La segunda vuelta presidencial de Brasil, prevista para el 25 de octubre, ha convertido la política ambiental en uno de los principales puntos de contraste entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. La elección enfrenta dos proyectos con diferencias sustanciales sobre la protección de la Amazonía, la fiscalización de la deforestación y el papel de la explotación minera y petrolera en el desarrollo nacional.
El medio ambiente había ocupado un lugar secundario durante buena parte de la campaña, pero regresó al centro del debate después del aumento de los incendios forestales y de la publicación de nuevos datos sobre la reducción de la pérdida de bosques. En una región sometida simultáneamente a la presión económica y a fenómenos climáticos extremos, el resultado electoral podría determinar si Brasil profundiza las políticas de control ambiental o modifica su orientación en favor de una mayor apertura extractiva.
Una campaña marcada por el fuego y la deforestación
Durante las dos primeras semanas de octubre se registraron más de 1.600 incendios forestales en el estado de Amazonas, dentro de la Amazonía Legal. La cifra representa un aumento del 253% frente al mismo periodo del año anterior. En todo el bioma amazónico, los focos de incendio se triplicaron desde el 4 de octubre, cuando se celebró la primera vuelta presidencial.
El ministro de Medio Ambiente, João Paulo Capobianco, ha señalado que existen indicios de un posible esfuerzo premeditado para iniciar parte de los incendios y ha prometido identificar a los responsables. Desde la oposición, aliados de Bolsonaro utilizaron la emergencia para acusar al Gobierno de Lula de no actuar con suficiente rapidez. Tarcísio de Freitas, gobernador reelegido de São Paulo, calificó de “hipócrita” al Partido de los Trabajadores y afirmó que había desaparecido mientras la Amazonía ardía.
Lula respondió que el Gobierno federal estaba enviando recursos para apoyar las operaciones de combate al fuego. Natalie Unterstell, especialista brasileña en políticas climáticas, considera que ambas partes han convertido los incendios en un instrumento de confrontación electoral. A su juicio, la emergencia no puede utilizarse únicamente para atacar al Gobierno, del mismo modo que la caída de la deforestación no basta para afirmar que el problema está resuelto.
Los avances de Lula y sus contradicciones
El Gobierno de Lula ha presentado como uno de sus principales resultados la reducción de la deforestación amazónica. Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales publicados el 16 de octubre, la pérdida de bosque entre agosto de 2025 y julio de 2026 alcanzó el nivel más bajo de las series históricas iniciadas en 1988.
El mandatario también ha defendido la meta de llegar a una deforestación neta cero en 2030 y ha respaldado la demarcación de tierras indígenas, una demanda central de las comunidades amazónicas. Sin embargo, la continuidad de esa agenda tendría que enfrentar un Congreso con mayor peso de la derecha y una fuerte influencia del agronegocio, factores que podrían dificultar nuevas medidas de protección o limitar el presupuesto de fiscalización.
La política ambiental de Lula tampoco está libre de tensiones. El presidente impulsa la expansión de la exploración petrolera en la Amazonía y frente a las costas brasileñas. Su argumento es que los ingresos de los hidrocarburos pueden financiar la transición hacia una economía menos dependiente de los combustibles fósiles. Para sus críticos, esa estrategia contradice los objetivos climáticos, porque la expansión de la producción de petróleo y gas aumenta las emisiones mientras el país intenta proteger los bosques.
Suely Araujo, politóloga del Observatorio del Clima, sostiene que la Amazonía debería convertirse en una zona libre de explotación de petróleo y gas, o al menos permanecer cerrada a nuevas fronteras extractivas. La controversia revela que la diferencia entre reducir la deforestación y transformar el modelo energético es decisiva: el primer objetivo puede mejorar los indicadores forestales, pero no elimina las emisiones vinculadas a la extracción y al consumo de hidrocarburos.
El programa de Flávio Bolsonaro bajo escrutinio
Flávio Bolsonaro afirma que buscará detener la deforestación ilegal para 2029, un año antes de la meta planteada por Lula, y promete incentivos económicos para conservar y restaurar los bosques. Su equipo de campaña asegura que protegerá a quienes mantengan en pie la vegetación y preserven los ríos.
No obstante, el candidato no ha presentado detalles suficientes sobre los mecanismos de control ni sobre el futuro de las instituciones ambientales. La insistencia en el término “ilegal” genera dudas entre los especialistas, que temen que algunas actividades actualmente prohibidas sean autorizadas mediante cambios normativos y queden fuera de la fiscalización. Taciana Stec, del centro de análisis Talanoa, advierte que el riesgo no reside solo en incumplir las normas vigentes, sino en modificar el alcance de lo que se considera una infracción.
Las reservas también se explican por el legado del Gobierno de Jair Bolsonaro, padre del candidato, que gobernó entre 2019 y 2022. Durante ese periodo, la deforestación amazónica aumentó cerca de un 60% y se talaron aproximadamente 45.000 kilómetros cuadrados, según datos oficiales. Además, se debilitaron los mecanismos de control, no se demarcó ninguna nueva tierra indígena y avanzaron las invasiones asociadas a la minería ilegal, con consecuencias especialmente graves para el pueblo yanomami.
Flávio Bolsonaro ha defendido varias decisiones de esa administración y ha expresado escepticismo sobre el cambio climático. En una entrevista de agosto, describió los fenómenos extremos como eventos cíclicos y sostuvo que el principal problema amazónico era criminal, no ambiental. También propuso que las comunidades indígenas tuvieran libertad para decidir si cultivan, arriendan o autorizan la minería en sus territorios.
Una elección condicionada por el clima
La presión sobre la Amazonía no depende únicamente del resultado electoral. Brasil sufrió en 2023 una sequía histórica que dejó ríos en niveles excepcionalmente bajos, aisló comunidades, provocó mortandad de peces y afectó el transporte, el abastecimiento y la salud. Los expertos prevén que el regreso de El Niño en 2026 pueda intensificar la falta de lluvias y los incendios.
En ese contexto, la elección definirá tanto la orientación de las políticas públicas como la capacidad del Estado para responder a una crisis que combina cambio climático, expansión agrícola, minería ilegal y extracción de combustibles fósiles. La disputa entre Lula y Bolsonaro no ofrece una alternativa completamente libre de contradicciones, pero sí plantea una diferencia central: mantener una agenda de conservación con conflictos internos o avanzar hacia un modelo que otorgue más espacio a la explotación económica de la Amazonía.
