La caída de la aprobación de Keiko Fujimori, José Antonio Kast y Javier Milei revela una tensión que atraviesa a buena parte de la política sudamericana: los electores que llevaron al poder a candidatos de derecha exigieron respuestas inmediatas a problemas acumulados durante años, pero los gobiernos no han conseguido convertir sus promesas de seguridad, recuperación económica y orden institucional en resultados visibles con la velocidad esperada. El fenómeno, descrito por la agencia AFP a partir de encuestas recientes, no equivale todavía a un viraje general hacia la izquierda. Expone, más bien, el agotamiento de una fórmula política basada en ofrecer eficacia rápida frente a Estados considerados débiles, burocráticos o incapaces de controlar el delito.
El dato más contundente corresponde a Keiko Fujimori. Según Ipsos, su aprobación descendió del 57% al 40%, una pérdida de 17 puntos porcentuales. En Chile, José Antonio Kast, elegido como el presidente más conservador de las últimas tres décadas con la promesa de enfrentar al crimen organizado, registra una validación popular de 30%, el nivel más bajo desde el inicio de su mandato en marzo de 2026, de acuerdo con la encuesta Cadem. En Colombia, Abelardo de la Espriella perdió más de tres puntos durante su primer mes en la Presidencia, pese a haber construido su campaña alrededor de un discurso de dureza y de la defensa del porte de armas. Argentina, por su parte, observa los peores niveles de aprobación de Javier Milei cuando falta aproximadamente un año para que intente la reelección.
El problema no es solo ideológico: es la distancia entre promesa y capacidad estatal
Michael Shifter, investigador sénior de The Inter-American Dialogue, resume el patrón con una observación que excede a los gobiernos conservadores: las campañas generaron “expectativas que probablemente no eran realistas”. La ciudadanía quiere resultados rápidos, pero reducir la delincuencia, estabilizar una economía o reconstruir la autoridad del Estado exige reformas prolongadas, coordinación institucional y recursos que no producen efectos inmediatos. Esa brecha temporal se convierte en un problema político cuando el candidato gana precisamente porque promete que su voluntad personal bastará para acelerar procesos estructuralmente lentos.
La inseguridad ilustra con claridad esa contradicción. Un gobierno puede aumentar patrullajes, endurecer penas o desplegar fuerzas militares en zonas críticas en pocas semanas; sin embargo, desarticular redes criminales requiere inteligencia financiera, fiscalías especializadas, policías profesionales, control penitenciario y cooperación internacional. Si los homicidios o las extorsiones no disminuyen rápidamente, la población interpreta la falta de avances como incompetencia, aunque algunas medidas estén produciendo efectos que solo podrían medirse meses después. La política de mano dura, por tanto, tiene una ventaja electoral inmediata, pero también un ciclo de decepción acelerado cuando no consigue modificar la experiencia cotidiana.
La economía enfrenta un desajuste similar. La reducción del gasto público, la liberalización de mercados o la disciplina fiscal pueden ser defendidas como condiciones para estabilizar las cuentas nacionales, pero sus costos distributivos aparecen antes que sus beneficios. Los hogares sienten el aumento de precios, la pérdida de empleo o la disminución de subsidios antes de percibir una mejora en la inversión, el crédito o los salarios. En ese contexto, una narrativa de sacrificio temporal solo funciona si el Gobierno mantiene credibilidad y ofrece señales verificables de que la recuperación llegará. Cuando esas señales no aparecen, el ajuste deja de parecer una transición y empieza a ser leído como una promesa incumplida.
La primera conclusión: la popularidad se volvió una auditoría de ejecución
El retroceso de las encuestas no debe leerse únicamente como rechazo a la derecha. Una interpretación más precisa es que la aprobación se está transformando en una auditoría de ejecución. Los votantes ya no evalúan solo la identidad ideológica del gobernante o su posición frente al crimen, la migración y el tamaño del Estado; comparan promesas concretas con cambios perceptibles. Esa comparación perjudica especialmente a los líderes que llegaron al poder como figuras de ruptura, porque su legitimidad depende menos de la continuidad institucional que de demostrar una capacidad excepcional para resolver problemas.
La consecuencia es relevante para los partidos y para los sectores empresariales que respaldan estas administraciones. Una coalición electoral puede formarse con grupos diversos: ciudadanos preocupados por la delincuencia, clases medias cansadas de la inflación, empresarios que buscan previsibilidad y votantes que rechazan a los partidos tradicionales. Sin embargo, esas demandas no siempre son compatibles en el corto plazo. El empresario puede priorizar estabilidad fiscal; el trabajador, protección del ingreso; el vecino, seguridad inmediata; y el Congreso, beneficios territoriales. Si el Ejecutivo intenta responder a todos mediante anuncios simultáneos, corre el riesgo de acumular conflictos sin completar ninguna reforma.
La pérdida de respaldo también encarece la gobernabilidad. Un presidente con una aprobación sólida puede negociar con legisladores, gobernadores y organizaciones sociales desde una posición de fuerza. Cuando el apoyo cae, cada medida enfrenta mayor resistencia y los aliados comienzan a diferenciarse del Gobierno para proteger su propio capital político. La encuesta deja entonces de ser un indicador pasivo y se convierte en una variable que modifica el comportamiento de las élites, los mercados y la oposición.
Fujimori, Kast y Milei no representan el mismo fenómeno
Aunque los tres casos aparecen agrupados por su orientación política, sus problemas son distintos. Fujimori enfrenta el desafío de traducir una identidad política conocida en una administración eficaz y capaz de estabilizar expectativas. Su descenso de 57% a 40% en Ipsos muestra que el respaldo inicial no era necesariamente un cheque en blanco. También sugiere que una parte del electorado puede apoyar una figura asociada con orden y autoridad, pero retirar rápidamente ese respaldo cuando no percibe mejoras en seguridad, empleo o servicios públicos.
Kast enfrenta una prueba más específica: su principal contrato con los electores fue combatir el crimen organizado. Que su aprobación se ubique en 30% convierte la seguridad en un criterio de evaluación particularmente exigente. Un discurso duro puede movilizar a quienes sienten miedo, pero también fija una vara alta. Si el crimen persiste, la retórica deja de ser una señal de determinación y pasa a interpretarse como una excusa para no mostrar resultados. Además, las políticas de seguridad suelen generar controversias por sus efectos sobre derechos civiles, detenciones arbitrarias y uso de la fuerza. La presión por mostrar eficacia puede empujar al Gobierno hacia decisiones de alto impacto político y alto costo institucional.
Milei, en cambio, carga con una promesa económica de transformación profunda. Su gobierno no solo ofreció administrar mejor el Estado, sino modificar el modelo de relación entre el sector público, los mercados y la sociedad. La reelección, prevista para ser disputada aproximadamente en un año, convierte cada indicador de inflación, salarios, empleo y actividad productiva en parte de una campaña anticipada. Incluso si algunos desequilibrios macroeconómicos mejoran, la recuperación política dependerá de que el alivio llegue a los hogares y no quede limitado a los indicadores financieros. La estabilidad técnica no garantiza por sí misma estabilidad electoral.
Bolivia muestra que la alternancia tampoco resuelve la impaciencia
El caso boliviano amplía el diagnóstico. Rodrigo Paz fue elegido como una opción moderada y cercana al empresariado, después de casi dos décadas de predominio del Movimiento al Socialismo asociado con Evo Morales. La salida del MAS podía hacer pensar que el cambio político produciría automáticamente un período de normalización. Sin embargo, las protestas y las críticas por la escasez de combustibles muestran que la alternancia no elimina los problemas materiales que alimentaron el descontento.
Este punto tiene una importancia regional. Cuando la oposición presenta la elección como una ruptura con el pasado, puede heredar expectativas de reparación inmediata que ninguna administración está en condiciones de cumplir. El nuevo Gobierno recibe instituciones debilitadas, cuentas públicas tensionadas, mercados informales y conflictos sociales acumulados, pero los votantes juzgan su desempeño desde el primer día. La responsabilidad política cambia de manos más rápido que la capacidad administrativa. Si la escasez continúa, la ciudadanía no distingue necesariamente entre una crisis heredada y una falla nueva: exige al gobierno vigente la solución.
La experiencia boliviana también advierte a los sectores empresariales. Haber apoyado una opción moderada o favorable a la inversión no garantiza paz social. La apertura económica necesita combustible, infraestructura, reglas previsibles y legitimidad social. Sin esas condiciones, la agenda promercado puede quedar bloqueada por protestas, interrupciones logísticas y presión sobre los precios. El empresariado que celebra una alternancia política pero no participa en la construcción de acuerdos sociales puede terminar enfrentando un entorno más inestable de lo previsto.
Bukele es una excepción, pero también una advertencia
Nayib Bukele constituye el contraste principal. Su aprobación de 83%, según AmericasBarometer, está vinculada a una política de mano dura contra las pandillas que, de acuerdo con el informe Pulse of Democracy 2026, habría producido una mayor percepción de seguridad a cambio de restricciones a libertades. Su caso demuestra que un electorado puede aceptar costos institucionales importantes cuando considera que la amenaza criminal es suficientemente grave y que el Estado está ofreciendo un resultado tangible.
Pero la popularidad de Bukele no permite concluir que el mismo modelo pueda exportarse sin modificaciones. Shifter sostiene que el plan contra las pandillas no podría replicarse en las redes internacionales que operan en América Latina y lo define como una excepción. El Salvador posee una escala territorial y demográfica particular, una estructura criminal específica y una coyuntura política que no se repite en Perú, Colombia, Chile o Argentina. En países con sistemas judiciales más fragmentados, fronteras extensas, economías criminales diversificadas y mayores controles institucionales, una política de detenciones masivas podría producir resultados distintos o agravar la violencia.
La excepción salvadoreña plantea además un dilema normativo. Si la seguridad mejora, el Gobierno obtiene una justificación política poderosa; pero la reducción del delito no elimina la pregunta sobre las garantías legales, la supervisión judicial y la posibilidad de que las medidas de emergencia se vuelvan permanentes. Para otros líderes, imitar el lenguaje de Bukele puede ser electoralmente rentable, pero copiar sus mecanismos sin capacidad de control puede generar abusos, saturación penitenciaria y pérdida de confianza internacional.
Trump y Washington agregan una dimensión geopolítica al desgaste
La aproximación entre Donald Trump y sus aliados latinoamericanos introduce otra capa de complejidad. La relación con Washington puede ofrecer cooperación en seguridad, comercio, migración y lucha contra el narcotráfico. También puede reforzar la imagen de un gobierno alineado con una potencia capaz de respaldar sus políticas. Sin embargo, el vínculo externo no sustituye la gestión doméstica. Un acuerdo bilateral, una fotografía con Trump o un anuncio de cooperación no reduce por sí mismo el precio de los alimentos ni desarticula una red de extorsión.
Brasil aparece como una pieza decisiva por la posibilidad de que Flavio Bolsonaro acentúe el giro político hacia la derecha en Sudamérica. Si ese escenario se concreta, la región podría experimentar una mayor coordinación entre gobiernos conservadores, especialmente en seguridad, migración y crítica a organismos multilaterales. Pero una convergencia ideológica también puede intensificar la polarización y convertir los resultados nacionales en una competencia regional de demostraciones de fuerza. Cada gobierno tendría incentivos para anunciar medidas más duras que sus vecinos, incluso cuando la evidencia sobre su eficacia sea limitada.
La cooperación con Estados Unidos, además, puede generar costos internos. Los sectores nacionalistas podrían cuestionar una dependencia excesiva de Washington, mientras que organizaciones de derechos humanos exigirían transparencia sobre operaciones de seguridad y acuerdos de inteligencia. La incorporación de Perú al llamado Escudo de las Américas, cuya opacidad ha sido cuestionada por Amnistía Internacional, ilustra ese conflicto: la cooperación puede ser valorada por quienes priorizan la seguridad, pero criticada por quienes temen compromisos poco fiscalizados o una ampliación del poder coercitivo del Estado.
El próximo ciclo será menos ideológico y más transaccional
La tendencia más probable es que los electores se vuelvan más transaccionales. Apoyarán al gobierno que consiga mejoras concretas, sin necesariamente adoptar por completo su programa ideológico. Eso abre espacio para candidatos moderados, pero no garantiza una vuelta automática al centro. También puede favorecer a figuras populistas capaces de prometer soluciones aún más rápidas y personalistas. La caída de los presidentes actuales, si continúa, podría producir una sucesión de gobiernos elegidos como reacción al anterior, con mandatos cada vez más cortos en términos de legitimidad.
Para evitar ese ciclo, los gobiernos deberán reducir la distancia entre comunicación política y capacidad real. La seguridad necesita objetivos medibles, controles sobre las fuerzas y coordinación con fiscales y jueces. La política económica requiere proteger a los hogares durante el ajuste y explicar con transparencia qué indicadores mejoran, cuáles empeoran y en qué plazo se esperan resultados. La relación con Washington deberá someterse a mecanismos públicos de supervisión. Sin esas condiciones, la promesa de eficacia seguirá generando un crédito político breve y una frustración profunda.
El riesgo central no es que la derecha pierda popularidad en unas pocas encuestas. Es que la decepción con gobiernos elegidos para restaurar el orden termine debilitando la confianza en la democracia y fortaleciendo la idea de que solo una concentración extrema del poder puede resolver los problemas. Si las reformas no producen resultados y las instituciones no ofrecen canales de corrección, el electorado puede pasar de una opción de derecha a otra más radical, o aceptar restricciones cada vez mayores a cambio de seguridad. La disputa decisiva para Sudamérica no será únicamente entre izquierda y derecha, sino entre gobiernos capaces de administrar expectativas y liderazgos que continúen prometiendo soluciones instantáneas para crisis que exigen años de trabajo institucional.
