La democracia atraviesa su periodo de mayor presión desde el inicio de la llamada tercera ola democratizadora, inaugurada en 1974 con la Revolución de los Claveles en Portugal. Distintos informes internacionales publicados recientemente coinciden en que el retroceso se prolonga y adquiere nuevas formas: gobiernos elegidos que debilitan los controles institucionales, manipulación del debate público mediante inteligencia artificial y algoritmos, y un repliegue de Estados Unidos de su tradicional papel en la defensa del orden liberal.
El diagnóstico no implica que las democracias estén destinadas a desaparecer. Los mismos estudios identifican parlamentos, tribunales, autoridades electorales, medios de comunicación y organizaciones ciudadanas capaces de contener el avance autoritario. El problema central, según estas evaluaciones, es que esas defensas enfrentan una presión simultánea: pérdida de confianza pública, desigualdad, violencia, polarización y una creciente disposición a aceptar restricciones institucionales a cambio de resultados inmediatos.
Un deterioro que ya alcanza a las democracias consolidadas
El informe de V-Dem correspondiente a 2026 plantea la pregunta de si la era democrática se está desmoronando. Sus cifras indican que, al cierre de 2025, existían 92 autocracias frente a 87 democracias. El 74 % de la población mundial, alrededor de 6.000 millones de personas, vivía bajo regímenes autocráticos, mientras solo el 7 %, cerca de 600 millones, residía en democracias liberales. Por primera vez, la población sometida a autocracias cerradas superaba a la que vivía en democracias electorales y liberales combinadas.
Freedom House registró en 2025 el vigésimo año consecutivo de retroceso de la libertad global. Un total de 54 países empeoró en derechos políticos y libertades civiles, frente a 35 que mostraron avances. Idea Internacional llegó a una conclusión semejante: 2025 fue el undécimo año seguido en que los retrocesos democráticos superaron a las mejoras. De los países evaluados, 98, equivalentes al 57 %, sufrieron deterioros, mientras 55, el 32 %, progresaron.
La tendencia también afecta a países considerados institucionalmente resistentes. Varios Estados europeos han descendido en indicadores de calidad democrática y Estados Unidos ha pasado, según la clasificación citada por V-Dem, de una democracia liberal a una electoral. El cambio coincide con una reducción de la cooperación democrática impulsada durante la presidencia de Donald Trump y con una mayor normalización de los vínculos con dirigentes autoritarios. Esa modificación no solo tiene efectos diplomáticos: también debilita los incentivos internacionales para respetar los controles de poder.
El autoritarismo llega por las urnas
La transformación más relevante no es únicamente estadística. Las democracias contemporáneas rara vez terminan mediante golpes militares como los que marcaron etapas anteriores. Con mayor frecuencia, líderes que llegan al poder por elecciones competitivas utilizan después su legitimidad electoral para ocupar o neutralizar el Parlamento, la justicia y los organismos electorales. El proceso suele incluir presión sobre la prensa, hostigamiento a defensores de derechos humanos y reformas legales orientadas a prolongar el mandato.
La justificación se presenta como una defensa de la voluntad popular frente a élites supuestamente conspiradoras, jueces obstructivos o instituciones que impedirían cumplir el mandato recibido. El riesgo reside en confundir la mayoría electoral con un poder sin límites. Una elección puede otorgar autoridad para gobernar, pero no elimina la separación de poderes ni permite desconocer los derechos de las minorías. Cuando esas barreras se debilitan, la competencia electoral puede mantenerse formalmente mientras pierde contenido democrático.
América Latina: respaldo al sistema, tolerancia al atajo
América Latina conserva una posición particular. Según V-Dem, el 71 % de su población vivía en 2025 bajo regímenes democráticos, aunque apenas el 5 % lo hacía en democracias liberales. Uruguay mantiene las instituciones de mayor calidad regional, acompañado, en menor medida, por Costa Rica y Chile. Cuba y Nicaragua son identificadas como dictaduras; Venezuela atraviesa una situación descrita como “neoprotectorado” estadounidense; Haití padece un colapso estatal y El Salvador avanza hacia un modelo autoritario respaldado por amplios sectores debido a los resultados oficiales en seguridad.
El resto de la región combina democracias resilientes, como Argentina, sistemas estancados y regímenes híbridos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sostiene que América Latina continúa siendo la región más democrática del mundo en desarrollo, pero esa condición convive con un malestar creciente. La insatisfacción con la democracia pasó del 56,2 % en 1995 al 64,7 % en 2024. La desigualdad persistente, la corrupción, la violencia criminal, el narcotráfico y la incapacidad estatal para convertir las demandas sociales en políticas eficaces alimentan la frustración.
Los datos de LAPOP muestran, sin embargo, que el rechazo no equivale a una renuncia completa al sistema. El 65 % de los latinoamericanos considera que la democracia, con sus deficiencias, es preferible a cualquier otra forma de gobierno. La paradoja es que muchos ciudadanos mantienen esa preferencia mientras aceptan liderazgos fuertes dispuestos a eludir al Congreso, la justicia, la oposición o las garantías de las minorías. El apoyo a la democracia convive así con la tolerancia a fórmulas iliberales cuando estas prometen seguridad, empleo o soluciones rápidas.
Reformas para recuperar confianza
Las propuestas planteadas por los análisis apuntan a reconstruir la legitimidad democrática en varios niveles. No basta con preservar elecciones libres: también se requiere una gestión eficaz, controles efectivos, rendición de cuentas y una separación de poderes que funcione en la práctica. El filósofo Daniel Innerarity ha defendido la necesidad de una teoría política más compleja, capaz de responder a amenazas que combinan instituciones formales con tecnologías de manipulación y nuevas formas de concentración del poder.
En América Latina, esa agenda incluye fortalecer la capacidad fiscal y administrativa del Estado, ampliar la participación ciudadana y combatir la corrupción y la impunidad. La lucha contra el crimen, una de las principales demandas sociales, debe desarrollarse dentro del Estado de derecho y con respeto a los derechos humanos. Al mismo tiempo, la ciudadanía necesita herramientas para reconocer la desinformación, evaluar contenidos digitales y detectar campañas coordinadas que manipulen el debate público mediante algoritmos o inteligencia artificial.
La defensa democrática también exige una respuesta regional. La actualización de la Carta Democrática Interamericana aparece como una de las medidas propuestas para prevenir y responder con mayor eficacia a las nuevas modalidades de autoritarismo. El desenlace sigue abierto: la democracia conserva apoyos sociales e instituciones capaces de resistir, pero su continuidad dependerá de que los gobiernos entreguen resultados sin destruir los límites que los controlan y de que los ciudadanos defiendan esos límites incluso cuando resulten incómodos.
