La discusión sobre el servicio público en la República Dominicana no debería reducirse a la conducta individual de un funcionario ni a la llegada de una nueva administración. El problema central es más profundo: cómo lograr que las instituciones actúen con continuidad, capacidad técnica y sentido de responsabilidad frente a ciudadanos que no solicitan favores, sino servicios y respuestas garantizados por la ley.
La Ley 41-08 de Función Pública y el artículo 138 de la Constitución establecen principios como profesionalización, eficacia, objetividad, igualdad, transparencia y economía. La Ley 107-13, por su parte, regula derechos y deberes en las relaciones entre las personas y la Administración Pública. El marco normativo existe. La dificultad aparece cuando esos principios dejan de convertirse en procedimientos claros, decisiones imparciales y soluciones verificables.
El Estado permanece cuando cambian los gobiernos
Una administración gubernamental puede cambiar cada cuatro años, pero las instituciones públicas deben conservar el conocimiento necesario para cumplir sus funciones. Confundir el Estado con el gobierno de turno provoca que cada transición se interprete como una oportunidad para reemplazar equipos, alterar prioridades sin evaluación y comenzar proyectos desde cero.
La carrera administrativa busca precisamente proteger la continuidad institucional mediante el mérito, la estabilidad y el desarrollo profesional. Esto no significa que todos los cargos públicos tengan el mismo régimen ni que la permanencia deba convertirse en un privilegio absoluto. Significa reconocer que una institución pierde capacidades cuando desaparecen, sin una evaluación objetiva, las personas que conocen sus procesos, usuarios, riesgos y responsabilidades.
La rotación excesiva tiene consecuencias concretas. Se pierden experiencias, se interrumpen iniciativas, se debilitan las relaciones entre organismos y aumentan los tiempos de aprendizaje. El costo rara vez aparece de inmediato en un informe financiero, pero termina reflejándose en trámites más lentos, decisiones menos consistentes y recursos públicos utilizados para reconstruir capacidades que ya existían.
Lealtad institucional no es obediencia sin criterio
La lealtad de un servidor público debe dirigirse a la Constitución, las leyes y el interés general, no exclusivamente a quien lo nombró o al superior que imparte una instrucción. Una orden jerárquica no elimina la responsabilidad profesional de quien la ejecuta, especialmente cuando puede contradecir procedimientos establecidos o afectar derechos ciudadanos.
Esta exigencia también alcanza a las autoridades. No es coherente reclamar integridad a los empleados mientras la dirección institucional tolera contrataciones opacas, decisiones sin motivación, compras deficientes o respuestas evasivas. La ética pública no se demuestra únicamente mediante códigos o declaraciones formales; se observa en la manera de contratar, adquirir, decidir, atender reclamos y rendir cuentas.
La protección del buen servidor público forma parte del mismo desafío. La estabilidad legítima no debe amparar la negligencia ni la impunidad, pero la autoridad jerárquica tampoco puede convertirse en una amenaza contra quien señala una irregularidad, solicita sustento legal o propone corregir un procedimiento. Las instituciones necesitan mecanismos que distingan la crítica responsable de la insubordinación y el incumplimiento deliberado.
Profesionalizar significa producir mejores resultados
La capacitación es necesaria, pero no basta para demostrar profesionalización. Un servidor público puede acumular cursos y títulos sin que mejore la experiencia de quienes utilizan un servicio. La formación adquiere valor cuando permite reducir errores, simplificar trámites, utilizar mejor los recursos y resolver problemas con mayor rapidez y precisión.
La transformación digital plantea una prueba especialmente clara. Digitalizar un formulario no moderniza por sí solo una institución si el ciudadano sigue entregando documentos que el Estado ya posee, debe repetir información ante distintas oficinas o enfrenta los mismos retrasos en una pantalla que antes padecía en una ventanilla. La tecnología debe eliminar pasos innecesarios, facilitar el seguimiento y producir decisiones más transparentes, no trasladar la burocracia a otro formato.
La modernización requiere articular tres componentes: personas competentes, procesos eficientes y herramientas adecuadas. Si falta cualquiera de ellos, la innovación se vuelve superficial. Un sistema tecnológico no corrige un procedimiento mal diseñado; una capacitación aislada no compensa una organización desordenada; y un proceso eficiente puede fracasar si no existe personal preparado para aplicarlo.
La experiencia ciudadana como medida de eficiencia
Expresiones como “vuelva mañana”, “eso no me corresponde” o “el sistema está caído” suelen revelar más que una mala actitud individual. También pueden indicar ausencia de coordinación, falta de protocolos o una estructura que no asigna responsabilidades con claridad. Una institución organizada debe explicar lo ocurrido, orientar al usuario y ofrecer una respuesta dentro de sus competencias, incluso cuando la respuesta final sea negativa.
La ciudadanía debería poder conocer los requisitos de un trámite, el plazo razonable para obtener una respuesta, la autoridad responsable y los mecanismos disponibles para reclamar. Las decisiones deben estar fundamentadas y el trato debe ser digno. Estos elementos no son concesiones administrativas: forman parte de una relación basada en derechos y obligaciones.
Por eso, la evaluación de una institución no puede limitarse al presupuesto ejecutado, al número de actividades realizadas o a la cantidad de informes publicados. También debe preguntar cuántos problemas fueron resueltos, cuánto tiempo se ahorró a las personas, cuántos requisitos innecesarios se eliminaron y qué mejoras permanecieron después de un cambio de gobierno.
Cinco compromisos para recuperar la confianza
Una política pública orientada al servicio debería fortalecer el ingreso y el desarrollo por mérito, proteger la memoria institucional, simplificar los procesos desde la experiencia del usuario, establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reconocer a quienes generan mejoras comprobables. Estos compromisos no dependen únicamente de nuevas leyes; requieren voluntad directiva, indicadores útiles y seguimiento constante.
También exigen reconocer las condiciones de quienes sostienen diariamente los servicios públicos. En oficinas, hospitales, escuelas, municipios y organismos técnicos, muchos empleados trabajan con recursos limitados, cargas administrativas elevadas y procedimientos que dificultan su desempeño. La excelencia no puede reclamarse indefinidamente sin proporcionar capacitación pertinente, herramientas adecuadas, evaluaciones justas y condiciones laborales dignas.
La República Dominicana no necesita servidores públicos perfectos, sino instituciones capaces de atraer y proteger a personas competentes, íntegras y comprometidas. El poder público tiene límites, los recursos pertenecen a la sociedad y cada cargo implica una responsabilidad adicional, no una superioridad personal. La verdadera transformación comenzará cuando servir deje de ser una consigna utilizada en los discursos y se convierta en el criterio cotidiano para organizar, decidir y responder.
