Grecia quiere impedir que los menores de 15 años accedan a servicios como Instagram, TikTok y Facebook desde el 1 de enero de 2027. La propuesta no se limita a fijar una edad mínima: desplaza a las plataformas la responsabilidad de comprobarla y plantea hacerlo sin convertir la verificación en una puerta de entrada a la recopilación de datos personales. El equilibrio entre eficacia, privacidad y aplicación transfronteriza será decisivo para que la norma funcione más allá del papel.
Una prohibición que obliga a las plataformas a actuar
El proyecto presentado por los ministros Akis Skertsos, Adonis Georgiadis y Dimitris Papastergiou establece un umbral inequívoco: quien no haya cumplido 15 años no podrá acceder a redes sociales. La medida está prevista para el 1 de enero de 2027; el texto llegará a las comisiones parlamentarias el 13 de octubre y su debate y votación en el pleno están programados para el día 22.
El cambio práctico está en quién debe hacer cumplir el límite. La responsabilidad pasa a las empresas, que tendrán que desplegar métodos de verificación adecuados, proporcionales y fiables. Así, el Gobierno intenta cerrar la distancia habitual entre una prohibición legal y el acceso efectivo a servicios digitales: sin controles que las plataformas apliquen de forma consistente, la edad mínima correría el riesgo de ser meramente declarativa.
Verificar la edad sin revelar la identidad
Kids Wallet y Gov.gr Wallet figuran entre las herramientas que podrían facilitar la comprobación, pero la propuesta no impone una tecnología única. Bajo el principio de neutralidad tecnológica, las plataformas podrán escoger soluciones distintas, siempre que respeten las exigencias europeas. Esa flexibilidad puede facilitar la adaptación de servicios diversos, aunque también hace crucial que las autoridades puedan evaluar si cada sistema resulta realmente fiable.
El diseño descrito se apoya en insignias digitales de edad, o age tokens: la plataforma recibiría una confirmación de que se cumple el límite, sin acceder necesariamente a la identidad completa del usuario ni a otros datos sensibles. La prueba deberá ser precisa, utilizable en condiciones reales y difícil de eludir, pero también limitar el tratamiento de información a lo estrictamente necesario. La tensión es concreta: cuanto más robusto sea el control, mayor será la exigencia de demostrar que no invade de forma desproporcionada la privacidad.
El control dependerá de una red europea
La propuesta se encuadra en el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), especialmente en su artículo 28, relativo a la protección de menores en plataformas en línea. En Grecia, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y Correos (EETT) actuará como coordinadora de servicios digitales, con intervención del Consejo Nacional de Radio y Televisión y de la Autoridad de Protección de Datos Personales en sus respectivos ámbitos.
Una denuncia o una comunicación de otra autoridad puede activar la supervisión. Si la plataforma está bajo jurisdicción de otro Estado miembro, el expediente podrá remitirse a su autoridad competente; en los casos de plataformas en línea muy grandes, también se informará a la Comisión Europea. Este reparto refleja un límite operativo importante: las redes actúan en varios países, por lo que la eficacia de una regla nacional dependerá de la cooperación entre supervisores y de la aplicación de sanciones cuando corresponda.
Una medida preventiva, todavía por concretar
El argumento sanitario del Gobierno se centra en los posibles efectos del uso problemático de redes sobre el sueño, la concentración, la autoestima y las relaciones de los menores. El umbral pretende darles más espacio para el aprendizaje, el juego y las relaciones presenciales, pero la norma por sí sola no determina cómo se medirán sus efectos ni cómo se resolverán los intentos de sortear los controles.
La tramitación parlamentaria y las disposiciones de aplicación tendrán que precisar esos aspectos. Grecia también busca aportar al debate de una futura «EU Kids Act» y a una respuesta europea común. El reto será convertir un límite claro en una protección verificable, sin que la comprobación de edad termine creando nuevos riesgos para los datos personales de los propios menores.
