Francia afronta los últimos 190 días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales con una combinación de malestar social, deterioro de los servicios públicos y creciente incertidumbre política. Las protestas estudiantiles, iniciadas el 17 de septiembre en un instituto de Créteil, se han extendido por el país y han convertido la educación en el principal foco de una contestación que también expresa el rechazo al coste de la vida, a los recortes y a una clase política percibida como distante.
La movilización llega cuando Emmanuel Macron agota su segundo mandato y el Gobierno dispone de un margen financiero limitado. El primer ministro, Sébastien Lecornu, que acaba de cumplir un año en el cargo, intenta contener la protesta mientras afronta una deuda pública equivalente al 120% del producto interior bruto y la presión de los mercados sobre los bonos franceses. La tensión social amenaza así con agravar una sucesión presidencial ya marcada por la falta de liderazgo en el centro y por el avance de las opciones más polarizadas.
Una protesta que comenzó por la falta de profesores
El origen inmediato de la revuelta se encuentra en el instituto Saint-Exupéry de Créteil, en la periferia de París. La ausencia de un docente sin sustituto, pese a la existencia de profesores disponibles para cubrir estas situaciones, desencadenó las primeras protestas. Los retrasos administrativos dejaron a los alumnos sin clases en materias consideradas esenciales y provocaron el bloqueo del centro por parte de los estudiantes, después de que los docentes denunciaran la falta de personal.
En pocas semanas, el conflicto se multiplicó por distintos puntos de Francia. Las movilizaciones desembocaron en una manifestación nacional el 6 de octubre, a la que se incorporaron los sindicatos. Los organizadores cifraron la asistencia en unas 450.000 personas. Dos días después, la plaza de la Bastilla volvió a concentrar a miles de estudiantes. El Gobierno ha ofrecido enviar 3.000 profesores para cubrir vacantes y excluir la educación de los recortes presupuestarios, pero las organizaciones estudiantiles consideran insuficientes esas medidas.
La portavoz de la Unión Estudiantil, Sabrine Kharbach, ha reclamado 10.000 millones de euros y ha definido la movilización como una lucha “histórica”, abierta a demandas de otros colectivos, incluidos los agricultores. El Ejecutivo sostiene que sus propuestas están condicionadas por la situación presupuestaria, mientras los manifestantes advierten de que mantendrán la presión durante las próximas semanas. Las vacaciones escolares, que comienzan el 17 de octubre, podrían ofrecer una pausa, aunque no resolverían las causas del conflicto.
El deterioro de la escuela pública
La protesta se apoya en problemas estructurales que exceden la ausencia puntual de docentes. La educación pública, tradicionalmente considerada uno de los pilares de la República y un instrumento de movilidad social, sufre una carencia de medios especialmente visible en los barrios más empobrecidos, donde también es mayor la presencia de población inmigrante. La falta de profesores, la desigualdad entre centros y la segregación territorial pueden reforzarse mutuamente, reduciendo las oportunidades de los alumnos que dependen en mayor medida de la escuela pública.
La pérdida de atractivo de la profesión docente añade presión al sistema. Según los datos citados en el reportaje, los salarios han retrocedido con respecto al salario mínimo y se sitúan por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En 1980, un profesor comenzaba ganando 2,5 veces el salario mínimo y podía alcanzar cuatro veces esa referencia al final de su carrera. En la actualidad, solo al terminar llega aproximadamente a 2,5 veces el mínimo.
El historiador e hispanista Benoît Pellistrandi considera que existe un malestar real detrás de la movilización, aunque advierte de la influencia partidista de la izquierda radical. A su juicio, los estudiantes expresan una frustración generalizada que no puede explicarse únicamente por la manipulación política. Esa combinación entre reivindicación sectorial y descontento social permite entender por qué el conflicto educativo ha conectado con preocupaciones más amplias sobre el bienestar, la vivienda y el coste de la vida.
Violencia, orden público y disputa política
La extensión de las protestas ha estado acompañada de episodios de violencia. Desde el 17 de septiembre, al menos 6.600 personas han sido arrestadas, en su mayoría menores de edad, según las cifras difundidas en la información. También han resultado heridos unos 700 policías y gendarmes y algo más de 200 manifestantes. Hay al menos 18 investigaciones abiertas por posibles casos de violencia policial, mientras el Gobierno ha comenzado a restringir el uso de granadas aturdidoras y gases.
Los daños contra centros educativos han debilitado la legitimidad de algunas demandas ante una parte de la opinión pública. Pellistrandi sostiene que las imágenes de institutos dañados y de violencia urbana pueden alimentar una reacción favorable a la promesa de orden de Marine Le Pen. Al mismo tiempo, la movilización refuerza a Jean-Luc Mélenchon entre los sectores que interpretan el conflicto como una ruptura con las instituciones. El alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, llegó a justificar el uso de la violencia antes de retractarse, y se convirtió en una figura visible del movimiento por su respaldo a los jóvenes.
El rechazo a Macron es transversal entre los manifestantes. En las marchas se corean consignas que lo presentan como responsable de la crisis y se recuperan fórmulas de protesta asociadas a los chalecos amarillos. Una encuesta publicada por Le Parisien sitúa en el 18% la proporción de franceses que lo consideran un buen presidente, un dato que refleja la profundidad del desgaste al final de su mandato.
Le Pen parte con ventaja en las encuestas
El escenario electoral favorece de momento a Marine Le Pen. El agregador de encuestas de Politico le atribuye un 33% de los votos en la primera vuelta, por delante del ex primer ministro Édouard Philippe, con un 18%, y de Mélenchon, con un 17%. El socialista Raphaël Glucksmann aparece en cuarta posición, con el 11%, aunque la candidatura del Partido Socialista todavía depende de unas primarias celebradas mediante voto electrónico.
En ese proceso compiten Olivier Faure, Raphaël Glucksmann, Jérôme Guedj, Emmanuel Maurel y Ségolène Royal. Si ningún aspirante obtiene la mayoría absoluta, habrá una segunda vuelta. El expresidente François Hollande también observa la contienda con interés y no ha ocultado sus diferencias con Macron, a quien impulsó políticamente como ministro antes de que ambos rompieran relaciones.
Los sondeos proyectan una victoria de Le Pen frente a Philippe o Mélenchon en la segunda vuelta, aunque la campaña podría modificar el equilibrio. Pellistrandi recuerda que la dirigente de la derecha nacionalista ha perdido ventaja en anteriores campañas, mientras que Mélenchon conserva capacidad de movilización, pero paga el coste de su radicalidad. El centroizquierda y el centroderecha carecen, por ahora, de un candidato con suficiente autoridad para disputar el protagonismo a ambos extremos.
Un final de mandato bajo presión
La crisis educativa se ha convertido en un indicador de problemas más profundos: servicios públicos debilitados, desigualdad territorial, pérdida de confianza institucional y una deuda que limita las respuestas del Ejecutivo. Para Macron, la gestión de la protesta determinará la imagen de sus últimos meses en el poder. Para sus posibles sucesores, el conflicto ofrece una oportunidad, pero también un riesgo: Le Pen puede beneficiarse del temor al desorden, mientras Mélenchon necesita demostrar que su movilización puede traducirse en una alternativa de gobierno.
La elección se perfila así como una disputa entre dos respuestas opuestas al descontento: el endurecimiento del orden público y la ruptura con el sistema político. La evolución de las protestas, la capacidad del Gobierno para garantizar las clases y la aparición de una candidatura moderada competitiva serán factores decisivos. Por ahora, la calle y las encuestas apuntan en la misma dirección: el final del ciclo de Macron se desarrolla bajo una presión social que puede condicionar el futuro político de Francia.
