El proyecto que el Gobierno de Yamandú Orsi enviará al Parlamento plantea una modificación relevante del acceso al retiro: quienes tengan entre 60 y 65 años y acrediten 30 años de aportes podrían jubilarse antes de la edad general, hoy fijada en 65 años. La iniciativa, surgida del Diálogo Social, no propone simplemente volver al umbral anterior a la reforma de 2023. Introduce una causal opcional y busca diferenciar el efecto económico según el nivel de ingresos, con mejores condiciones para las jubilaciones más bajas y una reducción para quienes perciben salarios altos.
El alcance concreto dependerá del texto legal y de su reglamentación. Por ahora, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, señaló que el 30 % de las jubilaciones más bajas podría acceder a los 60 años en condiciones iguales o mejores que las actuales. Para el resto, la posibilidad de retirarse antes también estaría disponible, aunque con una renuncia parcial al monto que obtendrían esperando hasta los 65. Esa combinación procura ampliar la libertad de elección sin trasladar todo el costo de la medida al sistema.
Más opciones para quienes llegan con menos margen
El principal efecto potencial es distributivo. Para trabajadores con carreras laborales largas, ingresos bajos y aportes continuos, cinco años adicionales de espera pueden representar una carga económica y personal considerable. Una salida anticipada con un piso de prestación protegido podría aliviar esa espera y mejorar la transición entre empleo y retiro. También podría beneficiar a personas cuyos oficios son físicamente exigentes o cuyas oportunidades de continuar trabajando disminuyen con la edad, aunque el requisito de 30 años de aportes deja fuera a muchos con trayectorias intermitentes.
La decisión voluntaria es otro elemento importante: no se obligaría a toda la población a jubilarse a los 60. Quienes puedan y quieran seguir trabajando conservarían la opción de esperar, mientras que quienes prioricen el tiempo de retiro podrían aceptar una prestación menor. En teoría, esta flexibilidad reconoce que la capacidad de prolongar la vida laboral varía según ocupación, salud, ingresos y estabilidad del empleo. En la práctica, esa elección solo será plenamente libre si las personas reciben información clara sobre el costo permanente de adelantar el retiro.
El incentivo individual y la cuenta colectiva
La sostenibilidad es la cuestión central. Jubilarse antes suele significar más años de pago de prestaciones y menos años de contribución, una presión que aumenta cuando la población envejece y hay menos trabajadores activos por cada beneficiario. La rebaja prevista para las prestaciones más altas puede compensar parte de ese costo, pero su suficiencia dependerá de cuántas personas opten por la causal, de la fórmula de cálculo y de la evolución de los salarios, el empleo y la longevidad. Sin estimaciones actuariales públicas y detalladas, no es posible determinar cuánto del gasto adicional quedaría neutralizado.
Además, el promedio puede ocultar resultados distintos entre colectivos. Si trabajadores con salarios relativamente altos se retiran antes aun aceptando una prestación menor, el ahorro por persona podría no compensar por completo el adelanto del pago. Si, en cambio, la mayoría de los beneficiarios pertenece a grupos con montos protegidos, el costo fiscal podría concentrarse precisamente donde el proyecto busca ofrecer más alivio. La evaluación requiere considerar no solo el importe mensual, sino también la duración esperada de las prestaciones y los ingresos por aportes que dejarían de recibirse.
La reforma de 2023 sigue pesando en el debate
El proyecto también tendrá consecuencias políticas e institucionales. La reforma impulsada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou elevó gradualmente la edad de retiro de 60 a 65 años. Después, el PIT-CNT promovió un plebiscito que propuso, entre otros cambios, habilitar la jubilación a los 60, pero la consulta no alcanzó los votos necesarios. La nueva iniciativa no equivale a implementar aquella propuesta: mantiene el requisito de aportes, establece una causal específica y, según lo anunciado, contempla reducciones para parte de quienes la utilicen.
Ese diseño puede abrir una vía de acuerdo entre la protección de quienes tienen menos ingresos y la necesidad de contener el gasto. Sin embargo, también puede generar expectativas divergentes: algunos trabajadores podrían interpretar la medida como un retorno general a la jubilación a los 60, mientras que otros descubrirían que no cumplen los años de aportes o que el monto ofrecido no les permite retirarse. Una comunicación precisa sobre elegibilidad, cálculo y efectos sobre otros derechos será determinante para evitar decisiones basadas en supuestos equivocados.
La prueba estará en las reglas y en sus resultados
El Parlamento deberá precisar aspectos decisivos: cómo se calculará la prestación según la edad de salida, qué significa exactamente garantizar condiciones iguales o mejores para el 30 % de menores jubilaciones, y cómo se coordinará la nueva causal con los regímenes existentes. También será relevante medir el impacto sobre sectores con alta informalidad, interrupciones laborales y diferencias de esperanza de vida. El requisito de tres décadas de aportes puede proteger la relación entre contribuciones y beneficios, pero a la vez excluir a quienes más necesitan una salida y tuvieron menor continuidad laboral por razones ajenas a su voluntad.
El equilibrio no se resolverá solo con la edad elegida. Dependerá de que el acceso sea verificable, la fórmula sea comprensible y el costo se publique con supuestos explícitos, incluidos escenarios de mayor adhesión y de cambios demográficos. Una opción anticipada puede mejorar la seguridad económica de determinados trabajadores y dar flexibilidad a un sistema rígido; sin seguimiento fiscal y distributivo, también puede ampliar compromisos permanentes difíciles de corregir. La discusión parlamentaria deberá mostrar con claridad quién gana protección, quién resigna ingresos y qué parte del costo queda a cargo del conjunto del sistema.
