Locatarios de mercados públicos de la alcaldía Benito Juárez acusaron a Edgar Mendieta, dirigente del Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos, de intentar condicionar la entrega de permisos para instalar romerías a la participación en protestas contra el alcalde Luis Mendoza. La denuncia fue difundida mediante un comunicado suscrito por comerciantes, quienes sostienen que el conflicto no se limita a una movilización política, sino que también involucra el cumplimiento de los requisitos administrativos para ejercer el comercio en espacios públicos.
De acuerdo con los locatarios, Mendieta busca que la alcaldía autorice la instalación de vendedores que no cuentan con la documentación necesaria, siempre que se sumen a manifestaciones contra el gobierno panista. Los comerciantes señalaron que la administración ya determinó quiénes cumplen con las condiciones para ocupar los espacios autorizados y advirtieron que ampliar la participación sin acreditar la titularidad podría debilitar el ordenamiento vigente.
El permiso para una romería se convierte en el centro de la disputa
Las romerías son actividades comerciales temporales que requieren autorización de la demarcación. Su regulación pretende definir quién puede ocupar un espacio, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones. En este caso, la controversia surge porque una parte de los comerciantes considera que la gestión de esos permisos está siendo utilizada como instrumento de presión política.
Los locatarios afirmaron que Mendieta pretende facilitar permisos a personas que no pueden demostrar que son titulares de un puesto de mercado. Según su posicionamiento, esa presión ocurre mientras el dirigente convoca a comerciantes para protestar contra Luis Mendoza, pese a que quienes sí cumplieron con los requisitos ya cuentan con autorizaciones de la alcaldía.
La acusación no acredita por sí misma que se haya concretado un intercambio entre permisos y participación política. Sin embargo, plantea un problema institucional relevante: la necesidad de que las decisiones sobre espacios comerciales se basen en criterios verificables y sean aplicadas de manera uniforme, sin importar la postura política de los solicitantes.
La cédula de empadronamiento, una pieza clave
El punto central de la disputa es la cédula de empadronamiento, documento que permite acreditar la relación jurídica de un comerciante con un puesto dentro de un mercado público. Los locatarios insistieron en que no se trata de un trámite secundario, porque aporta certeza sobre quién tiene derecho a ocupar un espacio y quién puede realizar gestiones relacionadas con esa actividad.
La Ventanilla Única de Benito Juárez contempla diversos procedimientos vinculados con la actividad comercial: la expedición o reexpedición de la cédula, el refrendo, el traspaso de derechos y las autorizaciones temporales para que una persona distinta del empadronado pueda ejercer el comercio bajo determinadas condiciones. Esa variedad de trámites muestra que existen vías administrativas para resolver situaciones particulares sin prescindir de la documentación básica.
Los comerciantes también recordaron que la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México reconoció en febrero de 2025 la validez de la cédula como documento de certeza jurídica para los locatarios. Ese antecedente resulta significativo porque coloca la regularización documental en el centro de la relación entre los comerciantes y las autoridades, y no como una exigencia nueva surgida a raíz de la actual confrontación.
Los 16 mercados se deslindan del dirigente
La controversia se suma a un distanciamiento previo. En septiembre, representantes de los 16 mercados públicos de Benito Juárez notificaron que Edgar Mendieta no cuenta con autorización para intervenir en asuntos de los locatarios ni para realizar gestiones en su nombre. Más de 200 comerciantes rechazaron además las acusaciones sobre supuestos cobros para regularizar puestos.
Ese deslinde revela que no existe una representación unificada del sector. Mientras Mendieta busca colocar las romerías y la regularización en la agenda de protesta contra el alcalde, los representantes de los mercados sostienen que sus asuntos deben ser tratados por las personas reconocidas por cada comunidad comercial. La diferencia no es únicamente de liderazgo: también define quién puede negociar, presentar solicitudes o hablar públicamente en nombre de los locatarios.
Los comerciantes afirmaron que el dirigente presiona para ampliar la participación de personas cuya titularidad no está acreditada mediante una cédula de empadronamiento. Para quienes ya cumplieron con los requisitos, esa posibilidad podría generar una percepción de trato desigual y abrir nuevos conflictos por la ocupación de espacios, la continuidad de los permisos y la responsabilidad sobre las actividades comerciales temporales.
La regularización como salida institucional
Benito Juárez y representantes de los 16 mercados acordaron durante 2025 avanzar en la regularización de las cédulas de empadronamiento. Ese proceso ofrece una ruta distinta a la confrontación: revisar cada expediente, identificar los casos pendientes y resolverlos mediante los procedimientos establecidos. También permitiría distinguir entre comerciantes con derechos acreditados, personas que requieren actualizar su documentación y solicitantes que no pueden demostrar la titularidad del puesto.
Para evitar que la disputa escale, la alcaldía tendría que comunicar con precisión los criterios utilizados para autorizar las romerías, publicar los requisitos aplicables y explicar las razones de las decisiones cuando existan solicitudes rechazadas. La transparencia administrativa no resolvería por sí sola el conflicto político, pero reduciría el margen para que los permisos sean interpretados como favores o castigos.
El caso pone en juego algo más amplio que la autorización de una temporada comercial. Si los permisos dependen de movilizaciones o de la capacidad de presión de un grupo, se debilita la certeza que necesitan quienes cumplen con sus obligaciones. Si, en cambio, las reglas se aplican con documentación verificable y canales de representación reconocidos, la discusión puede regresar al terreno administrativo donde corresponde resolverla.
