Exfuncionarios estatales de Puebla podrían enfrentar detenciones y consecuencias penales por presuntas irregularidades cometidas durante administraciones anteriores, incluidas las relacionadas con contratos considerados “leoninos” en seis obras públicas. José Luis García Parra, coordinador del Gabinete estatal, informó que las investigaciones continúan y advirtió que algunos de los delitos atribuidos a antiguos servidores públicos todavía no han prescrito.
El funcionario hizo estas declaraciones durante el último programa de la primera temporada de Derecho de Réplica. De acuerdo con su exposición, algunos exservidores públicos asumirían que el paso del tiempo impide cualquier acción legal en su contra. Sin embargo, García Parra sostuvo que las autoridades han clasificado determinados hechos de manera que aún pueden producir efectos jurídicos.
Las investigaciones podrían alcanzar contratos de largo plazo
García Parra evitó proporcionar nombres, al señalar que primero deben concluir los procedimientos administrativos y ministeriales correspondientes. La divulgación de identidades, explicó, tendría que ocurrir después de una sanción, una sentencia o, en su caso, una orden de aprehensión. Esta reserva busca mantener la validez de las investigaciones, aunque también deja pendiente conocer quiénes son los funcionarios señalados y qué responsabilidades específicas se les atribuyen.
El coordinador del Gabinete adelantó que los resultados podrían presentarse en diciembre, durante la segunda temporada del programa. Las indagatorias estarían dirigidas contra exfuncionarios vinculados con el Partido Acción Nacional y revisarían su participación en esquemas de Asociación Público-Privada (APP) y Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS).
La relevancia de estos modelos no se limita a la contratación inicial de una obra. En general, los acuerdos de largo plazo comprometen recursos públicos durante varios ejercicios fiscales y pueden limitar el margen de decisión de gobiernos posteriores. Por ello, cualquier irregularidad en sus condiciones financieras, mecanismos de pago o distribución de riesgos puede trasladarse durante años a las finanzas estatales, incluso cuando la administración que firmó los contratos ya no se encuentre en funciones.
El patrimonio de los museos también está bajo revisión
La investigación no se concentra únicamente en infraestructura y contratos. García Parra confirmó que ya existen sanciones en proceso contra exservidores públicos a partir de las indagatorias realizadas por el Organismo Público Descentralizado Museos Puebla. Estas revisiones incluyen piezas perdidas o extraviadas y acciones emprendidas en administraciones anteriores para intervenir el acervo mediante la colocación de chips.
El funcionario indicó que las autoridades han investigado estos hechos desde el inicio de la actual administración. Los nombres de los servidores públicos involucrados se darían a conocer una vez que concluyan los procedimientos y las sanciones queden firmes. La precisión es relevante porque una investigación abierta no equivale por sí misma a una responsabilidad acreditada: para determinarla deben establecerse la existencia del daño, la cadena de custodia de las piezas y la participación concreta de cada persona.
Una pieza prestada por la BUAP, entre los casos pendientes
Uno de los expedientes bajo revisión corresponde a una pieza de la Casa de los Muñecos, perteneciente a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), que fue prestada para una exposición en el Museo Internacional Barroco. Según García Parra, la obra nunca fue devuelta a la institución universitaria.
El caso forma parte de una preocupación más amplia sobre el traslado de piezas desde distintos recintos hacia el Museo Internacional Barroco. El coordinador cuestionó que algunos objetos fueran concentrados para completar exposiciones y que, posteriormente, ciertas piezas terminaran extraviadas o sin una ubicación conocida. Además de las posibles responsabilidades administrativas o penales, la situación plantea un problema de gestión patrimonial: los museos deben mantener registros verificables sobre préstamos, movimientos, condiciones de conservación y devolución de cada objeto.
El costo financiero del Museo Internacional Barroco
García Parra también volvió a cuestionar el esquema financiero utilizado para construir el Museo Internacional Barroco. Recordó que el gobierno estatal liquidó anticipadamente el año pasado una deuda cercana a 2 mil millones de pesos. La medida, sostuvo, permitió evitar pagos superiores a 7 mil millones de pesos que habrían comprometido las finanzas de futuras administraciones entre 2031 y 2039.
La diferencia entre el monto liquidado y el costo que se habría acumulado con el esquema original ilustra el peso de los compromisos plurianuales. No obstante, la valoración definitiva de estos contratos requiere revisar sus tasas, garantías, contraprestaciones, obligaciones de mantenimiento y condiciones de terminación. El monto global, por sí solo, muestra la dimensión del compromiso, pero no determina automáticamente la existencia de un delito.
El funcionario comparó el modelo del museo con otros proyectos impulsados durante el periodo conocido como morenovallismo, entre ellos las plataformas de Audi y el Centro Integral de Servicios. Su argumento central es que esas decisiones comprometieron recursos públicos durante décadas y trasladaron obligaciones financieras a gobiernos que no participaron en la contratación original.
La siguiente etapa dependerá de las resoluciones legales
El gobierno estatal ha planteado que continuará con las investigaciones hasta obtener resoluciones formales. La eventual detención de exfuncionarios dependerá de que las autoridades competentes acrediten conductas posiblemente delictivas, determinen que la acción legal sigue vigente y obtengan las órdenes judiciales correspondientes. Del mismo modo, las sanciones administrativas deberán apoyarse en expedientes concluidos y no únicamente en señalamientos políticos.
El desafío institucional será convertir las denuncias sobre obras, contratos y patrimonio cultural en resultados verificables. Eso implica esclarecer cuánto dinero se comprometió, qué beneficios o perjuicios produjo cada proyecto, dónde se encuentran las piezas revisadas y quién tomó las decisiones cuestionadas. La publicación de nombres después de las resoluciones podría aportar transparencia, pero la rendición de cuentas dependerá también de que las sanciones sean proporcionales al daño probado y de que los mecanismos de contratación y control patrimonial se fortalezcan para evitar que los mismos problemas se reproduzcan.
