Las informaciones difundidas en los últimos días sobre dominicanos vinculados al conflicto armado entre Rusia y Ucrania han abierto un debate jurídico y político marcado por el uso generalizado de la palabra “mercenarios”. Sin embargo, especialistas en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario advierten que esa calificación no puede aplicarse automáticamente a toda persona extranjera que participe en una guerra, reciba una remuneración o sea incorporada a actividades relacionadas con operaciones militares.
La discusión adquirió relevancia a partir de reportajes que describen la presencia de ciudadanos dominicanos en territorio ruso y su eventual participación en estructuras vinculadas al conflicto. Según las versiones publicadas, algunos habrían viajado tras recibir ofertas laborales para desempeñar funciones de seguridad u otras tareas remuneradas. Posteriormente, de acuerdo con esos relatos, se habrían encontrado en circunstancias diferentes de las que esperaban al momento de ser reclutados.
El reclutamiento aparece como un punto decisivo
La posible existencia de engaño o de información incompleta durante el proceso de contratación constituye un elemento central para evaluar cada caso. Si una persona fue captada para realizar labores civiles o de seguridad y luego trasladada a funciones de combate sin haber recibido información clara, esa circunstancia puede tener consecuencias jurídicas y dificulta sostener, sin más pruebas, que fue reclutada específicamente como mercenaria.
El artículo 47 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 establece una definición estricta. Para que una persona sea considerada mercenario deben concurrir simultáneamente varios requisitos: haber sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, para combatir en un conflicto; participar directamente en las hostilidades; actuar esencialmente con el propósito de obtener una ventaja personal y recibir una remuneración material considerablemente superior a la de combatientes de rango y funciones similares; no ser nacional de una parte en conflicto ni residente en un territorio controlado por ella; no formar parte de sus fuerzas armadas; y no haber sido enviada oficialmente por un Estado que no sea parte para cumplir funciones propias de sus fuerzas armadas.
La naturaleza acumulativa de estos elementos significa que la ausencia de uno solo impide atribuir jurídicamente esa condición conforme a dicha norma. Por ello, la nacionalidad extranjera, el pago de un salario o la participación en un enfrentamiento armado no constituyen pruebas suficientes por sí mismos. También es necesario establecer qué se ofreció durante el reclutamiento, cuál era la función real de la persona, qué tareas desempeñó y bajo qué estructura de mando actuó.
La incorporación a las fuerzas rusas modifica el análisis
Otro aspecto determinante es saber si alguno de los dominicanos fue incorporado formalmente a las Fuerzas Armadas rusas. La integración a una organización militar estatal, la subordinación a una cadena de mando y el sometimiento a normas disciplinarias propias de las fuerzas armadas pueden situar a la persona en una condición jurídica diferente de la de un mercenario.
El hecho de combatir para un Estado extranjero tampoco permite concluir automáticamente que exista mercenarismo. El Derecho Internacional Humanitario distingue entre las categorías jurídicas aplicables a quienes intervienen en un conflicto y exige valorar las circunstancias concretas de cada individuo. Un extranjero incorporado oficialmente a las fuerzas armadas de una de las partes puede ser considerado combatiente, aunque su situación no elimina la necesidad de investigar posibles abusos, engaños, violaciones laborales o responsabilidades penales.
La clasificación jurídica tiene efectos prácticos. La condición de combatiente, cuando corresponde, se relaciona con el régimen aplicable durante las hostilidades y con la protección prevista por el derecho de la guerra. En cambio, la etiqueta de mercenario puede influir en la posibilidad de reclamar ciertos derechos asociados al estatuto de combatiente o de prisionero de guerra, siempre dentro de las reglas aplicables y de la evaluación de cada caso. Por esa razón, no debe emplearse como una descripción periodística genérica ni como un calificativo basado en impresiones.
Pruebas antes que conclusiones
La doctrina especializada y los análisis del Comité Internacional de la Cruz Roja han subrayado durante décadas el carácter excepcional de la figura. Estudios de autores como Antonio Cassese y Diana Hernández Hoyo también han insistido en que no todo combatiente extranjero es mercenario. Esa interpretación responde a la propia redacción del artículo 47, que exige la concurrencia de condiciones específicas difíciles de demostrar de manera completa.
Hasta ahora, las informaciones públicas describen situaciones diversas y no permiten establecer una conclusión uniforme sobre todos los dominicanos vinculados al conflicto. La existencia de contratos, promesas laborales, pagos, desplazamientos o presencia en zonas de combate debe ser contrastada con documentos, testimonios, comunicaciones de reclutamiento y registros de incorporación militar. Sin ese conjunto probatorio, cualquier afirmación categórica corre el riesgo de convertir una hipótesis en una conclusión jurídica.
El debate público sobre la participación de ciudadanos dominicanos en la guerra ruso-ucraniana es legítimo, especialmente porque puede involucrar posibles engaños, vulnerabilidad económica, trata de personas, incumplimientos contractuales o responsabilidades de quienes realizaron el reclutamiento. Pero la preocupación por esas situaciones no justifica utilizar categorías jurídicas de forma imprecisa. La investigación debe diferenciar entre quienes fueron engañados, quienes aceptaron funciones de seguridad, quienes se incorporaron formalmente a una fuerza armada y quienes eventualmente cumplieron todos los requisitos establecidos para ser considerados mercenarios.
Mientras no se acrediten de manera simultánea los elementos previstos por el Derecho Internacional Humanitario, no existe base suficiente para afirmar que todos los dominicanos involucrados son mercenarios. La determinación depende de los hechos individuales, de la documentación disponible y de una evaluación técnica que respete tanto las normas internacionales como los derechos de las personas afectadas. En este asunto, la precisión jurídica no es un detalle académico: es la condición necesaria para informar con responsabilidad y evitar que una etiqueta sustituya a la investigación.
