La presentación del Índice Regional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Perú 2026 coloca en el centro del debate una dificultad que excede la medición de indicadores: la capacidad del Estado para transformar las prioridades nacionales en mejoras concretas y diferenciadas según el territorio. El llamado del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) a concentrar esfuerzos en salud, educación, reducción de la pobreza y empleo reconoce que las brechas regionales no responden a una sola causa. También advierte que los promedios nacionales pueden ofrecer una imagen incompleta de la realidad, especialmente cuando ocultan contrastes entre regiones con capacidades institucionales, estructuras productivas y niveles de acceso a servicios muy distintos.
La identificación de estas diferencias puede mejorar la asignación de recursos y ayudar a ordenar una agenda pública que con frecuencia se dispersa entre múltiples programas. Sin embargo, el valor del índice dependerá de que sus resultados sean utilizados para tomar decisiones y no solo para describir la situación del país. Medir las brechas es un paso necesario, pero insuficiente: el impacto dependerá de la calidad de los datos, de la coordinación entre niveles de gobierno y de la capacidad de ejecutar políticas sostenidas en el tiempo.
Una lectura territorial puede corregir las limitaciones de los promedios
La comparación entre Moquegua y Loreto, mencionada por el titular del Ceplan como ejemplo de distintos ritmos de desarrollo, muestra por qué una política uniforme puede producir resultados desiguales. Una región con mayores ingresos, mejor infraestructura o más capacidad administrativa puede aprovechar un programa público de manera distinta a otra que enfrenta dispersión poblacional, dificultades de conectividad, limitada presencia estatal o dependencia de actividades económicas vulnerables.
El enfoque territorial ofrece una ventaja relevante: permite distinguir entre la falta de cobertura de un servicio y la baja calidad de sus resultados. En salud, por ejemplo, no basta con contabilizar establecimientos o personal disponible si persisten demoras, desabastecimiento, dificultades de traslado o problemas para atender a poblaciones indígenas y rurales. En educación, la matrícula puede aumentar sin que ello se traduzca en aprendizajes adecuados. En empleo, una mejora cuantitativa puede ocultar informalidad, bajos ingresos o escasa protección social.
Una lectura más fina de los indicadores también puede beneficiar a las autoridades regionales y locales, porque les proporciona argumentos para priorizar intervenciones y negociar recursos con el Gobierno nacional. Para la ciudadanía, la información territorial puede facilitar el seguimiento de compromisos y hacer más visible la desigualdad entre provincias y distritos que suelen quedar diluidos dentro de las cifras regionales.
El riesgo aparece cuando los rankings se interpretan como una clasificación simple de regiones “exitosas” y “rezagadas”. Esa lectura puede estigmatizar a los territorios con peores resultados y omitir las condiciones históricas que explican sus dificultades. Además, un índice agregado puede esconder avances importantes en determinados sectores o localidades. Por ello, los resultados deberían acompañarse de diagnósticos cualitativos y de información desagregada que permita identificar qué políticas funcionan, para quiénes y bajo qué condiciones.
Vincular el presupuesto con los planes puede elevar la eficacia estatal
La mesa de trabajo entre el Ceplan y el Ministerio de Economía y Finanzas apunta a uno de los problemas más persistentes de la gestión pública: la distancia entre lo que los planes declaran y aquello que finalmente se financia y ejecuta. Si las prioridades estratégicas no tienen una correspondencia clara con los programas presupuestales, las metas pueden quedar reducidas a documentos de orientación sin capacidad real para modificar la vida de la población.
Una mejor articulación permitiría ordenar el gasto en torno a resultados medibles, evitar duplicidades y detectar programas que consumen recursos sin contribuir de forma demostrable a cerrar brechas. También podría facilitar compromisos plurianuales en sectores donde los cambios requieren tiempo, como la formación docente, la atención primaria de salud, la infraestructura de agua y saneamiento o la promoción de actividades productivas.
Esta conexión, no obstante, implica desafíos técnicos y políticos. Los presupuestos públicos se elaboran bajo restricciones fiscales, reglas rígidas y ciclos anuales que no siempre coinciden con los plazos de los planes nacionales. Además, una reducción presupuestal en una intervención puede afectar temporalmente a comunidades que todavía no cuentan con alternativas. La búsqueda de eficiencia no debería convertirse en un argumento automático para retirar recursos de territorios vulnerables sin evaluar el impacto social de la decisión.
Existe también el riesgo de que la vinculación entre planes y presupuesto se limite a una adecuación formal de categorías y metas. Si los indicadores se diseñan para cumplir requisitos administrativos, pero no reflejan cambios sustantivos en la población, el sistema puede generar una apariencia de coherencia sin mejorar la gestión. La calidad de la articulación dependerá de que las metas sean realistas, verificables y atribuyan responsabilidades claras a cada entidad.
La coordinación entre gobiernos será decisiva, pero no está garantizada
Las brechas regionales no pueden resolverse únicamente desde Lima ni mediante acciones aisladas de los gobiernos regionales y locales. La salud, la educación, el empleo y la pobreza están conectados con infraestructura, transporte, seguridad, conectividad digital, gestión ambiental y desarrollo productivo. Esa interdependencia exige que las autoridades compartan información, definan objetivos comunes y establezcan mecanismos para resolver conflictos de competencia.
En la práctica, la coordinación enfrenta incentivos débiles. Los gobiernos pueden priorizar obras visibles o proyectos con beneficios políticos inmediatos, aunque no sean los más relevantes para las metas de desarrollo. Los cambios frecuentes de funcionarios también dificultan la continuidad de acuerdos y obligan a reiniciar procesos técnicos. La propuesta de incorporar al sector privado y a la academia podría aportar capacidades, innovación y seguimiento independiente, pero debe establecer límites transparentes para evitar que intereses particulares definan prioridades públicas.
La participación empresarial puede ser especialmente útil en la generación de empleo formal, la capacitación y la provisión de soluciones tecnológicas en zonas con potencial productivo. Sin embargo, no todas las regiones ofrecen las mismas condiciones de inversión y las empresas tenderán a concentrarse donde existan mejores mercados, infraestructura y seguridad jurídica. Si la colaboración no incluye criterios de equidad territorial, podría reforzar la concentración económica en las zonas más desarrolladas.
La academia, por su parte, puede contribuir con evaluación de impacto y análisis de datos, aunque sus aportes requieren canales institucionales estables y acceso oportuno a información pública. La coordinación no se sostiene solo con mesas de trabajo; necesita cronogramas, responsables, recursos y mecanismos para informar qué acuerdos se cumplieron y cuáles no.
Medir la capacidad estatal obliga a mirar más allá de la cobertura
La revisión del Índice de Capacidad Estatal aplicado por el Ceplan desde 2015 abre una oportunidad para mejorar la evaluación de las intervenciones públicas. Distinguir entre la existencia de un servicio y los resultados que produce es fundamental. Un hospital puede estar construido y registrado en las estadísticas, pero seguir sin resolver problemas de atención; una escuela puede funcionar regularmente y aun así no garantizar aprendizajes; un programa de empleo puede capacitar personas sin lograr su inserción laboral.
Medir resultados permite orientar la discusión hacia la eficacia y no únicamente hacia el gasto ejecutado. También ayuda a identificar si una política produce beneficios sostenibles o si sus efectos desaparecen cuando termina el financiamiento. Para que esta evaluación sea creíble, los indicadores deben considerar diferencias demográficas, geográficas y sociales, y deben evitar atribuir al Estado cambios que dependen de factores externos, como el ciclo económico, los precios internacionales o los desastres naturales.
La medición puede generar resistencias institucionales. Las entidades con peores resultados podrían percibir los indicadores como instrumentos de sanción, lo que incentivaría la subdeclaración de problemas o la selección de metas fáciles de alcanzar. Para reducir ese riesgo, el sistema debería combinar exigencia con asistencia técnica, publicar metodologías comprensibles y distinguir entre fallas de gestión y restricciones estructurales que requieren una respuesta nacional.
El horizonte de 2030 exige continuidad y capacidad de ajuste
El plazo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible impone presión para acelerar decisiones, pero también puede favorecer respuestas de corto plazo orientadas a mejorar cifras antes que condiciones de vida. La proximidad de las metas no debería llevar a abandonar intervenciones preventivas o reformas institucionales cuyos resultados aparecen lentamente. La reducción sostenible de la pobreza y la mejora de los aprendizajes, por ejemplo, dependen de políticas acumulativas y no de medidas aisladas.
La principal incertidumbre está en la continuidad política y fiscal. Los cambios de autoridades pueden alterar prioridades, mientras que una desaceleración económica, una emergencia climática o una crisis sanitaria puede desplazar recursos hacia necesidades inmediatas. En ese contexto, contar con planes consensuados y sistemas de información comparables ofrece una base para ajustar las políticas sin perder el rumbo. Pero la planificación solo conservará legitimidad si se traduce en decisiones visibles y si la población puede verificar sus avances.
El desafío para el Perú no consiste únicamente en elevar su desempeño promedio, sino en reducir la distancia entre regiones y dentro de cada región. La agenda planteada por el Ceplan puede orientar una acción pública más focalizada y responsable, siempre que los índices se utilicen para distribuir oportunidades, no para etiquetar territorios; que el presupuesto responda a prioridades demostrables y que la coordinación sobreviva a los ciclos políticos. La promesa de no dejar a nadie atrás dependerá, en última instancia, de la capacidad institucional para convertir la evidencia en servicios de calidad y resultados que puedan ser comprobados por quienes más necesitan al Estado.
