El Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó investigar y llevar ante la justicia a militares y funcionarios de inteligencia que aportaron testimonios anónimos al documental “Naza”, distinguido con el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Venecia. La decisión abre un nuevo frente de confrontación en torno a una película que cuestiona los procedimientos utilizados por el Ejército israelí durante la guerra en Gaza y que, según sus autoridades, habría expuesto información altamente sensible.
Un comunicado difundido por la oficina de Netanyahu acusa a los participantes de posibles “delitos graves contra la seguridad de Israel”, así como de divulgación de secretos, difamación penal y perjuicio para los intereses diplomáticos del país. El texto sostiene que la película presenta una narrativa “falsa, engañosa y sesgada” que daña la imagen internacional de Israel y de sus Fuerzas de Defensa.
Una investigación centrada en identificar a 24 fuentes
El documental reúne declaraciones anónimas de 24 integrantes del Ejército y de organismos de inteligencia israelíes. Los entrevistados describen, de acuerdo con el filme, cómo se adoptaron durante la guerra decisiones operativas que podían provocar la muerte de civiles palestinos, incluso cuando los mandos conocían la presencia de familiares en los lugares atacados.
Netanyahu encargó al jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir; al director del Shin Bet, David Zini, y a la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, que impulsen las medidas anunciadas. Al servicio de inteligencia interior se le pidió actuar “con urgencia” para determinar la identidad de todas las personas implicadas o entrevistadas en la producción.
La anonimidad de esas fuentes constituye uno de los elementos centrales del caso. Los realizadores sostienen que los testimonios fueron protegidos para evitar represalias laborales, judiciales o políticas. La orden de rastrear a los participantes transforma ahora la reserva de identidad en el principal objetivo de la investigación estatal y podría afectar la disposición de otros funcionarios a denunciar prácticas internas.
El contenido de “Naza” y el debate sobre los ataques
“Naza” toma su título de un acrónimo utilizado en el ámbito militar para calcular el número estimado de bajas civiles o el llamado daño colateral de una operación. Sus testimonios también fueron publicados previamente por la revista israelí-palestina +972 y por el diario británico The Guardian, coproductor del documental.
Según la investigación periodística, las fuentes explicaron que se planificaban ataques contra viviendas donde se sospechaba que residían miembros de Hamás. En algunos casos, afirmaron, se esperaba a que el objetivo regresara a su domicilio para lanzar el bombardeo, aun sabiendo que dentro podía encontrarse su familia. El filme plantea así una cuestión que va más allá de incidentes aislados: si determinadas prácticas formaban parte de una lógica operativa aceptada en distintos niveles de la cadena de mando.
La producción también aborda el uso de un sistema de perfilamiento basado en inteligencia artificial. El mecanismo habría clasificado a los sospechosos a partir de los números telefónicos con los que se comunicaban. Las fuentes citadas señalan que el sistema tenía un margen de error del 15%, una tasa que, aplicada a operaciones de gran escala, podía traducirse en un número significativo de personas identificadas erróneamente como combatientes.
Otro de los señalamientos más delicados sostiene que se efectuaron bombardeos en zonas para las que se habían emitido órdenes de evacuación, pese a que los militares sabían que parte de la población civil no había podido salir. El Ejército israelí mantiene que sus normas prohíben expresamente atacar civiles de forma deliberada o emplear procedimientos que les causen daño, una posición que entra en tensión con los testimonios presentados en la película.
De las prácticas militares a la seguridad nacional
La respuesta oficial no se concentra principalmente en determinar si las conductas descritas fueron legales o compatibles con las reglas militares. El comunicado de Netanyahu pone el acento en la filtración de información clasificada y en el supuesto riesgo para una unidad de inteligencia considerada especialmente sensible. Esa diferencia de enfoque puede condicionar el debate público: el Gobierno presenta el caso como una amenaza de seguridad, mientras los realizadores lo defienden como una investigación sobre la toma de decisiones en la guerra.
El productor The Guardian ha respaldado el trabajo, resultado de tres años de entrevistas y de la contrastación de testimonios de más de un centenar de personas familiarizadas con los sistemas militares empleados en Gaza. La existencia de varias fuentes y la publicación previa de parte de las revelaciones aportan elementos de verificación periodística, aunque no sustituyen una investigación judicial independiente sobre cada acusación.
Presiones contra los realizadores
Los periodistas y cineastas Yuval Abraham y Rachel Szor también han sido objeto de ataques. Sus detractores han planteado incluso revocarles la ciudadanía israelí, que ambos poseen por nacimiento. Frente a la vivienda de los padres de Szor, en Savyon, simpatizantes de Netanyahu dejaron pintadas con amenazas de muerte y prometieron perseguir a ambos realizadores cuando regresen a Israel.
El episodio se produce después de la presión ejercida contra la exfiscal general militar Yifat Tomer-Yerushalmi, quien reconoció haber filtrado videos clasificados que mostraban una presunta agresión sexual grave contra un prisionero palestino. Tras ser detenida brevemente, dimitió y quedó sometida a arresto domiciliario. Durante el proceso, marcado por ataques de Netanyahu y del entonces ministro de Defensa Israel Katz, intentó suicidarse.
En aquel momento, Netanyahu calificó las revelaciones como uno de los golpes de relaciones públicas más graves sufridos por Israel desde su fundación. Katz, por su parte, describió como “calumnias sangrientas” los llamados a investigar a los militares involucrados. La nueva ofensiva contra las fuentes de “Naza” refuerza la percepción de un patrón político en el que las filtraciones son tratadas prioritariamente como amenazas al Estado, mientras las denuncias sobre posibles abusos quedan subordinadas a la protección del secreto militar.
El caso enfrentará ahora dos exigencias contrapuestas: la obligación estatal de proteger información cuya divulgación pueda poner en riesgo operaciones o agentes, y el interés público en conocer cómo se toman decisiones que afectan a la población civil. La manera en que las autoridades identifiquen y procesen a las fuentes, así como las garantías ofrecidas a los realizadores, será determinante para evaluar si la respuesta busca aclarar responsabilidades o contener las revelaciones sobre la guerra en Gaza.
