El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) retiró definitivamente del mercado 153 mil 655 piezas de mercancía apócrifa aseguradas durante operativos realizados en Tepito, Puebla y otros puntos de la Ciudad de México. El valor estimado de los productos asciende a 18 millones 771 mil 415 pesos, de acuerdo con la información presentada por el organismo durante un acto celebrado el 11 de octubre en sus instalaciones de Xochimilco.
La inutilización de los artículos forma parte de la denominada “Operación Limpieza”, estrategia enfocada en combatir la comercialización de bienes que infringen derechos de propiedad industrial y generan una competencia irregular para empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales, regulatorias y laborales. El procedimiento busca impedir que la mercancía asegurada regrese a los canales de venta, una preocupación recurrente para autoridades y representantes empresariales.
Un operativo en Tepito concentró la mayor parte del decomiso
El programa de destrucción comprende 20 expedientes y abarca diferentes categorías de productos, entre ellas prendas de vestir, calzado y accesorios. Rafael Torre Lamuño, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX), informó que tan solo el operativo efectuado en Tepito permitió asegurar más de 70 mil piezas, con un valor estimado superior a 15 millones de pesos.
La diferencia entre el número total de artículos retirados y el volumen correspondiente a Tepito muestra la concentración de la operación en uno de los principales puntos de comercialización informal de la capital. Sin embargo, el alcance del procedimiento también incluye mercancías aseguradas en Puebla y en otros sitios de la Ciudad de México, lo que refleja una acción coordinada contra distintos eslabones de la distribución de productos falsificados.
El IMPI no detalló en la información difundida el calendario específico de cada aseguramiento ni el desglose completo por tipo de mercancía. La existencia de 20 expedientes, no obstante, indica que la destrucción corresponde a diversos procedimientos administrativos y operativos, y no a un solo decomiso. La identificación pública de esos expedientes permitiría conocer con mayor precisión el origen, la cantidad y el destino de los bienes retirados.
Empresarios piden seguimiento desde el aseguramiento
Durante el evento, Torre Lamuño sostuvo que la destrucción debe ser el último eslabón de una cadena de control verificable. Por ello, solicitó establecer un sistema permanente de seguimiento que permita documentar las mercancías desde el momento de su aseguramiento hasta su inhabilitación definitiva. “El objetivo debe ser contundente: cero retorno de mercancía ilícita a los canales comerciales”, afirmó.
El dirigente también pidió a las autoridades transparentar qué productos fueron decomisados, cuántas piezas o toneladas existen, dónde se encuentran, cuáles fueron las razones de la intervención y cuál será su destino final. A su juicio, una trazabilidad de 100 por ciento no solo ofrecería garantías sobre la destrucción, sino que también ayudaría a prevenir desvíos, pérdidas de inventario o posibles actos de corrupción.
La petición coloca el foco en una etapa que suele recibir menos atención que los operativos: la custodia posterior de los bienes. El aseguramiento por sí mismo no elimina el riesgo de que los productos sean revendidos, trasladados o sustituidos. Para que la estrategia tenga efectos permanentes, la autoridad debe mantener registros actualizados, controles físicos y evidencia documental sobre cada lote intervenido.
La industria textil advierte una competencia desigual
El presidente de CANAINTEX afirmó que la industria textil mexicana tiene capacidad para competir con fabricantes de cualquier país, pero enfrenta una desventaja cuando participa en el mismo mercado que mercancías que evaden obligaciones o incumplen regulaciones. Señaló que no resulta razonable exigir a las empresas formales que compitan bajo las mismas condiciones que productos que vulneran derechos de propiedad industrial o ingresan y se comercializan al margen de la ley.
La preocupación del sector combina dos dimensiones. Por un lado, la falsificación puede afectar los ingresos de las marcas y reducir los incentivos para invertir en diseño, innovación y desarrollo de productos. Por otro, la venta informal de mercancía sin controles equivalentes puede presionar los precios y trasladar los costos de cumplimiento únicamente a las compañías establecidas. El impacto, por tanto, no se limita a la titularidad de una marca, sino que alcanza la estructura competitiva de toda la cadena textil.
Convenio de tres años para reforzar la protección industrial
En el mismo acto, Vidal Llerenas Morales, director general del IMPI, y el presidente de CANAINTEX firmaron un convenio de colaboración con una vigencia de tres años. El acuerdo contempla asesoría técnica, capacitación y campañas informativas dirigidas a fortalecer la protección de marcas, diseños industriales, patentes y otras figuras de propiedad industrial.
El convenio también prevé impulsar acciones conjuntas contra la piratería en el sector textil mexicano. Su alcance dependerá de que la cooperación se traduzca en mecanismos operativos y no únicamente en actividades de difusión. La capacitación puede facilitar que las empresas identifiquen infracciones y presenten denuncias con mayor rapidez, mientras que las campañas informativas podrían ayudar a distinguir productos legítimos y explicar los efectos económicos de la falsificación.
La destrucción de las 153 mil 655 piezas representa un resultado concreto de la “Operación Limpieza”, pero la dimensión del problema exige continuidad. La eficacia de futuras acciones se medirá no solo por el volumen de mercancía retirada, sino por la capacidad de las instituciones para evitar su retorno, transparentar los procedimientos y reducir las condiciones que permiten su distribución. Para la industria, el reto consiste en que la protección de la propiedad industrial se convierta en un sistema permanente de vigilancia y rendición de cuentas.
