La Fiscalía Federal de San Isidro amplió la acusación contra Alejandro Muszak, fundador y principal responsable de la fintech Wenance, por otros 520 hechos de estafa que habrían afectado a 410 inversores. Según el dictamen presentado por el fiscal Federico Iuspa, el perjuicio económico supera los 3.331 millones de pesos, 8,7 millones de dólares y 143.600 euros. El funcionario solicitó a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado que vuelva a citar a declaración indagatoria a los acusados por estos nuevos cargos.
El requerimiento también alcanza a Paola Vallone, exdirectora de Wenance, y atribuye responsabilidades diferenciadas a Pedro Viggiano y Rodolfo Cleto García. Además de las presuntas estafas, el expediente incorpora una acusación contra Muszak y Vallone por la apropiación indebida de aportes previsionales retenidos a trabajadores de Deuda Cero S.A. La ampliación no implica una condena: las imputaciones deberán ser analizadas durante el proceso judicial y, eventualmente, por un tribunal en un juicio oral.
Una causa que ya había sido elevada a juicio
La nueva presentación se suma a un tramo anterior de la investigación que en julio fue elevado a juicio por Arroyo Salgado. En esa etapa, Muszak, Vallone, Viggiano y García quedaron acusados de integrar una presunta asociación ilícita y de participar en otros 527 hechos de estafa. Para la fiscalía, Muszak habría ejercido el liderazgo de la organización, mientras que los restantes imputados habrían cumplido funciones dentro de la estructura.
La hipótesis fiscal sostiene que el grupo habría operado entre 2016 y 2024, hasta que sus principales responsables fueron detenidos. La ampliación busca incorporar hechos que, de acuerdo con el Ministerio Público, presentan una mecánica semejante a la ya investigada. La decisión de volver a indagar a los acusados responde a la necesidad procesal de que conozcan formalmente los nuevos cargos y puedan ejercer su defensa.
Contratos, fideicomisos y promesas de altos rendimientos
Según el dictamen, la captación de fondos se realizaba mediante contratos de mutuo y fideicomisos financieros ofrecidos por distintas sociedades vinculadas al denominado Grupo Wenance. A los inversores se les habría asegurado que sus aportes serían destinados a operaciones rentables y que generarían intereses elevados. La fiscalía sostiene que esa promesa fue utilizada como parte de un mecanismo más amplio para obtener dinero bajo una apariencia de legalidad.
El esquema habría incluido la simulación de operaciones legítimas, la utilización de varias sociedades, la presentación de una imagen de solvencia financiera y una estrategia de difusión a través de medios digitales y redes sociales. La acusación atribuye a Muszak los 520 hechos incorporados en esta etapa, vinculados con Wenance S.A., los fideicomisos FINTOP y MERCHANT, Créditos al Río S.A. y el fideicomiso FINUP, además de Be Capital Inversora S.A., Wenance Lending de España, Abuntia Services SL y Arrayanes Capital S.A.
Vallone habría intervenido como coautora en 219 hechos relacionados con Wenance y los fideicomisos FINTOP y MERCHANT. Viggiano aparece vinculado con 213 casos asociados a Créditos al Río y Abuntia Services SL, mientras que a García se le atribuye participación conjunta en 75 hechos ejecutados mediante Be Capital Inversora S.A. La distribución de responsabilidades deberá ser precisada con las pruebas que se incorporen al proceso.
El punto de quiebre: la cesación de pagos de 2023
La fiscalía considera que el funcionamiento inicial del grupo, que habría cumplido durante un período con el pago de intereses, contribuyó a sostener la confianza de los inversores y a prolongar la operatoria. El quiebre se habría producido en julio de 2023, cuando las sociedades ingresaron en cesación de pagos y dejaron de cumplir tanto con los rendimientos prometidos como con la devolución del capital.
Para el fiscal, lo ocurrido no constituye solamente un incumplimiento comercial posterior, sino un esquema fraudulento diseñado desde el comienzo. La acusación afirma que los inversores habrían recibido información sobre créditos inexistentes o falsamente cedidos, utilizados para justificar la captación de fondos. Iuspa también señaló como indicios de un presunto desvío de recursos el crecimiento patrimonial de los imputados y los gastos de la estructura empresarial, entre ellos salarios, alquileres, honorarios fiduciarios, publicidad y desarrollo tecnológico.
Ese análisis deberá determinar si esos gastos fueron compatibles con la actividad declarada y si existieron fuentes lícitas de financiamiento suficientes. La diferencia entre una crisis empresarial y una estafa organizada constituye uno de los ejes centrales del expediente, porque exige establecer si la imposibilidad de pago fue sobreviniente o si los fondos fueron obtenidos mediante información engañosa desde el origen.
La denuncia por aportes previsionales
El segundo aspecto de la ampliación se refiere a Deuda Cero S.A. La investigación comenzó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por la retención de aportes previsionales correspondientes a empleados de la compañía. El monto presuntamente no ingresado asciende a 23.574.067,81 pesos y comprende los períodos fiscales de abril, mayo, junio, julio y diciembre de 2023.
Aunque en los registros figuraban otras personas como titulares de la empresa, la fiscalía sostiene que Muszak actuaba desde marzo de 2018 como presidente, administrador de la clave fiscal ante el organismo recaudador y firmante de cuentas corrientes. Vallone habría sido directora suplente y firmante autorizada en cuentas bancarias.
La acusación entiende que la falta de pago no se debió a una imposibilidad material, sino a una decisión de desviar fondos retenidos a los trabajadores para sostener la actividad comercial de la firma o atender otros compromisos. La nueva instancia judicial deberá establecer el alcance de esas funciones, el destino concreto del dinero y la eventual responsabilidad penal de cada imputado.
La construcción de una imagen empresarial
El dictamen también reconstruye el desarrollo corporativo del grupo. Muszak creó el 25 de junio de 2002 la Compañía Inversora Latinoamericana S.A., dedicada a otorgar préstamos en efectivo a personas con dificultades para acceder al sistema bancario. En noviembre de 2016, la sociedad pasó a denominarse Wenance S.A.
Para la fiscalía, la cantidad de empleados, la expansión internacional y la imagen pública de Muszak como empresario exitoso habrían reforzado la confianza de los potenciales inversores. Ese aspecto es relevante para la acusación porque busca explicar cómo la estructura empresarial y la reputación del grupo pudieron facilitar la captación de ahorros. El expediente todavía debe atravesar las nuevas indagatorias y las instancias de control judicial antes de definir qué hechos llegarán finalmente a juicio y bajo qué calificación legal.
