El subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda, Alfonso Iracheta, defendió las medidas de densificación previstas en el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) frente a las preocupaciones expresadas por vecinos y especialistas. Su argumento central es que concentrar parte del crecimiento urbano en zonas ya ocupadas puede ofrecer una alternativa al desplazamiento constante de habitantes hacia municipios cada vez más alejados de los centros de empleo y servicios.
La defensa ocurre en un momento en que el programa enfrenta cuestionamientos por los posibles efectos de permitir una mayor intensidad constructiva en distintos sectores metropolitanos. Para sus críticos, la densificación puede traducirse en saturación vial, presión sobre el agua, pérdida de espacios abiertos y deterioro de la calidad de vida si no se acompaña de infraestructura suficiente. Para Iracheta, en cambio, el problema no es únicamente cuántas viviendas se construyen, sino dónde se ubican y bajo qué condiciones.
La disputa no es solo por construir más
El planteamiento del funcionario parte de una contradicción visible en la expansión del Valle de México: mientras las áreas centrales concentran empleos, equipamientos y redes de transporte, una proporción importante de la población de menores ingresos termina viviendo en la periferia. Esa separación obliga a realizar viajes más largos, encarece el acceso cotidiano a la ciudad y aumenta la dependencia del transporte público o de vehículos particulares.
Desde esa perspectiva, la densificación busca aprovechar suelo urbano que ya cuenta, al menos parcialmente, con servicios y conectividad. La lógica es reducir la necesidad de abrir nuevos frentes de urbanización en zonas rurales, ambientales o de baja disponibilidad de infraestructura. Sin embargo, esa fórmula solo puede cumplir su objetivo si el aumento de viviendas se relaciona con una capacidad real de abastecimiento, movilidad y atención pública.
El debate, por tanto, no se limita a una oposición entre quienes apoyan el crecimiento vertical y quienes lo rechazan. La pregunta decisiva es si la ciudad puede recibir más habitantes sin trasladar los costos a las colonias existentes. Una mayor densidad puede reducir distancias y proteger suelo periférico, pero también puede agravar las carencias acumuladas cuando se autoriza sin obras, regulación y vigilancia suficientes.
Una planeación separada de los ecosistemas
Iracheta también lamentó que históricamente la planeación territorial se haya desarrollado al margen de los ecosistemas que rodean las zonas urbanas. La observación introduce una dimensión más amplia al conflicto: el crecimiento metropolitano no solo modifica calles y edificios, sino también áreas de recarga de agua, barrancas, bosques, suelos agrícolas y espacios que cumplen funciones ambientales indispensables.
Durante décadas, la expansión urbana ha sido tratada como una cuestión principalmente inmobiliaria o administrativa. Esa visión fragmentada dificulta reconocer que las decisiones tomadas en un municipio pueden alterar el equilibrio hídrico, la movilidad o la calidad del aire de toda la región. El Valle de México funciona como un sistema interdependiente; sus límites políticos no coinciden con los límites de sus cuencas, corredores ambientales ni mercados laborales.
Por eso, el POZMVM adquiere relevancia más allá de sus disposiciones sobre densidad. El programa intenta ordenar una zona metropolitana integrada por territorios con capacidades fiscales, urbanas y ambientales muy distintas. La coordinación regional es necesaria porque la presión por vivienda, transporte y servicios no se distribuye de manera uniforme, y tampoco lo hacen los beneficios de la urbanización.
El riesgo de convertir una solución en una nueva carga
La preocupación de vecinos y especialistas conserva un fundamento concreto. Densificar no significa automáticamente hacer ciudad de mejor calidad. Si la vivienda adicional llega sin redes hidráulicas renovadas, escuelas, centros de salud, espacios públicos y transporte eficiente, la medida puede aumentar la población expuesta a servicios insuficientes. Del mismo modo, la sustitución de viviendas existentes por desarrollos de mayor escala puede elevar los precios y expulsar a quienes el programa pretende acercar a las oportunidades urbanas.
Ese riesgo obliga a distinguir entre densidad urbana y hacinamiento, así como entre regeneración y desplazamiento. La primera puede favorecer una ciudad compacta cuando se acompaña de mezcla de usos, espacios públicos y movilidad accesible. El segundo aparece cuando el mercado captura el valor de las nuevas reglas y transforma zonas bien ubicadas en espacios inaccesibles para sus habitantes originales.
La defensa del subsecretario será más sólida si el programa establece mecanismos verificables para evitar esos efectos. Entre ellos se encuentran la evaluación de la capacidad de infraestructura antes de autorizar nuevos proyectos, la protección de áreas ambientales, la coordinación de inversiones públicas y políticas que preserven vivienda asequible. Sin esos contrapesos, la densificación corre el riesgo de reducirse a una autorización de mayor aprovechamiento inmobiliario.
La decisión que definirá el futuro metropolitano
El POZMVM coloca frente a las autoridades una disyuntiva difícil: contener la expansión urbana sin bloquear el acceso a la vivienda, y promover un uso más eficiente del suelo sin sacrificar los ecosistemas ni expulsar a las comunidades. La respuesta no puede depender de una sola cifra de densidad ni de decisiones aisladas por alcaldía o municipio.
El verdadero alcance del programa se medirá en su capacidad para conectar vivienda, empleo, transporte, agua y protección ambiental dentro de una misma estrategia. Si logra hacerlo, la concentración urbana podría convertirse en una herramienta para disminuir distancias y preservar territorio. Si no, la densificación solo trasladará la presión de la periferia a las colonias centrales, con nuevos conflictos sociales y ambientales.
La discusión apenas comienza, pero ya perfila el criterio que deberá orientar las siguientes decisiones: construir más cerca no basta. También será necesario garantizar que vivir cerca de las oportunidades no se convierta en un privilegio temporal ni en una carga adicional para quienes ya habitan la metrópoli.
