La Comunidad del Caribe (CARICOM) atraviesa una creciente divergencia sobre la forma de tratar con Estados Unidos. Mientras Guyana y Trinidad y Tobago refuerzan su aproximación estratégica a Washington, Barbados, Granada, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda recurren con mayor intensidad al multilateralismo y al derecho internacional para preservar su autonomía. Entre ambos extremos, varios gobiernos intentan cooperar con la potencia hemisférica sin quedar atados a sus prioridades.
El resultado no es una fractura formal del bloque ni una división sencilla entre países proestadounidenses y antiestadounidenses. Es, más bien, un abanico de estrategias con las que los pequeños Estados caribeños tratan de administrar una relación profundamente asimétrica. Esa diferencia de enfoques puede ampliar el margen de maniobra de cada gobierno por separado, pero también reducir la capacidad de la CARICOM para hablar con una sola voz en los asuntos regionales.
Tres respuestas ante una misma presión
La evolución reciente puede entenderse a partir de tres comportamientos diplomáticos. Guyana y Trinidad y Tobago se aproximan al alineamiento con Washington, conocido en la teoría de las Relaciones Internacionales como bandwagoning: buscan incrementar su seguridad, sus oportunidades económicas y su peso internacional mediante vínculos más estrechos con la potencia dominante.
En el caso de Trinidad y Tobago, la disposición a adaptarse a las preferencias estadounidenses aparece de manera especialmente explícita. Guyana, por su parte, muestra cómo una dependencia elevada en materia de seguridad puede traducirse en señales diplomáticas compatibles con la agenda de Washington. Haití también se encuentra condicionado por la relación con Estados Unidos, aunque en su caso el alineamiento responde más a la necesidad que a una decisión estratégica plenamente libre.
Bahamas, Jamaica y Belice ocupan una zona intermedia. Cooperan con Washington cuando existe coincidencia de intereses, pero conservan canales de acción a través de la CARICOM y de las instituciones multilaterales. Dominica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Surinam practican un hedging más marcado: combinan el compromiso práctico con Estados Unidos con la resistencia a determinados aspectos de su agenda, tratando de evitar una dependencia completa.
En el extremo opuesto se sitúan Barbados, Granada, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda. Sus gobiernos privilegian un equilibrio institucional, apoyado en la igualdad soberana, las normas internacionales y los organismos multilaterales. No se trata necesariamente de rechazar toda cooperación con Washington, sino de impedir que la proximidad geográfica se convierta en subordinación política.
Una tensión que viene de lejos
La disputa actual se inscribe en una tradición diplomática formada después de las independencias. La CARICOM fue creada en 1973 y reúne a 15 países con el propósito de impulsar la integración, coordinar posiciones exteriores y actuar conjuntamente frente a desafíos económicos, sociales y de seguridad. Salvo Haití, independiente desde 1804, los demás Estados soberanos del bloque alcanzaron la independencia entre las décadas de 1960 y 1980.
Ese pasado explica la importancia que sus tratados conceden a la coordinación exterior. Para países con recursos limitados y escaso peso individual, la acción colectiva ofrece una forma de compensar la desigualdad material. El no alineamiento, el multilateralismo y la defensa de la soberanía permitieron durante décadas mantener relaciones con Estados Unidos sin abandonar por completo la autonomía estratégica.
La invasión estadounidense de Granada en 1983 expuso los límites de ese consenso. Algunos gobiernos caribeños respaldaron la intervención, mientras otros la denunciaron como una vulneración de la soberanía. La experiencia dejó una lección que sigue vigente: la cercanía económica y geográfica con Washington no produce automáticamente una interpretación compartida sobre el uso del poder estadounidense.
El factor que ha cambiado el cálculo
La administración Trump ha sometido esa tradición a una presión renovada mediante una actitud más asertiva hacia los asuntos del hemisferio. La asimetría entre Estados Unidos y los países caribeños no es nueva, pero sí está cambiando el entorno en el que debe gestionarse. También aumenta el costo de equivocarse: una decisión nacional puede ofrecer beneficios inmediatos en seguridad o inversión, pero generar consecuencias para la coordinación regional.
El análisis del teórico Stephen M. Walt resulta útil para ordenar esta realidad. Ante una potencia dominante, los Estados más débiles pueden alinearse con ella, equilibrar sus relaciones entre competidores o contrarrestar su influencia mediante alianzas e instituciones. En la CARICOM, esas categorías no son identidades permanentes. Describen tendencias que pueden modificarse según el gobierno de turno, las necesidades económicas, las amenazas de seguridad y la evolución de la competencia entre grandes potencias.
La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, encarna una visión de transformación multilateral: reformar las reglas e instituciones internacionales para ampliar la capacidad de acción de los países pequeños. La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, representa una lógica más pragmática, basada en aprovechar los vínculos con los centros de poder existentes. La diferencia entre ambas no es solo personal; expresa dos respuestas sobre dónde debe construirse la influencia caribeña.
La paradoja del poder colectivo
La principal consecuencia de esta dispersión puede ser menos visible que una ruptura diplomática, pero más importante a largo plazo. Si los gobiernos negocian individualmente con Washington, algunos obtendrán ventajas específicas y podrán responder con rapidez a sus propias urgencias. Sin embargo, al reducir la coordinación, también debilitan el mecanismo que permite a la región convertir muchos Estados pequeños en un interlocutor relevante.
La CARICOM enfrenta así una paradoja: la diversidad estratégica puede aumentar la autonomía nacional en el corto plazo, mientras erosiona la influencia colectiva que protege esa misma autonomía. Su desafío no consiste en adoptar una única postura frente a Estados Unidos, sino en preservar procedimientos comunes, líneas mínimas de coordinación y una defensa compartida de la soberanía. En un sistema internacional más multipolar y competitivo, la capacidad del bloque dependerá de que sus diferencias funcionen como flexibilidad diplomática y no como fragmentación permanente.
