Un juez de Bogotá ordenó al Gobierno colombiano conservar, bajo condiciones técnicas adecuadas, las obras retiradas del Museo Nacional por decisión de la administración del presidente Abelardo de la Espriella. La medida es provisional y busca impedir que las piezas sean destruidas, trasladadas fuera del recinto, dadas de baja, devueltas a terceros o alteradas mientras se resuelve el fondo de la demanda.
Disputa por censura y memoria
La controversia comenzó cuando decenas de obras vinculadas con la diversidad sexual, el feminismo y los procesos de paz fueron removidas de las salas. El Gobierno sostuvo que el museo no debe convertirse en un instrumento de “adoctrinamiento político”. En respuesta, colectivos culturales y sectores opositores denunciaron censura y una posible vulneración de los derechos a la igualdad y a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Además de ordenar la protección física de las piezas, el juez solicitó al Gobierno un informe detallado sobre las obras retiradas. El congresista Gabriel Becerra, uno de los promotores del recurso, afirmó que continuarán reclamando su regreso a las exposiciones. La decisión judicial no obliga todavía a reinstalarlas, pero limita la capacidad del Ejecutivo para modificar su destino y preserva la posibilidad de una restitución.
El caso ha convertido al Museo Nacional en el centro de una disputa política sobre el papel de las instituciones culturales y la forma de representar la historia del país. Desde el sábado, profesores, estudiantes, integrantes de la comunidad LGBT y otros manifestantes se concentran frente al edificio con charlas, cánticos y bailes. Las protestas han derivado en enfrentamientos con la Policía, que ha utilizado agua y gases lacrimógenos. Aunque la asistencia disminuyó este lunes, la movilización continuó, mientras el Gobierno defiende una revisión ideológica de los contenidos del museo.
