La decisión del Parlamento griego de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años desde el 1 de enero de 2027 no es solo una nueva regla para las plataformas digitales. Para las familias, supone cambiar hábitos cotidianos de comunicación, ocio y supervisión; para las empresas tecnológicas, obliga a demostrar que pueden aplicar un límite de edad sin convertir la verificación en una intrusión permanente en la vida privada.
La fecha que deben tener presente las familias
La norma fue impulsada por el Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis y aprobada con los votos de Nueva Democracia, que dispone de mayoría absoluta. A partir de enero de 2027, los menores de 15 años no podrán acceder legalmente a estas plataformas en Grecia. Eso significa que padres e hijos tendrán que anticipar cómo se mantendrán en contacto, qué servicios alternativos utilizarán y cómo se gestionarán las cuentas que ya existen.
El cambio no afecta únicamente a quienes publican vídeos o fotografías. Las redes sociales también se han convertido en canales para comunicarse con compañeros, organizar actividades, seguir contenidos educativos o participar en comunidades. Por eso, la aplicación de la prohibición puede generar conflictos concretos en casa: un adolescente puede entenderla como una pérdida de autonomía, mientras que los padres deberán decidir hasta dónde llega su responsabilidad y qué medidas son razonables para hacer cumplir la ley.
El verdadero problema será comprobar la edad
El Gobierno ha dado a las plataformas dos meses y medio para implantar sistemas fiables de verificación. El plazo plantea una dificultad técnica y legal: comprobar que una persona tiene al menos 15 años exige obtener algún tipo de evidencia, pero almacenar documentos, imágenes o datos biométricos puede crear riesgos mayores que el problema que se intenta resolver.
La condición de proteger la privacidad es, por tanto, decisiva. Un sistema eficaz no debería obligar a todos los usuarios a entregar más información personal de la necesaria ni permitir que las plataformas construyan perfiles detallados a partir de la edad. También tendrá que afrontar casos difíciles: cuentas compartidas, datos falsos, adolescentes que intenten utilizar redes mediante dispositivos de sus padres y servicios extranjeros que no apliquen los controles con la misma intensidad.
Qué cambia para las empresas y para el resto de Europa
Las compañías tecnológicas tendrán que rediseñar sus procesos de registro y acceso, asumir costes de implementación y responder ante posibles fallos. La responsabilidad no recaerá solo en las grandes redes: cualquier servicio que permita interacción social entre usuarios puede verse obligado a aclarar cómo identifica la edad y qué hace con esa información. La medida puede acelerar una tendencia europea hacia controles más estrictos, aunque también abrirá debates sobre competencias, proporcionalidad y libertad de acceso a internet.
Para los ciudadanos de otros países, la decisión griega funciona como una señal de que la edad mínima en las redes puede dejar de ser una recomendación difícil de hacer cumplir y convertirse en una obligación legal verificable. No implica que todos los gobiernos vayan a adoptar el mismo límite, pero sí ofrece un precedente que será observado por legisladores, familias y empresas.
La protección no termina al cerrar una cuenta
Limitar el acceso puede reducir la exposición temprana a contenidos dañinos, presiones sociales o dinámicas de uso excesivo, pero no resuelve por sí solo los problemas de salud digital. Los menores seguirán necesitando acompañamiento, educación sobre privacidad y criterios para reconocer abusos, acoso o manipulación. Una prohibición que no vaya acompañada de alternativas de comunicación y de apoyo familiar puede trasladar parte de la actividad a espacios menos visibles.
La relación directa para las familias griegas es clara: antes de enero de 2027 deberán revisar las cuentas de sus hijos, informarse sobre los servicios afectados y hablar con ellos sobre las nuevas reglas. Para las plataformas, el mensaje es igualmente concreto: la facilidad de acceso ya no bastará; tendrán que demostrar que protegen a los menores sin convertir la identidad digital de todos sus usuarios en un expediente permanente.
