El filósofo español José Antonio Marina, de 87 años, reabrió el debate sobre la calidad de la conversación pública al advertir que el derecho a expresar una opinión no implica que todas las opiniones merezcan el mismo respeto. Su planteamiento, difundido nuevamente en redes sociales a partir de una intervención realizada años atrás, cuestiona la idea de que cualquier afirmación deba ser considerada válida por el solo hecho de haber sido pronunciada y reivindica la necesidad de exigir razones, coherencia y ausencia de prejuicios.
“El derecho a opinar es respetable, pero no todas las opiniones lo son”, sostiene Marina. La frase resume una distinción que considera esencial para preservar tanto la libertad de expresión como el pensamiento crítico: nadie debería ser perseguido por exponer lo que piensa, pero las ideas pueden y deben ser evaluadas según su contenido, sus fundamentos y sus consecuencias. Para el filósofo, confundir ambas dimensiones conduce a una forma de relativismo en la que una opinión razonada queda colocada al mismo nivel que una afirmación arbitraria o discriminatoria.
La diferencia entre hablar y tener razón
La advertencia de Marina cobra relevancia en un entorno marcado por la abundancia de mensajes breves, la circulación acelerada de contenidos y la reacción inmediata. Según su experiencia como docente e investigador de la inteligencia ética, la creatividad y la educación, la dinámica digital favorece con frecuencia la simplificación: se presentan ideas sin desarrollo, se comparten conclusiones sin pruebas y se premia la rapidez por encima de la elaboración.
El problema no reside únicamente en que se difundan errores. También aparece cuando la repetición convierte una afirmación débil en una apariencia de verdad o cuando la popularidad sustituye a la argumentación. En ese contexto, la discusión pública puede terminar premiando el ruido, la provocación o la ocurrencia fácil, mientras pierde espacio la explicación capaz de sostenerse frente a preguntas y objeciones.
Marina explica esta diferencia a partir de una escena habitual en sus clases de posgrado. Al preguntar a sus alumnos si todas las opiniones son respetables, recibe normalmente una respuesta afirmativa. Su réplica consiste en precisar qué debe protegerse: “Lo que es respetable es el derecho a exponer tu opinión sin que haya una Inquisición”. La defensa de la libertad de expresión, en su lectura, no obliga a aceptar como valioso todo aquello que se dice.
El contenido determina la consideración
El filósofo no presenta su posición como una propuesta de censura. Al contrario, sostiene que la posibilidad de expresar ideas sin una autoridad que determine de antemano qué puede decirse es una condición básica de la vida democrática. Pero esa garantía jurídica y política no elimina la responsabilidad de quienes hablan ni la tarea de quienes escuchan.
“La respetabilidad de las opiniones depende de su contenido. Puede haber opiniones estúpidas, blasfemas, injustas o racistas”, afirma. La enumeración apunta a una consecuencia concreta: invocar el respeto a la opinión propia no debería servir para bloquear toda crítica. Una idea puede ser legalmente expresada y, al mismo tiempo, resultar débil, injusta o incompatible con principios básicos de convivencia.
La distinción también evita un error inverso. Evaluar una opinión no significa prohibirla automáticamente ni atribuir malas intenciones a quien la formula. Significa examinarla. En una conversación pública saludable, la crítica debe dirigirse a la afirmación y a sus fundamentos, no convertirse en una condena personal que cierre el intercambio antes de comprobar los argumentos.
Qué debe analizarse antes de aceptar una idea
Para Marina, tomar en serio una opinión exige revisar los elementos que la sostienen. Entre ellos menciona la motivación de quien la formula, la lógica de su razonamiento, la coherencia entre sus premisas y sus conclusiones, y la presencia o ausencia de prejuicios. También importa la evidencia disponible: una afirmación no adquiere solidez porque se repita muchas veces, porque la defienda una persona conocida o porque encuentre una amplia audiencia.
Este criterio resulta especialmente significativo en las redes sociales, donde el formato suele favorecer mensajes aislados de su contexto. Una frase contundente puede circular con mayor velocidad que una explicación matizada, aunque esta última ofrezca una descripción más precisa de los hechos. La consecuencia es una conversación pública inclinada hacia la respuesta instantánea y menos preparada para tolerar la duda, la rectificación o la complejidad.
La crítica de Marina no se limita, por tanto, a la conducta de los usuarios. También señala una responsabilidad educativa. Si las personas no aprenden a pedir razones, reconocer falacias y distinguir entre datos e interpretaciones, la libertad de expresión puede quedar reducida a una competencia por captar atención. En ese escenario, el problema no sería que existan demasiadas opiniones, sino que falten herramientas para valorar las que circulan.
Un debate sobre la convivencia democrática
La vigencia de su planteamiento se explica porque enfrenta dos necesidades que a menudo aparecen como incompatibles: proteger la libertad de disentir y mantener estándares mínimos de racionalidad y respeto. Una sociedad democrática necesita permitir la discrepancia, incluso cuando una idea resulta incómoda o minoritaria. Pero también necesita poder señalar que una afirmación carece de pruebas, reproduce un prejuicio o contradice los hechos disponibles.
La intervención que ahora vuelve a circular no ofrece una fórmula para resolver cada disputa. Su aporte está en fijar una regla de partida: escuchar no equivale a conceder razón y respetar el derecho de una persona a hablar no obliga a considerar respetable todo lo que afirma. En tiempos de sobreabundancia informativa, esa separación devuelve a la conversación una exigencia básica: que las opiniones no sean juzgadas por el volumen con que se expresan, sino por la calidad de las razones que pueden ofrecer.
