La perforación de un pozo profundo en el municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, abrió un nuevo frente de tensión entre habitantes de la zona y el Gobierno estatal. Mientras las autoridades sostienen que la obra permitirá mejorar el suministro para comunidades afectadas por la escasez, los pobladores aseguran que el proyecto implica extraer agua de su territorio para trasladarla a la ciudad de Puebla y favorecer procesos de expansión urbana e inversiones privadas.
El conflicto escaló durante la madrugada del 7 de octubre, cuando un operativo con decenas de elementos antimotines resguardó la maquinaria instalada para realizar la perforación. Los vecinos intentaron retirar el equipo y se concentraron en el área para exigir la suspensión de los trabajos, así como la salida de los policías y trabajadores que permanecían en el Parque Pavigi, donde está previsto construir el pozo.
Una oposición que comenzó hace más de un año
La resistencia comunitaria, de acuerdo con los habitantes, no surgió a raíz del operativo. Las comunidades de Xoxtla afirman que desde hace más de un año celebraron asambleas en las que acordaron rechazar la perforación. Su postura quedó expresada en una consigna: “No a la perforación del pozo profundo en Xoxtla, no al despojo del agua”.
Los pobladores consideran que las autoridades ignoraron ese acuerdo colectivo al permitir el ingreso de maquinaria y desplegar agentes para protegerla. En un comunicado difundido por el Congreso Nacional Indígena (CNI), sostuvieron que el agua forma parte de su patrimonio común y que cientos de comunidades dependen de ella. Desde esa perspectiva, la disputa no se limita a la construcción de una infraestructura hidráulica, sino que involucra quién decide sobre el uso y destino del recurso.
El Gobierno de Puebla mantiene una versión distinta. Las autoridades han señalado que el pozo abastecería a comunidades cercanas que enfrentan problemas de disponibilidad de agua. También han advertido que circula información errónea, difundida, según su descripción, por actores ajenos a la zona, lo que habría incrementado la inconformidad mientras avanzaban las obras.
Más de 16 horas de tensión en la zona
Según el pronunciamiento comunitario, los elementos antimotines llegaron alrededor de las 3:30 de la madrugada para resguardar la maquinaria. La policía cerró calles y estableció un cerco alrededor del área de trabajo. En respuesta, los habitantes se organizaron para impedir el avance de la perforación y solicitaron el retiro inmediato y definitivo tanto del equipo como del personal policial.
Durante la jornada, los vecinos rompieron parte del cerco instalado por los agentes. El comunicado señala que los uniformados utilizaron la fuerza para contener a los pobladores, aunque la información disponible no incluye una versión detallada de las autoridades sobre posibles enfrentamientos, personas lesionadas o daños materiales. El operativo se prolongó por más de 16 horas.
Cerca de las 18:30 horas, los granaderos se retiraron junto con una parte de la maquinaria, después de la movilización de habitantes de Xoxtla y de comunidades solidarias de la región. El retiro parcial no fue considerado suficiente por los pobladores, quienes permanecen atentos para confirmar que todo el equipo utilizado en la perforación abandone definitivamente el territorio.
Agua, expansión urbana y desconfianza comunitaria
La principal acusación de los habitantes es que el agua extraída no se quedaría en Xoxtla. Afirman que sería conducida hacia la ciudad de Puebla para atender necesidades vinculadas con nuevos desarrollos urbanos, procesos de gentrificación e inversiones privadas. En su comunicado mencionaron incluso a empresarios con presunto interés en esos proyectos, entre ellos Carlos Slim, aunque el texto no aporta detalles sobre contratos, permisos o una participación directa de ese empresario en la obra.
Esta acusación explica parte de la desconfianza que rodea al proyecto. Para la comunidad, la promesa de mejorar el suministro local no resulta suficiente si la obra se ejecuta sin el consentimiento de quienes viven en el territorio y si el destino final del agua no está claramente definido. El problema, por tanto, combina una necesidad pública reconocida —la escasez— con una disputa sobre la distribución del recurso, la transparencia de la obra y la participación de la población en las decisiones.
Los vecinos reivindican que el agua debe permanecer bajo control de las comunidades y rechazan que su aprovechamiento se subordine a empresas o proyectos inmobiliarios. “El agua es de los pueblos, no de las empresas ni del mal gobierno”, concluyeron en el documento difundido por las organizaciones que respaldan su postura.
Alerta por investigaciones contra defensores
El conflicto también adquirió una dimensión legal y de derechos humanos. El pronunciamiento comunitario alerta sobre carpetas de investigación abiertas contra habitantes vinculados con la defensa del agua. Los pobladores sostienen que esas indagatorias fueron construidas para criminalizar a quienes se oponen a la perforación y temen que la presencia policial derive en nuevas detenciones.
El Congreso Nacional Indígena y la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio responsabilizaron a los tres niveles de gobierno de cualquier acto de violencia, despojo o persecución contra integrantes de Xoxtla. Entre sus demandas se encuentran el retiro definitivo de la maquinaria, el fin de las acciones que consideran un despojo y el cierre de las investigaciones contra defensores del agua.
La controversia permanece abierta. El Gobierno estatal insiste en que el pozo busca atender la escasez de las comunidades aledañas, mientras los habitantes exigen que se respete su decisión asamblearia y se aclare el destino del agua. La forma en que las autoridades respondan a esas demandas será determinante para evitar que una obra presentada como solución al abastecimiento se convierta en un conflicto mayor por el control del recurso y por la legitimidad de las decisiones públicas en el territorio.
