La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha pedido a la Comisión Europea que examine si la regularización masiva de migrantes aprobada por España contradice las normas comunitarias. La petición, formulada en una reunión sobre migración celebrada en Bruselas, vuelve a situar al Gobierno de Pedro Sánchez bajo presión de varios socios europeos, que vinculan la medida con la llegada de migrantes a Ceuta y denuncian un posible “efecto llamada”.
La cuestión ya no es solo española
Frederiksen sostiene que permitir la residencia legal a personas que entraron irregularmente puede entrar en conflicto con la orientación migratoria que, a su juicio, comparten numerosos gobiernos europeos. Esa política busca reforzar las fronteras exteriores y agilizar la expulsión de quienes permanecen sin autorización en la Unión. Por eso, la dirigente danesa ha solicitado a Ursula von der Leyen que siga estudiando qué ocurre cuando un Estado adopta una medida que considera opuesta a esa línea común.
La petición no equivale a una conclusión jurídica: en la información difundida desde la cumbre no se anuncia que la Comisión haya determinado que España incumpliera la legislación europea. El paso solicitado por Frederiksen abre, más bien, una disputa sobre los límites de la capacidad nacional para regularizar a migrantes y sobre la compatibilidad de esas decisiones con los objetivos compartidos por los Veintisiete.
Ceuta convierte la discrepancia en una presión común
El debate se ha intensificado tras la crisis migratoria de Ceuta. Varios dirigentes sostienen que la regularización española pudo enviar una señal que incentivara nuevas llegadas, aunque algunos reconocen que no está demostrada una relación directa entre la decisión de Madrid y lo ocurrido en la ciudad autónoma. El canciller austriaco, Christian Stocker, ha criticado que España legalizara a muchas personas que se encontraban en situación irregular y ha planteado que esa señal pudo tener consecuencias, sin afirmar que explique por sí sola la presión migratoria.
Ese matiz importa: la conexión entre una regularización y una llegada posterior es una hipótesis política, no una causalidad establecida en las declaraciones recogidas en Bruselas. Sin embargo, el argumento permite a los gobiernos críticos presentar la decisión española como un asunto europeo, porque las consecuencias de la gestión fronteriza de un país pueden repercutir en otros Estados miembros.
La objeción no es nueva. El pasado 1 de agosto, 22 jefes de Estado y de Gobierno firmaron una carta que reprochaba a Sánchez una política que describían como unilateral y contraria a la estrategia europea. En la cumbre, Frederiksen, pese a pertenecer a la misma familia política socialista que el presidente español, ha encabezado de nuevo las críticas. La coincidencia ideológica no ha impedido el desacuerdo: en migración, la posición de Copenhague prioriza el control y la disuasión.
Las respuestas europeas apuntan en direcciones distintas
Otros dirigentes han endurecido el tono. El primer ministro checo, Andris Babis, ha acusado a Sánchez de querer “sustituir a la población por migrantes” para conservar el poder. Se trata de una acusación política, no de una prueba sobre los motivos del Gobierno español, y contrasta con las críticas centradas en la coherencia normativa o en la gestión de fronteras. La diferencia revela que la polémica reúne objeciones de naturaleza distinta bajo un mismo frente.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha utilizado la crisis de Ceuta para reclamar una vigilancia más estricta de las fronteras exteriores, con atención a la inmigración irregular y a los riesgos de seguridad. También ha pedido revisar las normas europeas para que la detención de personas en situación irregular mientras se tramita su expulsión resulte más eficaz. Su planteamiento enlaza la respuesta a la crisis con una reforma de los procedimientos, no solo con el examen de la medida española.
La reforma prometida será la siguiente prueba
Los 16 dirigentes que participaron en el desayuno migratorio respaldaron la reforma legal anunciada por Von der Leyen para situaciones de presión como la de Ceuta. Según la propuesta que describió la presidenta de la Comisión, los cambios podrían permitir suspender el asilo y facilitar devoluciones masivas en circunstancias excepcionales. Von der Leyen ha señalado que pretende presentar una propuesta concreta antes de que termine el año; todavía no se han detallado aquí sus términos ni su alcance definitivo.
La discusión plantea un problema de fondo para la Unión: cómo conciliar decisiones nacionales sobre residencia con una política común que pretende impedir entradas irregulares y organizar retornos. Si Bruselas investiga el caso español, tendrá que precisar qué reglas se aplican y qué margen conservan los Estados. Si, además, avanza la reforma anunciada, el debate sobre Ceuta podría influir en normas que afectarían a toda la Unión. Por ahora, lo comprobable es que la regularización ha convertido la política migratoria española en un punto de fricción europeo; sus efectos jurídicos y su relación con la crisis fronteriza siguen pendientes de evaluación.
