La estudiante que denunció haber sido víctima de una violación grupal en la Universidad de Cornell ha acusado a la institución de poner en duda su relato y de dejarla sin apoyo. En una carta publicada este martes por The New York Times, la joven, que firma con el seudónimo Jane Doe, señala directamente al presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, y afirma que un comentario suyo sobre el tiempo que tardó en denunciar los hechos debilitó su confianza en la Universidad. La misiva llega mientras el Senado del centro debate una moción simbólica sobre la gestión del caso, cuya votación telemática está prevista para el próximo 28 de octubre.
Doe también remitió el texto al órgano que representa al profesorado de Cornell para que sus miembros lo incorporen a sus deliberaciones. La resolución no tendría capacidad para destituir a Kotlikoff, pero su aprobación supondría una censura política y académica a la manera en que la dirección ha respondido a unas acusaciones que volvieron al primer plano tras una demanda civil presentada recientemente por la estudiante.
Una carta antes de la decisión del Senado
La denunciante explica que no pretende imponer una interpretación de su caso ni orientar el sentido del voto. Su objetivo, según escribe, es proporcionar información que considera relevante para que los miembros del Senado universitario adopten una decisión completa. Doe advierte de que no quería que los representantes descubrieran posteriormente que durante sus deliberaciones se había omitido un elemento importante.
La intervención pública introduce así un factor adicional en un proceso que, aunque formalmente no puede modificar el cargo del presidente, sí puede afectar a la legitimidad de la dirección. En instituciones universitarias, una moción no vinculante carece de efectos ejecutivos inmediatos, pero puede expresar el grado de confianza de la comunidad académica y aumentar la presión para revisar procedimientos, comunicaciones y responsabilidades internas.
El comentario que quebró su confianza
Según el relato de Doe, el comentario de Kotlikoff se produjo durante una conversación con la entonces presidenta de Tri Delta, la hermandad universitaria a la que pertenecía la estudiante. Cuando la joven conoció el contenido de ese intercambio, interpretó que el presidente cuestionaba el retraso entre los hechos y la denuncia.
“Sentí que el presidente Kotlikoff no me respaldaba y que no creía mi testimonio. Me sentí sin apoyo y no creída”, afirma en la carta. La estudiante sostiene que aquella reacción no fue un episodio aislado desde el punto de vista de sus consecuencias: provocó que dejara de confiar en la Universidad y que empezara a dudar de la sensibilidad y la justicia que esperaba encontrar en el centro que había elegido.
El punto central de su denuncia no se limita, por tanto, a una discrepancia sobre los plazos. La estudiante plantea que la forma en que una autoridad universitaria recibe una acusación puede influir en la disposición de las víctimas a colaborar y en su percepción de las garantías institucionales. Cuestionar el momento de una denuncia, sin explicar las razones ni atender al contexto, puede ser interpretado como una valoración anticipada de la credibilidad de quien declara. Esa percepción es especialmente relevante en casos de violencia sexual, en los que el miedo, la presión social y la incertidumbre pueden retrasar la comunicación de los hechos.
La demanda civil reabre el caso
La controversia cobró fuerza de nuevo después de que Jane Doe presentara una demanda civil contra siete estudiantes a los que acusa de haberla violado durante horas en una vivienda de una fraternidad del campus. Los hechos habrían ocurrido en 2024. La acción legal también se dirige contra Cornell, a la que la estudiante acusa de no haber investigado adecuadamente lo sucedido.
Las acusaciones forman parte de un procedimiento civil y no equivalen por sí mismas a una condena penal. Los estudiantes señalados conservan el derecho a defenderse y a impugnar la versión presentada ante los tribunales. Del mismo modo, la Universidad deberá responder a las alegaciones relativas a su actuación y a las decisiones que adoptó, o dejó de adoptar, después de conocer el caso.
La demanda desplaza el debate desde la experiencia individual de la denunciante hacia la responsabilidad institucional. La cuestión ya no es únicamente determinar qué ocurrió en la vivienda de la fraternidad, sino también establecer qué información recibió Cornell, qué mecanismos activó, si investigó con la diligencia exigible y cómo comunicó sus decisiones a las personas afectadas. Esas preguntas pueden influir tanto en el litigio como en la evaluación política que el profesorado haga de la dirección.
Una presión institucional de alcance limitado
La votación del 28 de octubre no resolverá el proceso judicial ni permitirá, por sí sola, apartar a Kotlikoff de la presidencia. Su importancia reside en otro terreno: puede convertirse en un indicador público de la confianza que conserva la dirección entre los profesores y en una señal sobre la disposición de Cornell a revisar su respuesta.
La carta de Doe busca precisamente que esa evaluación no se base solo en comunicados oficiales o en la versión administrativa del caso. Al hacer público cómo se sintió ante el comentario atribuido al presidente, la estudiante coloca la credibilidad, el trato recibido y la comunicación institucional en el centro de la discusión. El resultado de la moción no determinará la verdad de las acusaciones, pero sí mostrará hasta qué punto la comunidad universitaria considera suficiente la respuesta ofrecida por Cornell ante un caso que continúa abierto en los tribunales y que ha dejado en entredicho la confianza entre la institución y una de sus estudiantes.
