La violencia registrada durante las protestas estudiantiles francesas ha convertido el uso de armas llamadas no letales en una crisis política y de derechos humanos. La amputación de la mano de un alumno de 15 años en Lens, tras la explosión de una granada aturdidora frente a su instituto, no es un episodio aislado: en las mismas semanas, otros menores perdieron un ojo, sufrieron daños graves en la visión o quedaron con la mandíbula destrozada. La cuestión ya no es solo cómo dispersar una manifestación, sino qué nivel de daño está dispuesto a asumir el Estado para recuperar el control de la calle.
Cuatro menores heridos, una misma pregunta
El caso de Lens concentra la gravedad del momento. El 5 de octubre, una granada estalló junto a un estudiante y los médicos tuvieron que amputarle la mano. Tres días antes, un joven de 16 años había perdido un ojo durante el bloqueo de su centro en Tours. En Argenteuil, otro adolescente de la misma edad sufrió una pérdida parcial de visión después de recibir el impacto de un proyectil de goma LBD. Un alumno de 14 años resultó herido en la cara por un lanzagranadas Cougar, empleado por los CRS para dispersar a los manifestantes, con lesiones que le destrozaron la mandíbula.
La sucesión de casos modifica la naturaleza del debate. No se trata de un daño excepcional producido en un enfrentamiento entre adultos armados, sino de lesiones irreversibles sufridas por estudiantes en las inmediaciones de sus centros educativos. La edad de las víctimas obliga a examinar con mayor rigor la proporcionalidad de cada intervención, la identificación de las amenazas y la formación de los agentes que operan en escenarios con menores.
El cambio de criterio del Interior alimenta la desconfianza
La respuesta del Gobierno ha añadido incertidumbre. Después de la amputación del alumno de Lens, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció la suspensión de este tipo de armamento durante el movimiento estudiantil. Sin embargo, posteriormente autorizó su utilización en las protestas del 17 de octubre. Ese giro no solo debilitó el mensaje inicial de prudencia: también dejó la impresión de que la política de seguridad podía variar según la presión del momento.
Aquel día, la violencia volvió a dejar un balance especialmente grave. Un joven de 17 años perdió la mano derecha por la explosión de una granada en Saint-Étienne y otros dos, de la misma edad, perdieron la visión de un ojo en Mulhouse y Dijon. El Gobierno prepara ahora un despliegue excepcional para la manifestación del 24 de octubre, con la participación anunciada de unidades como la RAID, la BRI y el GIGN, además de vehículos blindados Centaure. La decisión revela que las autoridades interpretan la movilización como un problema de orden público de máxima intensidad, aunque también puede aumentar la percepción de una respuesta militarizada frente a protestas sociales.
LBD y granadas GM2L: el problema está en el diseño y en el uso
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Consejo de Europa reclaman desde 2019 la suspensión de los LBD-40 y de las granadas GLI-F4. Los primeros disparan proyectiles de impacto cinético cuya precisión resulta limitada, mientras que las segundas combinan gas lacrimógeno, ruido, onda expansiva y destello. Las granadas GM2L, sucesoras de las GLI-F4 y actualmente utilizadas, mantienen una combinación de efectos que puede producir quemaduras, amputaciones, lesiones oculares y daños auditivos, especialmente cuando se emplean a corta distancia o en espacios con pocas vías de escape.
La crítica de Anja Bienert, del programa de Policía y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, apunta a una contradicción central: el gas pretende obligar a los manifestantes a dispersarse, pero la explosión aturde y puede impedirles reaccionar o huir. La mezcla de efectos no constituye necesariamente una mayor eficacia; puede convertir una maniobra de control en una fuente indiscriminada de lesiones. Cuando el margen de error de un arma incluye la pérdida de una mano o de un ojo, la obligación de justificar su empleo debería ser extraordinariamente estricta.
Quince años de escalada y una deuda de control
La experiencia de los chalecos amarillos demuestra que el problema no comenzó con las protestas estudiantiles. Según datos presentados en la Asamblea Nacional, 32 manifestantes perdieron un ojo en las movilizaciones de 2018 y 2019; un estudio de la Universidad de Montpellier Paul-Valéry registró además miles de heridos y seis personas que perdieron una mano. Entre las víctimas se encuentra Jérôme Rodrigues, alcanzado en el rostro por un LBD en París en 2019 mientras sostenía un bocadillo y un teléfono. Ocho años y medio después, el agente que efectuó el disparo aún no ha sido condenado y el juicio está previsto para junio de 2027.
Para el abogado Arié Alimi, ese caso refleja una transformación profunda del mantenimiento del orden: la prioridad habría pasado de separar a la policía de la multitud a buscar un contacto directo con los manifestantes. También señala el despliegue de unidades no especializadas, como la Brigada Anticriminalidad o las Fuerzas de Seguridad e Intervención, en tareas para las que no siempre cuentan con formación específica. El resultado es una cadena de responsabilidades difícil de aislar: armas imprecisas, protocolos insuficientes, unidades inadecuadas y procesos judiciales prolongados.
Las medidas planteadas por los defensores de derechos humanos parten de esa cadena. Incluyen protocolos de desescalada, formación y supervisión más exigentes, la prohibición de armas capaces de causar mutilaciones y políticas sociales que reduzcan la presión que origina las protestas. La seguridad pública no se mide únicamente por la rapidez con que se despeja una calle. También por la capacidad de preservar la integridad de quienes protestan, especialmente cuando son menores, y de garantizar que una intervención policial no deje daños irreparables sin una justificación clara.
