El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) destruyó 153 mil piezas de mercancía apócrifa cuyo valor estimado asciende a 18 millones 771 mil 415 pesos, informó el organismo este 9 de octubre de 2026. Los productos fueron asegurados en operaciones vinculadas con Tepito, en la Ciudad de México, y con el estado de Puebla, dos puntos señalados en el reporte como lugares de procedencia de los artículos.
La destrucción representa la fase final de un procedimiento de retiro de mercancías que infringen derechos de propiedad industrial. Al dejar de estar disponibles para su comercialización, los productos pierden la posibilidad de regresar a los canales formales o informales de venta, aunque el comunicado difundido no detalla el número de operativos, las fechas de los aseguramientos, los tipos de artículos destruidos ni las marcas afectadas.
Una operación con impacto económico y legal
El monto calculado por el IMPI permite dimensionar el valor comercial potencial de la mercancía, pero no equivale necesariamente a una pérdida directa para una empresa específica ni a recursos recuperados por el Estado. Se trata de una estimación asociada a las piezas retiradas, cuya relevancia depende de factores como el precio de referencia, el tipo de producto y el mercado en el que se pretendía colocar.
El decomiso de artículos falsificados tiene dos efectos paralelos. Por un lado, protege los signos distintivos y otros derechos de las empresas titulares de marcas, que enfrentan competencia desleal cuando sus productos son imitados y vendidos sin autorización. Por otro, reduce la circulación de bienes cuya composición, origen y controles de calidad pueden ser distintos de los exigidos por los fabricantes originales. El riesgo para los consumidores, sin embargo, varía de acuerdo con la naturaleza de cada mercancía, y el reporte no identifica si entre los productos había artículos de uso personal, textiles, accesorios u otras categorías.
Tepito aparece en el caso como uno de los puntos de procedencia de la mercancía. El barrio, ubicado en la zona centro de la capital, concentra una intensa actividad comercial y desde hace años ha sido incluido en acciones contra la venta de productos que presuntamente vulneran derechos de marca. La referencia a Puebla amplía el alcance territorial del decomiso, aunque la información disponible no permite establecer si los artículos fueron fabricados en esos lugares, almacenados allí o simplemente detectados en operaciones relacionadas con esos puntos.
El convenio con Canaintex
El anuncio coincidió con la firma de un convenio entre el IMPI y la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), encabezada por Rafael Torre. El instituto está dirigido por Vidal Llerenas. De acuerdo con la información difundida, el acuerdo busca fortalecer la protección de marcas, un objetivo especialmente relevante para una industria expuesta a la copia de diseños, etiquetas, logotipos y otros elementos que permiten identificar el origen comercial de un producto.
El convenio vincula la acción administrativa del IMPI con las necesidades de un sector productivo específico. Para que una política de observancia sea eficaz, no basta con destruir mercancía una vez que ha sido localizada: también se requiere que los titulares aporten información precisa, que las autoridades puedan distinguir productos legítimos de imitaciones y que existan mecanismos para seguir la ruta de los bienes desde su ingreso hasta su venta. El anuncio no precisa los compromisos operativos, metas, recursos o plazos contemplados en el acuerdo con Canaintex.
En el sector textil, la protección de marcas puede abarcar prendas terminadas, insumos, etiquetas y empaques. La falsificación afecta tanto a empresas que venden bajo marcas reconocidas como a fabricantes y distribuidores que operan legalmente y deben cumplir obligaciones fiscales, laborales y de seguridad. No obstante, la sola presencia de productos similares no prueba una infracción: las autoridades deben acreditar la vulneración correspondiente y respetar las etapas del procedimiento aplicable antes de ordenar la destrucción.
La destrucción como último eslabón
La eliminación física de los artículos suele ocurrir después de su aseguramiento y de la resolución administrativa o judicial que determina su destino. Esa etapa evita que la mercancía vuelva al mercado mediante remates, reventa o redistribución. También exige documentar la cantidad y características de los bienes, conservar los elementos necesarios para los procedimientos legales y aplicar métodos que impidan su reutilización comercial.
El dato de 153 mil piezas muestra la escala del fenómeno, pero no permite medir por sí solo la dimensión total del comercio de falsificaciones. Una operación de esta magnitud puede retirar una parte de la oferta identificada en determinados puntos, mientras que la disponibilidad de productos apócrifos depende de redes de abastecimiento, almacenamiento, transporte y venta que pueden desplazarse con rapidez.
La efectividad de las medidas de protección de marcas se evaluará también por su continuidad. Las inspecciones, la coordinación con autoridades aduaneras y de seguridad, la colaboración con los titulares y la trazabilidad de los productos son elementos que pueden ayudar a detectar nuevos lotes y a identificar a quienes participan en la cadena de distribución. Sin investigaciones que lleguen a los responsables del abastecimiento, la destrucción resuelve el destino de una remesa concreta, pero no necesariamente interrumpe el mecanismo que la generó.
El IMPI presentó el decomiso y la destrucción de la mercancía como parte de sus acciones de observancia y protección de la propiedad industrial. La firma con Canaintex plantea una colaboración más estrecha con la industria textil, mientras que el alcance real del acuerdo dependerá de sus mecanismos de ejecución y de la información que se publique sobre resultados posteriores. Por ahora, el dato confirmado es el retiro de 153 mil piezas con un valor estimado de 18 millones 771 mil 415 pesos, procedentes de Tepito y Puebla.
