La campaña “Un litro de gasolina para Cuba” puede parecer, a primera vista, una iniciativa solidaria de pequeña escala: vender estampas de artistas cubanos a 25 pesos mexicanos para reunir el equivalente a 40.000 litros de combustible. Pero para los ciudadanos mexicanos la noticia plantea preguntas más amplias que la cantidad recaudada. Pone bajo la lupa la relación del Gobierno con organizaciones culturales afines, el uso de espacios públicos y librerías estatales para promover una causa internacional, y la distancia entre un gesto político y una ayuda que realmente pueda llegar a su destino.
Qué se está comprando realmente
La Liga Cultural Antifascista presentó la iniciativa durante la feria del libro del Zócalo de Ciudad de México y prevé extenderla a las 37 librerías del Fondo de Cultura Económica en la Zona Metropolitana. La fórmula es sencilla: adquirir una estampa equivale, en términos de precio, a donar un litro de gasolina. Si se venden las 40.000 piezas previstas, el fondo alcanzaría unos 1.000.000 de pesos mexicanos.
Para quien compre una de esas obras, sin embargo, no existe una relación automática entre su aportación y un litro de combustible entregado en Cuba. El dinero primero debe ser administrado, convertido en una compra efectiva y trasladado a la Isla. Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, habló de conseguir un buque si las elecciones estadounidenses producen un debilitamiento del embargo, aunque no explicó qué entidad realizaría la operación, bajo qué permisos ni mediante qué proveedor se adquiriría la gasolina.
La pregunta que afecta al bolsillo: ¿quién controla los fondos?
La campaña no se presenta como un programa oficial del Gobierno mexicano, pero varios de sus impulsores ocupan cargos públicos o mantienen vínculos visibles con instituciones estatales. Argel Gómez Concheiro, integrante del colectivo y subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios de Ciudad de México, participa en la promoción. Taibo II encabeza el Fondo de Cultura Económica, cuyos establecimientos servirán como puntos de venta.
Ese vínculo no convierte por sí mismo la iniciativa en ilegal ni demuestra un uso indebido de recursos públicos. Sí eleva el estándar de transparencia que los ciudadanos pueden exigir. Quien entregue dinero debería poder conocer cuánto se recauda, en qué cuenta se deposita, quién autoriza los gastos, qué comisión se descuenta por la venta de las estampas y qué ocurrirá si la gasolina no puede enviarse. También sería razonable saber si el FCE aporta personal, locales, transporte o infraestructura, y si esos recursos se contabilizan como una colaboración institucional o como apoyo a una campaña privada.
La experiencia reciente aconseja mantener esa cautela. En marzo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió donaciones para enviar a Cuba alimentos, medicinas, petróleo y gasolina mediante una asociación civil. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció después una aportación personal. El precedente muestra que estas campañas pueden recibir respaldo político de alto nivel, pero también que la solidaridad internacional necesita reglas claras para evitar confundir donaciones particulares con programas de cooperación pública.
Una ayuda con obstáculos mucho más grandes que la recaudación
El problema central no es reunir 40.000 litros en México, sino hacerlos llegar y ponerlos a disposición de los destinatarios en Cuba. El combustible es una mercancía regulada, su transporte marítimo exige permisos y seguros, y cualquier operación internacional puede verse afectada por sanciones, restricciones bancarias, disponibilidad de buques y controles aduaneros. La campaña alude a un posible cambio en Estados Unidos, pero unas elecciones no garantizan por sí solas que desaparezcan las limitaciones financieras o comerciales.
Además, enviar combustible no resuelve automáticamente la crisis energética cubana. La distribución interna, el estado de las plantas eléctricas, la disponibilidad de transporte y las decisiones del Gobierno cubano determinan quién recibe el producto y para qué se utiliza. Para una familia cubana, el beneficio real dependería de que el combustible se traduzca en electricidad, transporte, alimentos conservados o servicios básicos, y no únicamente en una operación de alto valor propagandístico.
Lo que revela sobre la relación entre México y Cuba
La campaña encaja en una política mexicana de apoyo político y cultural a la Isla. En los últimos meses se han impulsado proyectos como “Luz para Cuba”, destinado a financiar paneles solares, y se ha ampliado en Ciego de Ávila el programa Sembrando Vida, con capacitación, semillas, maquinaria e insumos para unos 1.500 productores. También se anunció la distribución de 2,5 millones de libros en América Latina, aunque surgieron dudas sobre su llegada efectiva a Cuba después de que una librería del FCE en La Habana no registrara nuevos ejemplares durante meses.
Para los mexicanos, esto significa que la relación con Cuba no se limita a declaraciones diplomáticas: puede involucrar instituciones culturales, programas de cooperación y recursos públicos o privados. La discusión no debería reducirse a estar a favor o en contra de ayudar a la Isla. La cuestión práctica es si las iniciativas tienen objetivos verificables, controles independientes y beneficios medibles para la población, especialmente cuando se desarrollan con apoyo de funcionarios o dentro de instalaciones estatales.
Qué conviene exigir antes de donar
Los posibles compradores no tienen que asumir que una causa política es necesariamente una operación fraudulenta, pero tampoco deberían donar basándose solo en consignas. Antes de aportar, conviene comprobar quién recibe el dinero, si existe un mecanismo público de rendición de cuentas, cuál es el plazo de ejecución y qué alternativa se aplicará si el envío resulta imposible. También es importante distinguir entre comprar una obra como apoyo cultural y pagar por una promesa concreta de entrega de combustible.
La campaña puede servir para expresar solidaridad con los cubanos afectados por la escasez energética, pero su valor dependerá de lo que ocurra después de la fotografía, la feria y el anuncio. Si se publican cifras auditables y un plan logístico viable, los donantes podrán evaluar el impacto de su contribución. Si no, los 40.000 litros quedarán principalmente como una cifra simbólica dentro del debate político mexicano sobre Cuba, mientras las necesidades de la población cubana seguirán esperando soluciones verificables.
