La crisis que rodea a Gianni Infantino no se limita a una discusión sobre salarios, transparencia o el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise. En el fondo, lo que comienza a definirse es una disputa por el modelo de poder que dirigirá al fútbol mundial durante los próximos años. Los cuestionamientos públicos han aumentado, pero todavía no existe una alternativa opositora capaz de convertir el descontento en una mayoría electoral. Esa diferencia resulta decisiva: en la FIFA, la legitimidad política no se obtiene únicamente mediante denuncias, sino mediante 211 votos federativos.
El contexto inmediato explica por qué la tensión ha vuelto a ocupar el centro de la agenda. Durante la reunión del Consejo de la FIFA del 15 de octubre, Infantino ofreció disculpas por los errores relacionados con FIFA Forward Enterprise, iniciativa que pretendía incorporar inversión privada a una estructura comercial vinculada con las competiciones del organismo. El proyecto fue retirado, pero el retiro no cerró el debate. Para sus críticos, la cancelación confirma que existieron deficiencias de diseño, comunicación y control; para la FIFA, se trata de un proyecto abandonado antes de producir consecuencias mayores.
La controversia se amplió con las preguntas sobre las remuneraciones de Infantino durante 2024. Una investigación basada en documentos fiscales estadounidenses identificó aproximadamente 1.72 millones de dólares pagados por FWC2026, entidad relacionada con la organización del Mundial, mientras la FIFA reportó cerca de 4.86 millones de dólares en salario y prestaciones. La organización niega que haya existido un segundo salario irregular y sostiene que sus declaraciones cumplen las normas legales y de auditoría. Sin embargo, la diferencia entre ambas cifras mantiene abierta una cuestión esencial: no basta con que los pagos estén registrados; deben poder explicarse de manera comprensible, comparable y verificable.
La transparencia dejó de ser un asunto técnico
La importancia política de este episodio no depende solamente de la cantidad de dinero involucrada. En organizaciones deportivas globales, la confianza se deteriora cuando los conceptos contables son difíciles de conciliar para el público, las federaciones o los propios órganos de control. El problema no es necesariamente que existan remuneraciones procedentes de entidades distintas, sobre todo cuando una competición como el Mundial tiene estructuras operativas específicas. El problema surge cuando la arquitectura institucional resulta tan compleja que las explicaciones llegan después de que los documentos periodísticos han instalado la sospecha.
Ese patrón tiene antecedentes en la historia reciente de la FIFA. Tras la crisis de 2015, la organización impulsó reformas de gobernanza, límites de mandato, controles de cumplimiento y nuevas obligaciones de divulgación. Aun así, cada controversia posterior demuestra que la reforma normativa no garantiza por sí sola una cultura de transparencia. Las reglas pueden existir y, al mismo tiempo, dejar preguntas sin respuesta si los informes no presentan con claridad quién paga, por qué concepto, bajo qué autoridad y con qué controles.
La oposición europea, encabezada en distintos momentos por dirigentes como Debbie Hewitt y Bernd Neuendorf, encuentra en ese terreno una fuente legítima de presión. Pero también enfrenta una dificultad: convertir el reclamo ético en una propuesta de gobierno. Cuestionar la gestión de Infantino puede reunir a federaciones con intereses muy distintos; ponerse de acuerdo sobre la distribución de ingresos, la relación entre confederaciones y la política comercial de la FIFA es mucho más complicado.
La aritmética electoral expone la dimensión real del desafío. La UEFA cuenta con 55 asociaciones. Incluso si 54 respaldaran al mismo candidato, esa fuerza no alcanzaría por sí sola la mayoría simple de 106 votos que representaría la mitad más uno de 211 sufragios válidos. Harían falta al menos 52 apoyos adicionales. No existe, por tanto, una ruta europea automática hacia la presidencia.
El mapa mundial no se mueve como un bloque
La distribución continental de los votos permite entender por qué las declaraciones de los presidentes de confederación no equivalen a una decisión electoral. África ha expresado institucionalmente su respaldo a Infantino, pero incluso en ese caso las federaciones nacionales conservan intereses específicos y capacidad formal de voto. Asia participa en las conversaciones sobre reformas, aunque sus 47 asociaciones no tienen por qué compartir candidato ni estrategia. La Concacaf reúne 35 votos, mientras Sudamérica y Oceanía mantienen prioridades propias relacionadas con competencias, financiamiento y representación.
Esta estructura protege una característica histórica de la FIFA: una federación pequeña tiene el mismo voto presidencial que una potencia futbolística. Esa igualdad formal puede ser criticada por quienes consideran que no refleja el peso deportivo o económico de cada país, pero también funciona como mecanismo de inclusión para regiones con menos recursos. Cualquier reforma que intentara sustituir ese principio por un sistema ponderado provocaría una disputa todavía más profunda sobre la soberanía de las asociaciones.
Por eso, una candidatura opositora tendría que responder preguntas concretas. ¿Mantendría los programas de solidaridad? ¿Modificaría sus mecanismos de auditoría? ¿Cambiaría la relación entre ingresos comerciales y transferencias directas? ¿Ofrecería garantías de que las federaciones pequeñas no perderán recursos ni influencia? Un aspirante que únicamente prometa reemplazar a Infantino puede atraer a los dirigentes descontentos de Europa, pero difícilmente convencerá a quienes dependen de la distribución financiera de la FIFA para sostener selecciones, instalaciones, arbitraje y competencias juveniles.
El programa de solidaridad anunciado para 2027-2030, con recursos globales previstos por 6,350 millones de dólares y asignaciones de hasta 25 millones por federación, representa en ese sentido una pieza política de enorme alcance. No hay elementos suficientes para afirmar que se trate de una compra de votos. Sí es evidente que la política de distribución crea vínculos materiales entre la presidencia y cientos de asociaciones nacionales. Para una federación con ingresos limitados, la continuidad de esos fondos puede pesar tanto como cualquier debate sobre gobernanza.
El poder también se construye después de una elección
La eventual salida de Infantino no resolvería automáticamente la disputa. Su liderazgo ha generado una red de relaciones, compromisos y expectativas que podría sobrevivir a su persona. Una sucesión apoyada por sectores cercanos al actual presidente permitiría conservar parte de ese proyecto con una figura menos desgastada. En ese escenario, la oposición no competiría solamente contra un candidato, sino contra una estructura política asentada en el acceso a recursos, la organización de torneos y la presencia institucional en distintas regiones.
El calendario vuelve más urgente la definición. El plazo para presentar candidaturas vence el 18 de noviembre y la elección está prevista para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos. Nombres como Ramón Vega, Arsène Wenger, Lise Klaveness o Laura McAllister aparecen en la conversación, aunque cada uno enfrenta condiciones distintas. Vega necesita acreditar públicamente los avales requeridos; Wenger cuenta con reconocimiento internacional, pero su experiencia principal está vinculada con la dirección técnica; Klaveness y McAllister representan perfiles reformistas, aunque deben construir apoyos fuera del espacio europeo. Sheikh Salman conserva experiencia política, pero no ha anunciado candidatura. Aleksander Čeferin y Victor Montagliani parecen concentrados en sus respectivas confederaciones.
La diversidad de nombres revela vitalidad, pero también falta de dirección. Una oposición fragmentada puede terminar fortaleciendo al oficialismo incluso cuando el malestar sea mayoritario. Si varios candidatos compiten por el mismo voto reformista, Infantino o su eventual sucesor podrían avanzar con una mayoría relativa en las primeras rondas y consolidar después los acuerdos necesarios. En elecciones federativas, la dispersión no siempre expresa pluralismo; a veces produce inmovilidad.
La lección que llega desde Puebla
La discusión sobre la FIFA tiene un reflejo más cercano en la situación del Puebla FC. La reunión prevista para el 19 de octubre entre la directiva y Gerardo Espinoza plantea el mismo dilema con una escala diferente: identificar el problema es insuficiente si nadie define qué decisión concreta debe tomarse. Puebla suma 16 puntos y le quedan cinco partidos, es decir, 15 puntos en disputa. Si la referencia de clasificación se sitúa alrededor de los 26 puntos, el equipo necesitaría aproximadamente diez unidades, una exigencia considerablemente superior a su rendimiento previo.
El contraste entre sus resultados como visitante y como local vuelve más clara la presión. Puebla obtuvo diez de sus 16 puntos fuera de casa, mientras solo consiguió seis de 15 en el estadio Cuauhtémoc. Sin embargo, tres de sus cinco partidos restantes serán como local ante Monterrey, Pumas y San Luis. La estadística obliga a que la directiva y el cuerpo técnico dejen atrás las explicaciones generales y trabajen sobre una pregunta verificable: cómo transformar el estadio en una ventaja durante la fase decisiva.
Los rivales también ofrecen un margen de oportunidad. Monterrey ha conseguido como visitante el 26.7% de los puntos disputados y Atlas, como local, el 33.3%. Eso no garantiza resultados, pero sí muestra que el calendario no es una condena matemática. Si Puebla obtiene seis puntos en los dos próximos encuentros, conservaría posibilidades; si apenas suma dos, necesitaría una recta final casi perfecta. La diferencia entre ambos escenarios demuestra que la gestión deportiva debe concentrarse en decisiones medibles, no únicamente en discursos sobre procesos.
En ambos casos, FIFA y Puebla, el liderazgo se enfrenta a la misma prueba. Un presidente no debe sustituir al entrenador ni dictar alineaciones, del mismo modo que una confederación no puede convertir sus comunicados en votos automáticos. Su responsabilidad es crear condiciones, aclarar prioridades, asegurar recursos y exigir resultados. La transparencia, en la FIFA, significa explicar las cifras y someterlas a control. En Puebla, significa presentar un plan concreto para los cinco partidos restantes y asumir públicamente la responsabilidad institucional.
La elección mundial de 2027 y la definición del futuro inmediato del Puebla pertenecen a escalas muy distintas, pero comparten una conclusión política: el poder no se conserva únicamente por la ausencia de un rival convincente, ni se conquista solo mediante la crítica. Se sostiene cuando una organización puede demostrar que sus decisiones producen beneficios verificables y que los recursos se administran con reglas comprensibles. La oposición a Infantino deberá responder qué modelo propone; Puebla deberá demostrar qué ha cambiado. En ambos terrenos, los próximos pasos convertirán las declaraciones en hechos o confirmarán que detrás de las promesas todavía no existe una estrategia capaz de ganar.
