo de batalla: el Estado
El segundo anclaje se encuentra en las acusaciones sobre la captura de las instituciones. La lista estudiantil denuncia que el partido gobernante controla buena parte de los medios, incluidos los digitales, y ejerce una influencia determinante sobre la judicatura, la fiscalía y los tribunales. También describe un sistema de presiones laborales: empleados públicos obligados a acudir a mítines y trabajadores privados condicionados por la dependencia de contratos estatales.
Estas denuncias, formuladas por un candidato opositor, deben leerse como parte de una campaña disputada, pero apuntan a un problema político central. Cuando el acceso al empleo, a la contratación pública y a la información depende de la proximidad al poder, la competencia electoral deja de producirse en un terreno neutral. El deterioro no se limita entonces al día de la votación: afecta la posibilidad de que los ciudadanos formen su opinión, de que los funcionarios actúen con independencia y de que una eventual alternancia pueda gobernar sin las estructuras paralelas del partido dominante.
Šoškić vincula esa concentración de poder con la ocupación de un parque del centro de Belgrado y con la presencia allí de personas condenadas que, según afirma, actuarían por encima de la ley. También denuncia agresiones y detenciones durante la campaña, mientras presenta las protestas estudiantiles como pacíficas. El Gobierno, por su parte, ha respondido acusando al movimiento de estar impulsado desde el exterior. Ese argumento desplaza el debate desde las demandas concretas hacia la lealtad nacional, una estrategia habitual cuando el poder intenta deslegitimar una protesta interna atribuyéndola a una amenaza extranjera.
Novi Sad, el símbolo de una cuenta pendiente
El tercer anclaje es la tragedia de Novi Sad. La caída de la marquesina de la estación causó 16 muertes y se convirtió en el detonante de la ola de protestas. Para los estudiantes y sus simpatizantes, el caso concentra las sospechas sobre la opacidad de la contratación pública y la falta de rendición de cuentas: el proyecto, estimado inicialmente en unos 330 millones de euros con financiación europea, habría terminado costando 1.200 millones tras recurrir a una fuente de financiación menos transparente. Casi dos años después, denuncia Šoškić, nadie ha sido procesado ni condenado.
La importancia política del accidente no reside únicamente en la cifra de víctimas. La estación fue inaugurada dos veces ante las cámaras mientras, según la versión expuesta por el candidato, seguía siendo legalmente una obra en curso. Esa contradicción alimenta la percepción de que la propaganda y la puesta en escena sustituyeron a los controles técnicos y administrativos. La exigencia de investigar el origen de los activos y de aplicar las normas existentes sobre patrimonio conecta así una tragedia concreta con una demanda más amplia: que las decisiones públicas puedan ser auditadas y que sus responsables respondan ante la justicia.
Una victoria difícil de medir
El cuarto anclaje es la incertidumbre sobre qué significaría ganar en un sistema que la oposición considera amañado. La lista estudiantil propone desbloquear las instituciones, sustituir a quienes las someten al control partidista y hacer cumplir leyes ya aprobadas, entre ellas la relativa al origen legítimo de los bienes. Su programa se define más por la reconstrucción del Estado que por una ruptura geopolítica inmediata.
En política exterior, el movimiento afirma que Serbia debe respetar el derecho internacional y los tratados firmados. Sobre la Unión Europea, vincula una eventual adhesión al fortalecimiento previo del Estado de derecho y plantea que la decisión final se someta a referéndum. En cuanto a Kosovo, mantiene la posición constitucional serbia y cita la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al tiempo que reivindica la paz y la no violencia. Esa combinación revela que la prioridad de la candidatura es interna: antes que escoger una alineación internacional, pretende recuperar la capacidad de las instituciones para decidir.
El resultado electoral pondrá a prueba dos fuerzas distintas. La movilización estudiantil ha demostrado una capacidad excepcional para expresar el descontento, pero la estructura de poder conserva recursos, medios y mecanismos de presión. Si la lista logra imponerse, deberá convertir una coalición social heterogénea en una mayoría capaz de gobernar. Si no lo consigue, la magnitud de las protestas impedirá interpretar el resultado como una simple ratificación del statu quo. En ambos casos, la elección marcará hasta qué punto Serbia puede resolver su crisis por las urnas o seguirá atrapada en una disputa cada vez más abierta sobre la naturaleza de su república.
