La Pre-COP31 celebrada en Fiji entre el 5 y el 8 de octubre dejó una señal política que trasciende al Pacífico: la discusión climática se desplaza cada vez más desde la promesa de reducir emisiones hacia la urgencia de proteger a las poblaciones que ya enfrentan sequías, tormentas, inseguridad alimentaria y pérdidas económicas. La Declaración de Taku Pakasoa, impulsada por países insulares, colocó cuatro demandas en el centro de la agenda: preservar el límite de 1.5 grados Celsius, ampliar el financiamiento climático, reconocer el papel de los océanos y dar mayor peso a las comunidades afectadas.
Para Guatemala, el encuentro ofrece una oportunidad diplomática y financiera, pero también expone una debilidad interna: el reconocimiento internacional de la vulnerabilidad no garantiza por sí mismo que los recursos lleguen a los territorios que los necesitan. El país enfrenta riesgos comparables, aunque con una geografía distinta. Las sequías del Corredor Seco, las tormentas tropicales, la degradación de suelos y la precariedad de la infraestructura rural forman una cadena de impactos que puede intensificarse si la adaptación continúa dependiendo de respuestas de emergencia.
La adaptación deja de ser un asunto sectorial
El principal efecto político de la Pre-COP31 es la consolidación de la adaptación como una prioridad de desarrollo. Durante años, buena parte del debate climático se concentró en la reducción de emisiones, una tarea indispensable pero insuficiente para países cuya contribución al calentamiento global es limitada y cuyos daños ya son visibles. El mensaje de Fiji refuerza la exigencia de que las naciones vulnerables reciban apoyo para proteger agua, agricultura, vivienda, salud y sistemas de alerta.
En Guatemala, esa perspectiva puede modificar la manera en que se diseñan las políticas públicas. La seguridad hídrica no depende únicamente de construir pozos o ampliar redes de distribución; también exige proteger cuencas, reducir la contaminación, mejorar la administración del agua y anticipar periodos de escasez. De forma similar, la resiliencia agrícola requiere semillas adaptadas, asistencia técnica, almacenamiento, seguros, caminos transitables y acceso a mercados. Sin estas condiciones, una obra aislada puede reducir un daño puntual sin resolver la exposición estructural de las comunidades.
El impacto potencial alcanza también a la salud y a la educación. Las olas de calor, la falta de agua y las inundaciones pueden aumentar enfermedades, interrumpir clases y obligar a las familias a destinar más recursos a la recuperación. En comunidades rurales, cada evento extremo puede traducirse en pérdida de cosechas, migración temporal y endeudamiento. Por ello, incorporar el riesgo climático en los presupuestos sociales y en la planificación municipal sería más eficaz que tratar cada desastre como un episodio independiente.
Más visibilidad internacional, pero no necesariamente más recursos
La declaración adoptada en Fiji puede fortalecer la posición negociadora de Guatemala y de otros países en desarrollo. Al presentarse como parte de un grupo amplio de naciones vulnerables, el país puede respaldar demandas comunes para simplificar los mecanismos de acceso al financiamiento climático y aumentar la proporción destinada a la adaptación. El argumento es sólido: los territorios con menores emisiones suelen disponer de menos capacidad fiscal, técnica e institucional para recuperarse de daños que se repiten con mayor frecuencia.
Sin embargo, la visibilidad diplomática no equivale a desembolsos inmediatos. Los fondos climáticos suelen exigir estudios técnicos, sistemas de medición, salvaguardas ambientales, mecanismos de transparencia y entidades capaces de ejecutar proyectos durante varios años. La burocracia internacional es una barrera, pero también existen limitaciones nacionales: expedientes incompletos, coordinación deficiente entre instituciones, cambios de prioridades con cada administración y escasa capacidad de los gobiernos locales para formular propuestas competitivas.
El riesgo es que la promesa de financiamiento produzca expectativas difíciles de cumplir. Si los recursos se anuncian, pero tardan en llegar, las comunidades pueden interpretar la agenda climática como un compromiso externo sin resultados cotidianos. También existe el peligro de que el dinero se concentre en proyectos grandes, visibles y fáciles de medir, mientras quedan relegadas las intervenciones comunitarias de menor escala, como la restauración de fuentes de agua, la diversificación productiva o la protección de semillas nativas.
El desafío de demostrar dónde está la vulnerabilidad
Para convertir la declaración de Fiji en una ventaja concreta, Guatemala necesita mejorar la calidad de la información con la que identifica riesgos. No todas las comunidades expuestas a una sequía enfrentan el mismo nivel de daño: influyen el acceso al agua, la dependencia de la agricultura, los ingresos familiares, la distancia a los servicios públicos y la posibilidad de trasladarse temporalmente. Una política uniforme puede terminar destinando recursos a zonas menos necesitadas o aplicar soluciones que no corresponden a las condiciones locales.
La información climática debe combinar registros meteorológicos, mapas de amenazas, datos de pobreza y conocimiento comunitario. Los sistemas de alerta temprana son útiles únicamente si el aviso llega a tiempo, si las personas confían en él y si existen rutas, refugios y protocolos claros. De lo contrario, una plataforma tecnológica puede ofrecer una apariencia de preparación sin reducir sustancialmente las pérdidas.
La participación local también tiene una dimensión de control. Incluir a comunidades indígenas, agricultores, mujeres y autoridades municipales en la definición de proyectos puede mejorar la pertinencia de las medidas, pero no elimina por sí sola los conflictos. La competencia por agua, tierra y recursos públicos puede intensificarse cuando una obra de adaptación beneficia a un grupo y desplaza los costos hacia otro. La transparencia sobre criterios, beneficiarios y resultados será necesaria para evitar que la política climática reproduzca desigualdades existentes.
La protección frente a desastres puede abrir nuevas brechas
La urgencia de construir infraestructura resiliente genera beneficios claros: puentes y caminos mejor diseñados pueden mantener conectadas a las comunidades; sistemas de riego y cosecha de agua pueden reducir la pérdida de cultivos; y viviendas adaptadas a inundaciones o deslizamientos pueden disminuir el riesgo para las familias. También puede estimular empleos locales y fortalecer capacidades técnicas en municipios que tradicionalmente dependen de transferencias y asistencia externa.
Pero la infraestructura no es automáticamente resiliente por el hecho de incorporar materiales más resistentes. Si se edifica en cauces, laderas inestables o zonas costeras sin ordenamiento territorial, la inversión puede quedar expuesta desde el inicio. Las obras mal mantenidas pierden eficacia y pueden convertirse en un nuevo pasivo público. Además, una prioridad excesiva por proyectos físicos puede dejar de lado medidas menos visibles, como la regulación del uso del suelo, la protección de bosques y la capacitación de brigadas de respuesta.
Hay otro riesgo: que la adaptación se utilice para justificar decisiones que trasladan a las comunidades el costo de protegerse. Reubicar viviendas puede ser necesario en áreas de peligro extremo, pero una reubicación sin empleo, transporte, servicios y seguridad de la tenencia puede generar una nueva forma de vulnerabilidad. Las políticas deben diferenciar entre una solución técnicamente adecuada y una solución socialmente viable.
La meta de 1.5 grados enfrenta límites políticos y financieros
La defensa del límite de 1.5 grados mantiene un valor decisivo porque cada fracción adicional de calentamiento aumenta la probabilidad de eventos extremos y reduce el margen de adaptación. Para Guatemala, un escenario de mayor calentamiento podría significar más presión sobre los cultivos, cambios en la disponibilidad de agua y daños más frecuentes a la infraestructura. El impacto no sería exclusivamente ambiental: afectaría precios de alimentos, empleo rural, salud pública y estabilidad de los ingresos familiares.
La dificultad está en que la reducción global de emisiones depende principalmente de decisiones de grandes economías y de sectores con intereses poderosos, mientras los países vulnerables sufren una parte desproporcionada de los efectos. La brecha entre las declaraciones y las políticas energéticas reales sigue siendo una fuente de incertidumbre. Si las emisiones no disminuyen con rapidez, la adaptación deberá cubrir daños mayores y más costosos, con recursos que probablemente no crecerán al mismo ritmo.
Guatemala, pese a su contribución relativamente reducida al calentamiento mundial, no queda al margen de esa responsabilidad. Reducir la deforestación, mejorar el transporte, proteger ecosistemas y promover una agricultura menos dependiente de prácticas degradantes puede generar beneficios nacionales, además de fortalecer su credibilidad internacional. La transición, no obstante, debe evitar que los costos recaigan sobre hogares con menos ingresos o sobre productores que carecen de alternativas tecnológicas y financieras.
Del posicionamiento internacional a una agenda verificable
La Pre-COP31 ofrece a Guatemala un marco para exigir justicia climática, pero también plantea una prueba de gestión. El país podría aprovechar la coyuntura para presentar proyectos territoriales con metas verificables, presupuestos plurianuales y responsabilidades claramente asignadas. La prioridad debería estar en acciones capaces de reducir riesgos concretos: asegurar fuentes de agua, fortalecer la producción de alimentos, mantener operativas las rutas esenciales, ampliar los sistemas de alerta y proteger a las personas que viven en zonas de alta exposición.
La evaluación tendría que medir algo más que el monto contratado o el número de obras terminadas. Importa saber cuántas familias redujeron sus pérdidas, cuánto tiempo se mantuvo el acceso al agua, cuántos municipios respondieron antes de una emergencia y qué grupos quedaron fuera de los beneficios. Sin indicadores de ese tipo, el financiamiento puede convertirse en una sucesión de proyectos desconectados y difíciles de sostener.
El mensaje de Fiji es, al mismo tiempo, una advertencia y una oportunidad. La advertencia consiste en que la vulnerabilidad climática se profundiza cuando la acción llega después del desastre y no antes. La oportunidad está en que las comunidades afectadas pueden ocupar un lugar central en las decisiones, no solo como receptoras de ayuda, sino como productoras de conocimiento y soluciones. El resultado dependerá de que los compromisos internacionales se traduzcan en instituciones capaces de planificar, ejecutar y rendir cuentas antes de que la próxima sequía o tormenta vuelva a demostrar el costo de la demora.
