En España, más de trece millones de animales de compañía constan registrados e identificados, según los registros autonómicos, y uno de cada tres hogares convive con al menos uno. Esa presencia cotidiana da alcance práctico a la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, vigente desde septiembre de 2023. La norma no se limita a describir cuidados básicos: establece obligaciones para quienes tienen animales y sitúa su dignidad y desarrollo saludable en el centro de la relación con ellos.
Educar sin convertir el miedo en una herramienta
El artículo 24 obliga a propietarios y responsables a educar y manejar a los animales con métodos que no les causen sufrimiento o maltrato, ni estados de ansiedad o miedo. La exigencia abarca tanto la formación como el control cotidiano: el objetivo no es únicamente obtener una conducta, sino evitar que se imponga mediante prácticas que perjudiquen al animal. En ese sentido, el miedo deja de ser una cuestión privada sobre cómo educar y pasa a formar parte de las obligaciones legales de tenencia.
Un entorno digno también depende del espacio
La ley exige mantener a los animales en condiciones de vida dignas, con garantías para su bienestar, sus derechos y su desarrollo saludable. La obligación se concreta especialmente para aquellos que, por sus características o especie, viven de forma permanente en jaulas, acuarios, terrarios u otros espacios similares: estos deben ser adecuados en tamaño, naturalización y enriquecimiento ambiental. La disposición reconoce que la protección no depende solo de la ausencia de daño directo; también importa que el entorno permita una vida compatible con las necesidades del animal.
La prevención incluye el vehículo y la atención veterinaria
Entre los deberes figura no dejar animales solos en vehículos cerrados cuando puedan quedar expuestos a condiciones térmicas u otras circunstancias capaces de poner su vida en peligro. La regla apunta a un riesgo que puede surgir en situaciones cotidianas y atribuye al responsable la obligación de anticiparlo, en lugar de actuar únicamente cuando el animal ya está en peligro.
El artículo 24 completa ese marco con la obligación de proporcionar los cuidados sanitarios necesarios y los que establezca la normativa específica. También prevé reconocimientos veterinarios con la periodicidad que se determine reglamentariamente, debidamente documentados cuando corresponda en el registro de identificación. Así, la ley enlaza prevención, condiciones de vida, educación y seguimiento de la salud: la responsabilidad del propietario no se agota en alimentar o alojar al animal, sino que se extiende a decisiones capaces de afectar de forma sostenida su bienestar.
