La provincia de Guantánamo ha colocado el superávit municipal en el centro de sus debates sobre desarrollo económico, en un contexto marcado por la escasez de recursos, la baja capacidad productiva y la necesidad de que los territorios generen una proporción mayor de sus propios ingresos. El objetivo supone modificar una práctica sostenida durante décadas: depender del presupuesto estatal y mantener gastos superiores a la riqueza producida localmente.
La situación presenta un punto de partida desigual. En la actualidad, solo el municipio de Guantánamo alcanza la condición de superavitario, es decir, registra ingresos por encima de sus gastos en un período determinado. Los restantes territorios aún no llegan a ese resultado, incluido Baracoa, pese a contar con infraestructura industrial y recursos naturales que podrían ampliar su base económica. La diferencia entre potencial y resultados constituye uno de los principales desafíos para la planificación provincial.
Una meta condicionada por la producción y la recaudación
El superávit no depende únicamente de recortar gastos. Para que sea sostenible, requiere aumentar la producción física, cumplir los planes de circulación mercantil y ampliar la oferta de bienes y servicios. También exige una relación más eficiente entre empresas estatales y actores no estatales, de manera que ambos sectores participen en actividades comerciales y productivas vinculadas con las necesidades de cada territorio.
En ese esquema, los encadenamientos productivos adquieren una importancia central. Cuando las empresas locales compran, transforman y venden dentro de una misma cadena, una mayor parte del valor permanece en el territorio y puede traducirse en empleo, ingresos fiscales y servicios. Sin esos vínculos, el crecimiento de actividades aisladas tiene un efecto limitado y no garantiza que la expansión económica se refleje en las cuentas municipales.
La eficacia empresarial aparece como otro requisito decisivo. La provincia reporta 13 entidades con pérdidas económicas, una señal de que transferir determinadas empresas a la gestión territorial no resuelve por sí mismo sus problemas. La descentralización puede acercar las decisiones a las necesidades locales, pero también obliga a mejorar la administración, el control de costos, la comercialización y la responsabilidad de los directivos sobre los resultados.
Recursos disponibles que no llegan a ejecutarse
Los datos fiscales muestran que el problema no está limitado a la falta de ingresos. Al cierre de septiembre, los municipios guantanameros acumulaban 37 millones de pesos del presupuesto sin ejecutar. Esa cifra revela una brecha entre los recursos asignados y la capacidad de convertirlos en obras, servicios o inversiones con impacto económico y social.
Una baja ejecución puede obedecer a dificultades de planificación, contratación, abastecimiento o gestión de proyectos. Cualquiera que sea la causa, el resultado es similar: fondos que permanecen inmovilizados mientras se mantienen necesidades de infraestructura, producción y atención a la población. Por ello, el control presupuestario debe comprender tanto la vigilancia del gasto como la garantía de que el dinero se utilice en actividades capaces de generar desarrollo.
La contribución territorial tampoco marcha de forma satisfactoria en la mayoría de los municipios. Este mecanismo es relevante porque vincula parte de los recursos recaudados con prioridades locales, pero pierde eficacia cuando no se cobra a tiempo, no se planifica su destino o no se controla el cumplimiento de las obligaciones. Mejorar ese circuito permitiría fortalecer la autonomía financiera sin desvincularla de los objetivos sociales.
Más ingresos, menos fugas y mejor control
La estrategia provincial incluye elevar los tributos asociados a los ingresos y aumentar los aportes del sector no estatal. Persisten actividades que no se cobran y negocios que, según el análisis presentado, no tributan de acuerdo con sus ganancias. El desafío consiste en ampliar la recaudación mediante registros confiables, controles regulares y reglas aplicadas de manera uniforme, evitando que el aumento de la presión fiscal termine desalentando actividades productivas necesarias.
También se identifican reservas en la gestión de cuentas por cobrar y por pagar y en el cobro de multas. A comienzos de octubre, la provincia tenía cerca de 34 millones de pesos pendientes de recaudar por esos conceptos. Recuperar una parte de esos fondos podría aliviar tensiones de liquidez, aunque se trata de ingresos extraordinarios o de regularización que no sustituyen la necesidad de producir más y consolidar fuentes estables de financiamiento.
La reducción del gasto en los sectores presupuestado y social aparece como otra línea de trabajo, pero su aplicación requiere cautela. Gastar menos solo mejora las finanzas cuando se eliminan ineficiencias, duplicidades y consumos innecesarios. Un recorte indiscriminado podría deteriorar servicios esenciales y trasladar el costo del ajuste a la población. La eficiencia, por tanto, debe medirse por la calidad y el alcance de los servicios obtenidos con cada peso, no solo por la disminución nominal del gasto.
Decisiones locales y control ciudadano
El cambio propuesto también depende de transformar los métodos de trabajo de jefes y decisores. La administración municipal necesita información económica actualizada, indicadores verificables y capacidad para corregir rápidamente desviaciones. Sin conocimiento sobre costos, ingresos, demanda y productividad, la autonomía puede convertirse en una transferencia formal de responsabilidades sin herramientas suficientes para ejercerlas.
La participación popular constituye una condición adicional. El debate con la población puede ayudar a definir prioridades, identificar incumplimientos y evaluar si las transformaciones económicas producen beneficios concretos. Ese control debe coexistir con transparencia sobre los ingresos, los gastos y los resultados de las empresas y entidades públicas, porque la confianza en el proceso dependerá tanto de las cifras como de la percepción de que los recursos se utilizan con justicia.
Para Guantánamo, alcanzar el superávit municipal representa más que equilibrar una cuenta presupuestaria. Implica construir economías territoriales capaces de producir, recaudar y administrar mejor, sin abandonar la responsabilidad estatal sobre los servicios básicos. La meta será viable en la medida en que el potencial de cada municipio se convierta en proyectos concretos, empresas eficaces y mayores ingresos, mientras las autoridades demuestran que la disciplina financiera se traduce en desarrollo y calidad de vida.
