Mientras Javier Milei recibía en Washington el premio “Global Champion of Free Enterprise”, otorgado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, más de medio millón de personas marchaban por Buenos Aires en defensa de la universidad pública. La movilización, que avanzó desde la Avenida de Mayo hasta el Congreso, tuvo réplicas multitudinarias en Córdoba, Rosario, Mendoza y otras grandes ciudades. La coincidencia expuso una fractura política difícil de disimular: en el exterior, el Gobierno era reconocido por su programa económico; dentro del país, una amplia coalición social le reclamaba cumplir una ley que ya había sido aprobada y ratificada por el Congreso.
Una ley vigente que permanece congelada
La protesta fue convocada por las 64 universidades nacionales, junto con los sindicatos docentes y no docentes, y recibió el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a los rectores de las instituciones públicas. Sin embargo, la convocatoria excedió rápidamente al ámbito académico. Se sumaron trabajadores estatales y camioneros, jubilados y organizaciones de personas con discapacidad, sectores que también han cuestionado los recortes aplicados por la administración libertaria.
El reclamo central es la aplicación de la Ley 27.795 de financiamiento universitario, sancionada en agosto de 2025. La norma prevé recuperar parte del poder adquisitivo perdido por los docentes y trabajadores administrativos, actualizar las becas estudiantiles y adecuar los gastos de funcionamiento de las universidades. Después de más de un año de inflación, sus defensores la consideran una compensación limitada, no una expansión desmedida del gasto público.
El conflicto se agravó por la forma en que el Gobierno intentó impedir su aplicación. Milei vetó la ley el 10 de septiembre, pero Diputados y el Senado reunieron luego los dos tercios necesarios para dejar sin efecto el veto. Frente a esa derrota legislativa, el Ejecutivo promulgó la norma mediante el Decreto 759, aunque suspendió su ejecución hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento. En términos formales, la ley quedó vigente; en la práctica, sus efectos continuaron paralizados.
El conflicto ya no se resuelve solo en el Congreso
La disputa pasó entonces a la Justicia. A pedido del Consejo Interuniversitario Nacional, el juez federal Martín Cormick ordenó al Gobierno pagar los aumentos y actualizar las becas. La Cámara de Apelaciones confirmó la medida en marzo y la Corte Suprema hizo lo mismo en junio. El Ejecutivo, sin embargo, mantuvo su negativa y sostuvo que la norma implicaría un gasto no financiado de unos 2,5 billones de pesos, equivalentes aproximadamente a 1.600 millones de dólares o al 0,3 % del producto interno bruto.
La estrategia oficial incluyó incluso un intento de recusar a los jueces de la Corte con el argumento de que, por ser profesores universitarios, no podían resolver el caso con imparcialidad. El 6 de octubre, Cormick declaró inconstitucional la cláusula que suspendía el decreto y estableció una multa de 100.000 pesos diarios para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por cada jornada de incumplimiento. La sanción tiene un valor principalmente simbólico frente a la magnitud del conflicto, porque la ley continúa sin aplicarse.
Más que salarios, una disputa por el modelo universitario
Según las organizaciones gremiales, el cumplimiento de la ley supondría un aumento salarial cercano al 35 % para el personal docente, un refuerzo de las becas y una actualización de los recursos destinados al funcionamiento cotidiano de las instituciones. El dato permite dimensionar la crisis: no se trata únicamente de una discusión presupuestaria, sino del deterioro acumulado de un sistema que depende de salarios, infraestructura y apoyos estudiantiles para sostener su capacidad de acceso masivo.
En ese punto aparece una disputa de mayor alcance. El Gobierno sostiene que el Estado no puede asumir nuevas obligaciones sin identificar previamente los recursos para pagarlas. Sus críticos responden que esa interpretación convierte una decisión legislativa en una declaración sin efectos y permite vaciar una política pública sin derogarla. La tensión no radica solo en cuánto dinero recibirá cada universidad, sino en quién tiene la última palabra cuando el Congreso aprueba una ley, la Justicia ordena ejecutarla y el Ejecutivo decide postergarla.
La universidad como prueba del Estado de derecho
El caso se ha convertido en una de las pruebas más visibles de la relación de Milei con las instituciones. El Gobierno no ha anunciado una ruptura abierta con el orden constitucional; ha utilizado, en cambio, mecanismos formalmente reconocibles para retrasar o neutralizar decisiones que contradicen su programa. El veto, la promulgación acompañada de una suspensión, la impugnación de los jueces y la resistencia a cumplir fallos forman una secuencia que, observada en conjunto, debilita los controles previstos por la democracia constitucional.
La movilización universitaria también revela los límites de la oposición. Es hoy el principal movimiento social capaz de articular el descontento contra Milei y de reunir a sectores sindicales, estudiantiles y sociales muy distintos. Pero su fuerza es más expresiva que decisiva: logra llenar las calles, aunque todavía no consigue traducir esa mayoría circunstancial en una alternativa política creíble. El kirchnerismo no recupera la capacidad de representar ese malestar y el antikirchnerismo continúa siendo una identidad política dominante.
Por eso la batalla universitaria tendrá efectos que exceden el presupuesto de 2026. En ella se enfrentan dos ideas de ciudadanía: una vinculada con la educación pública como mecanismo de movilidad y construcción colectiva, y otra que privilegia la responsabilidad individual y la expansión de la oferta privada. La creciente distancia entre quienes estudian en universidades públicas, quienes recurren a instituciones privadas y los jóvenes que trabajan en la informalidad configura una nueva fractura social. De cara a 2027, decidir cómo se financia la universidad será también decidir qué lugar conservará el Estado en la vida argentina.
