Brasil llega a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con una crisis urbana que no se limita a los márgenes de sus grandes ciudades. El crecimiento acelerado de las favelas ha convertido la vivienda precaria, la falta de saneamiento y la insuficiencia de infraestructura en uno de los principales desafíos sociales y territoriales del país.
Durante las últimas cuatro décadas, la superficie ocupada por estos asentamientos se ha expandido de forma extraordinaria. Según las cifras difundidas en el reportaje, pasó de unas 53.700 hectáreas en 1985 a aproximadamente 460.000 en la actualidad. El salto representa más de ocho veces la extensión inicial y muestra que el fenómeno no puede describirse únicamente como un problema de vivienda informal: se trata de una transformación profunda del espacio urbano brasileño.
Una ciudad que crece más deprisa que sus servicios
La expansión es especialmente visible en las áreas metropolitanas de São Paulo, Río de Janeiro, Manaos y Belém. En esos territorios, los asentamientos avanzan sobre laderas, zonas periféricas y áreas expuestas a inundaciones o deslizamientos. La ocupación responde, en buena medida, a la imposibilidad de miles de familias de acceder a viviendas formales cerca de los empleos, el transporte y los servicios esenciales.
El problema aparece cuando el crecimiento residencial no va acompañado de redes de agua potable, alcantarillado, drenaje, recogida de residuos, vías adecuadas y equipamientos públicos. En muchas comunidades, las familias construyen sus viviendas antes de que llegue el Estado, y esa secuencia deja infraestructuras improvisadas que después son costosas y complejas de regularizar. La precariedad, por tanto, no es solo una característica física de las casas: también define la relación cotidiana de sus habitantes con la administración pública.
El déficit no nació con las favelas
La consolidación de estos barrios es el resultado de décadas de urbanización desigual. Brasil experimentó una rápida concentración de población en las ciudades sin resolver de manera suficiente la distribución del suelo, el acceso al crédito y la oferta de vivienda asequible. Cuando el mercado formal excluye a una parte importante de la población, la ocupación irregular se convierte en una respuesta práctica a una necesidad inmediata, aunque implique mayores riesgos y menos derechos.
Ese proceso también revela los límites de las políticas que se concentran exclusivamente en construir viviendas nuevas. Una casa situada lejos del empleo, sin transporte fiable o sin servicios de salud y educación, puede reducir estadísticamente el déficit habitacional sin resolver la vulnerabilidad de sus ocupantes. La integración urbana exige conectar los asentamientos con el resto de la ciudad y reconocer que sus habitantes ya forman parte de ella.
El clima convierte la precariedad en un riesgo mayor
El cambio climático añade una presión que antes podía parecer secundaria. Las lluvias intensas afectan con mayor dureza a las zonas donde el suelo está impermeabilizado sin planificación, los canales son insuficientes y las viviendas se levantan en terrenos inestables. En el norte del país, las crecidas y las variaciones del régimen de lluvias plantean desafíos específicos para ciudades como Manaos y Belém; en el sudeste, los deslizamientos y las inundaciones exponen de manera recurrente a las comunidades más densamente ocupadas.
La vulnerabilidad ambiental no se distribuye de forma neutral. Las familias con menos recursos suelen disponer de menos posibilidades para mudarse, reforzar sus viviendas o recuperarse después de una emergencia. Cada desastre puede destruir ingresos, documentos, mobiliario y redes de apoyo, ampliando una desigualdad que ya existía antes del evento climático. La adaptación, por eso, debe incluir obras urbanas, sistemas de alerta, prevención y alternativas habitacionales para quienes viven en áreas de riesgo.
La dimensión política de un mapa fragmentado
La cercanía de las elecciones presidenciales vuelve inevitable el debate sobre qué tipo de ciudad quiere construir Brasil. La dimensión del fenómeno obliga a superar respuestas puntuales y programas de corto plazo. Regularizar una comunidad puede ser necesario, pero no basta si no se acompaña de saneamiento, movilidad, seguridad jurídica y mantenimiento permanente de los servicios.
El desafío consiste en coordinar políticas nacionales, gobiernos estatales y administraciones municipales, cuyas competencias suelen estar fragmentadas. También requiere escuchar a las organizaciones vecinales, que conocen con precisión los problemas de cada territorio y no deberían ser tratadas solo como destinatarias de ayuda. La planificación eficaz no puede partir de la idea de que las favelas son espacios ajenos a la ciudad; debe asumir que son parte de su estructura económica, social y política.
Las cifras de expansión no describen únicamente un paisaje que cambia. Señalan el costo acumulado de haber permitido que la urbanización avanzara sin una política sostenida de suelo, vivienda y servicios. La cuestión central para Brasil ya no es si las favelas desaparecerán, sino si el Estado será capaz de incorporarlas a una ciudad más segura, conectada y resistente al clima. Sin esa transformación, el crecimiento urbano seguirá reproduciendo la misma desigualdad que lo impulsó.
