La detención del juez local Enrique Romero Razo, ocurrida apenas seis días después de que la justicia federal ordenara su readscripción a un juzgado que había ocupado anteriormente, coloca al Poder Judicial de Puebla ante una crisis con dos dimensiones inseparables: por un lado, la investigación penal derivada de hechos ocurridos en un proceso de 2015; por otro, la disputa institucional que el propio juzgador mantenía con el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla y con su presidente, Pedro Antonio Martínez Hernández. La coincidencia temporal no demuestra por sí misma una represalia, pero sí vuelve indispensable esclarecer si se trata de actuaciones independientes o de una cadena de decisiones conectadas por un conflicto interno.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Romero fue capturado el martes a las 12:26 horas en su domicilio de la colonia El Ángel, en la capital poblana. Su abogado, Raúl Andrade Osorio, afirmó que agentes estatales catearon la vivienda y ejecutaron una orden de aprehensión relacionada con los delitos de evasión de presos y uno más cometido en la procuración y administración de justicia. La orden habría sido emitida por Marco Antonio Tenna Lázaro, juez de control de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tecamachalco, por hechos vinculados con el proceso 164/2015.
Una readscripción convertida en conflicto de poder
El antecedente inmediato se remonta al cambio de adscripción de Romero. Hasta el 30 de junio, el juez se desempeñaba como titular del Juzgado Segundo de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula. Posteriormente fue enviado al juzgado correspondiente al Distrito Judicial de Chalchicomula, en Ciudad Serdán. La defensa impugnó esa decisión y obtuvo una resolución federal que ordenaba restituirlo a su cargo anterior. El fallo advertía que, si el Consejo de la Judicatura local no cumplía en un plazo de 24 horas, podría darse vista a la Fiscalía General de la República por un eventual desacato.
El Consejo acató la resolución en una sesión extraordinaria celebrada el viernes y ordenó la readscripción. Ese cumplimiento no cerró el conflicto. La detención posterior introdujo una nueva variable: el juez recuperó formalmente su plaza, pero quedó sujeto a una investigación penal que puede impedirle ejercerla. En términos institucionales, el resultado es particularmente delicado porque una decisión judicial federal favorable al juzgador fue seguida casi de inmediato por una medida que afecta su libertad personal.
La secuencia no permite concluir que la orden de aprehensión haya sido fabricada ni que la readscripción haya sido el motivo real de la acusación. Para establecerlo se requiere conocer la fecha en que comenzó la investigación, cuándo fue solicitada la orden, qué actos concretos se atribuyen al juez y si existían diligencias previas antes de la controversia administrativa. Sin esa cronología, cualquier explicación definitiva sería prematura. Sin embargo, precisamente por la proximidad entre ambos acontecimientos, las autoridades están obligadas a ofrecer una explicación verificable y completa.
El expediente de 2015 y las preguntas sobre la legalidad
La orden de captura atribuye los hechos “en agravio de la sociedad y de las víctimas” del proceso 164/2015. Esa fórmula describe el marco general de la imputación, pero no sustituye la obligación de precisar qué conducta habría cometido Romero, en qué momento, con qué grado de participación y cuál fue el daño ocasionado. En un sistema acusatorio, la existencia de un expediente antiguo no basta para acreditar responsabilidad. La autoridad debe demostrar la relación entre el imputado y los hechos, respetar el debido proceso y permitir que la defensa controvierta las pruebas.
El delito de evasión de presos, por su propia naturaleza, exige aclarar si se acusa al juez de facilitar una fuga, incumplir deliberadamente una obligación de custodia o intervenir de otra manera en la salida ilegal de una persona privada de la libertad. El segundo ilícito, descrito de forma genérica como un delito contra la procuración y administración de justicia, también necesita una delimitación precisa. Una imputación amplia puede ser válida durante una etapa inicial, pero no puede convertirse en una acusación indefinida que se modifique conforme avance el procedimiento.
La defensa señaló además una discrepancia entre el destino ordenado por el juez de control y el lugar donde el Registro Nacional de Detenciones reportó que Romero quedó a disposición: la orden indicaba el Centro Penitenciario de Tecamachalco, mientras que el registro ubicaba su puesta a disposición en la cárcel municipal de Tepexi de Rodríguez. Esa diferencia puede obedecer a razones operativas, a un traslado temporal o a una actualización incompleta del sistema. También puede tener consecuencias jurídicas si implicó alterar la custodia, retrasar la presentación ante la autoridad competente o dificultar el acceso oportuno de la defensa.
El registro de una detención no resuelve por sí solo qué ocurrió, pero sí ofrece un punto objetivo para reconstruir la cadena de custodia. Las autoridades deberían explicar la hora exacta del cateo, el sitio de la aprehensión, el traslado realizado, la autoridad que recibió al detenido y el momento en que fue puesto a disposición judicial. En casos donde existe una disputa pública entre el imputado y funcionarios del mismo sistema de justicia, cada irregularidad documental adquiere un peso mayor, porque puede afectar la confianza en la imparcialidad del procedimiento.
Las acusaciones públicas contra la cúpula judicial
El contexto político e institucional se volvió más sensible por las críticas que Romero publicó un día antes de su detención. En una columna difundida por el medio electrónico Mediatik, acusó a Pedro Antonio Martínez Hernández de autoritarismo y de presionar para que determinados casos fueran resueltos en un sentido específico. El juez citó los expedientes 10/2024 y 132/2026 del juzgado de Cholula. Según su versión, en uno se habría intentado entregar un inmueble pese a que el demandado aún lo ocupaba; en el otro, una persona que se presentó como empresario habría dicho que ya había hablado con Martínez para liberar cuentas aseguradas por otro juzgado.
Esas afirmaciones son graves, pero permanecen en el terreno de las alegaciones mientras no sean investigadas y probadas. Su relevancia no depende únicamente de que sean verdaderas o falsas: también muestran que dentro del Poder Judicial existía una fractura expuesta públicamente. Cuando un juez denuncia presiones de sus superiores y poco después enfrenta una orden de aprehensión, la percepción de conflicto de interés se vuelve inevitable, aunque la causa penal sea jurídicamente independiente.
La respuesta institucional no debería limitarse a negar las acusaciones o defender la legalidad de la detención. El Consejo de la Judicatura tendría que transparentar, dentro de los límites de la ley, los criterios utilizados para la readscripción, los mecanismos de control interno disponibles y las medidas adoptadas para evitar que funcionarios señalados intervengan directa o indirectamente en el caso. Del mismo modo, la Fiscalía y los jueces que participan en la causa deben demostrar que sus decisiones se basan en actuaciones verificables y no en la conveniencia de resolver una disputa de poder.
El efecto sobre jueces, litigantes y ciudadanos
El caso puede tener un efecto inmediato sobre la conducta de otros jueces locales. Si los integrantes de la judicatura interpretan que impugnar una decisión administrativa o denunciar presiones puede exponerlos a represalias, aumentará el incentivo para guardar silencio, incluso cuando existan irregularidades. Ese efecto no necesita una orden explícita: basta con que una detención cercana en el tiempo a una confrontación pública sea percibida como una advertencia.
La independencia judicial no significa que los jueces estén por encima de la ley. Un juzgador debe responder penalmente si utiliza su cargo para proteger a una persona privada de la libertad, altera una resolución o interviene ilegalmente en un expediente. Pero la responsabilidad debe exigirse mediante procedimientos que no dependan de la jerarquía administrativa ni parezcan activarse selectivamente. La diferencia entre disciplina legítima y represalia institucional se encuentra en la trazabilidad de la investigación, la imparcialidad de quienes intervienen y la posibilidad real de defensa.
Para los litigantes, el episodio puede modificar la manera en que se relacionan con los órganos de gobierno judicial. Los abogados que denuncien presiones o intentos de influir en casos podrían optar por no hacerlo si consideran que las vías internas son ineficaces. A largo plazo, esa falta de denuncias no elimina los problemas; los vuelve menos visibles y permite que decisiones sobre inmuebles, cuentas bancarias, custodia de personas o libertad procesal se adopten con menor escrutinio.
La ciudadanía también enfrenta un costo. En Puebla, como en otras entidades, buena parte de la legitimidad de la justicia depende de que las personas crean que un expediente puede resolverse con criterios jurídicos y no por la cercanía de las partes con la dirección del tribunal. Un conflicto entre jueces y consejeros, acompañado por señalamientos de presión y una detención cuestionada por la defensa, alimenta la idea de que los procesos judiciales son extensiones de luchas internas. Esa percepción puede reducir la disposición a denunciar, cumplir resoluciones o aceptar decisiones adversas.
La prueba decisiva será la transparencia del proceso
El siguiente punto crítico será la audiencia en la que se defina la situación jurídica de Romero. Allí deberán precisarse los hechos imputados, la legalidad del cateo, la validez de la orden de aprehensión, el destino del detenido y los elementos que vinculan al juez con el proceso 164/2015. La prisión preventiva, si se solicita, deberá justificarse con riesgos procesales concretos, no con la notoriedad del caso ni con la posición que ocupaba el imputado.
También será importante separar tres planos que no deben confundirse: la eventual responsabilidad penal de Romero, la legalidad de la readscripción y las acusaciones de presión contra el presidente del Consejo. Que una de esas cuestiones resulte cierta no prueba automáticamente las otras. Una investigación rigurosa debe evitar tanto la exoneración política como la condena anticipada.
La salida institucional más sólida requeriría auditorías independientes sobre la cadena de detención, una revisión de las decisiones administrativas que originaron el traslado y una investigación formal de los expedientes mencionados por el juez. Si las acusaciones carecen de fundamento, una indagatoria transparente puede demostrarlo. Si contienen elementos reales, el sistema deberá corregirlos sin esperar a que el conflicto desemboque en nuevas detenciones o en más litigios.
El caso de Enrique Romero Razo no se limita a la suerte procesal de un juez. Pone a prueba la capacidad del Poder Judicial de Puebla para administrar sus conflictos sin convertirlos en guerras internas, y la disposición de las fiscalías y tribunales para investigar a un funcionario sin permitir que la investigación sea utilizada como herramienta de presión. La respuesta determinará si la controversia queda como un expediente penal más o si se convierte en un precedente sobre los límites de la disciplina judicial, la protección de los denunciantes y la independencia efectiva de quienes imparten justicia.
