La elevada proporción de trabajadores por cuenta propia en América Latina y el Caribe vuelve a ocupar el centro del debate sobre productividad, protección social y crecimiento. Cerca de la mitad de los 325 millones de trabajadores de la región no tiene un contrato laboral formal y, por ello, queda fuera de coberturas obligatorias como la seguridad social, las licencias remuneradas, los salarios mínimos y otros beneficios. Sin embargo, un análisis reciente del Banco Mundial advierte que la informalidad no puede entenderse únicamente como una anomalía que deba ser eliminada de manera directa.
El estudio, titulado “Racionalizar la informalidad: protección social, calidad del empleo y crecimiento”, sostiene que buena parte del trabajo independiente responde a decisiones racionales frente a las alternativas disponibles. En muchos casos se trata de pequeños negocios familiares con menos de cinco empleados, aunque también incluye a trabajadores como plomeros, electricistas y otros prestadores de servicios esenciales. El problema central no sería solo el tamaño del sector informal, sino las condiciones que hacen que la formalización resulte poco atractiva para numerosos trabajadores y empresarios.
Un sector amplio, pero no excepcional
Los trabajadores independientes de pequeñas unidades familiares representan aproximadamente el 30 por ciento de la fuerza laboral regional y emplean al 85 por ciento de los trabajadores informales. Bolivia presenta uno de los casos más notorios: alrededor del 60 por ciento de su fuerza laboral trabaja por cuenta propia, una de las tasas más altas del hemisferio. En Colombia, República Dominicana, Ecuador, Panamá y Perú, la proporción también se encuentra por encima de lo que correspondería a países con niveles similares de ingresos.
La comparación internacional introduce, no obstante, un matiz relevante. Las tasas de trabajo por cuenta propia van desde menos del 15 por ciento en las economías avanzadas hasta cerca del 90 por ciento en algunos países africanos. En América Latina, el promedio se sitúa entre el 25 y el 70 por ciento y, en términos generales, disminuye a medida que aumenta el desarrollo económico. Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, Guatemala y México se encuentran en niveles esperados o inferiores para sus respectivos ingresos.
La trayectoria histórica también impide presentar el fenómeno como una particularidad exclusiva de la región. América Latina y el Caribe mantuvieron proporciones de trabajo independiente semejantes a las que registraban Corea y Japón cuando tenían niveles comparables de desarrollo, países que posteriormente lograron crecer. La evidencia sugiere, por tanto, que el autoempleo no determina por sí mismo un bajo desempeño económico. Su impacto depende de la productividad de las empresas, del acceso a financiamiento, de la calidad institucional y de las oportunidades para pasar a actividades de mayor escala.
La autonomía compite con los beneficios formales
El Banco Mundial identifica una tensión que suele quedar fuera de las discusiones sobre informalidad. Una amplia mayoría de los trabajadores asalariados de distintos países afirma que preferiría trabajar por cuenta propia. Según datos del International Social Science Program, esa preferencia alcanza alrededor del 20 por ciento en Bélgica, Finlandia y Noruega, pero supera el 70 por ciento en República Dominicana, México y Filipinas.
Las razones declaradas son similares en economías desarrolladas y en desarrollo: flexibilidad, independencia y posibilidad de ser el propio jefe. La diferencia está en el peso relativo de esas ventajas. En América Latina, para una proporción mucho mayor de la población, la autonomía puede compensar los salarios y beneficios asociados al empleo formal. Administrar una pequeña taquería propia, por ejemplo, puede ofrecer más control sobre el tiempo, reconocimiento e incluso ingresos que un puesto formal de baja calificación y jornadas agotadoras.
El análisis no implica que los trabajadores informales sean prósperos ni que estén satisfechos con su situación. Significa que, entre las opciones limitadas para las que cuentan con habilidades y experiencia, el trabajo independiente puede ofrecer el mejor balance entre costos y beneficios. Los trabajadores valoran las ventajas de la autonomía en torno al 50 por ciento de sus ingresos efectivos, mientras que suelen atribuir un valor menor a los beneficios del sector formal frente al costo que representan para trabajadores y empleadores.
El crecimiento lento expone las fallas estructurales
La discusión adquiere mayor importancia en un contexto de expansión económica débil. El Banco Mundial prevé que el producto interno bruto regional crecerá un 2,1 por ciento en 2026, después de aumentar un 2,4 por ciento en 2025. La informalidad aparece en este escenario como síntoma de distorsiones y fallas de mercado, pero también como causa de baja productividad, debido a la concentración de trabajadores en microempresas con escaso acceso a crédito, tecnología, capacitación y servicios públicos.
La formalización tampoco ofrece los mismos beneficios para todos. Cuando los empleados son familiares, los clientes son vecinos y el negocio opera a pequeña escala, registrar la empresa puede parecer innecesario. Solo quienes poseen capacidades y aspiraciones suficientes para crecer suelen necesitar crédito, protección jurídica o servicios estatales especializados, y por ello tienen mayores incentivos para asumir los costos de la formalidad.
Una agenda más amplia que registrar negocios
El estudio plantea que las políticas públicas deberían actuar sobre las causas de fondo. La primera prioridad es elevar las capacidades de capital humano y reducir la brecha entre las habilidades disponibles y las que demanda el mercado. Mejorar la educación permitiría aumentar la productividad y facilitaría la transición de trabajadores informales hacia empleos formales de mayor calidad.
La segunda consiste en dinamizar el sector formal. Los indicadores Business Ready del Banco Mundial señalan distorsiones que afectan el entorno empresarial, mientras que incluso empresas grandes reportan dificultades para obtener el crédito necesario para expandirse. La región también necesita mejorar su preparación para la adopción tecnológica y la innovación, factores que los economistas Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, galardonados con el Premio Nobel de Economía de 2025, han asociado con el crecimiento sostenido.
La regulación laboral requiere un ajuste igualmente cuidadoso. La evidencia reciente indica que aumentos moderados del salario mínimo pueden elevar los ingresos sin reducir el empleo, pero que, a partir de cierto nivel, pueden desalentar la creación de puestos formales y profundizar la segmentación. Además, muchos asalariados informales dicen que preferirían un empleo formal, pero no lo encuentran; su situación es distinta de la de quienes eligen el autoempleo por autonomía.
Finalmente, el Banco Mundial propone revisar de manera integrada los sistemas de salud, pensiones y protección social. Una expansión fragmentada puede reducir el valor percibido de la formalidad si los trabajadores acceden a prestaciones similares por otras vías. Reducir la informalidad exigiría, en consecuencia, mejorar la eficiencia estatal y garantizar que los beneficios establecidos por ley sean visibles y valorados.
La conclusión del análisis es que la informalidad no desaparecerá mediante controles o registros aislados. Su magnitud refleja decisiones individuales condicionadas por la educación, la productividad empresarial, las reglas laborales y la protección social. Para modificar esas decisiones, América Latina necesita hacer más atractivos los empleos formales y las empresas de mayor escala, sin desconocer que el trabajo por cuenta propia seguirá siendo una alternativa legítima para millones de personas.
