Francia amaneció este domingo con calles cubiertas de cenizas, comercios destruidos y un balance provisional de unos 2.000 detenidos, 600 policías heridos y alrededor de 1.500 establecimientos saqueados o dañados, después de una jornada de protestas que se extendió por las principales ciudades del país. El Gobierno calificó los disturbios de una violencia de “intensidad extrema”, mientras el presidente Emmanuel Macron defendió la actuación de las fuerzas de seguridad y atribuyó los desmanes a grupos de extrema izquierda y delincuentes que se incorporaron a las movilizaciones.
La dimensión del operativo y de los daños convirtió la protesta por la pérdida de poder adquisitivo en una crisis de orden público con una inmediata lectura política. Los organizadores calcularon en 800.000 el número de manifestantes en todo el país, frente a los 550.000 estimados por el ministro del Interior, Laurent Nuñez. La diferencia entre ambas cifras refleja también la disputa por el significado de la jornada: para sus promotores, se trató de una movilización social masiva; para el Ejecutivo, de una protesta desbordada por grupos violentos.
Una protesta social que terminó en confrontación
La convocatoria había surgido una semana antes en las redes sociales y reunía demandas de origen diverso. Los “chalecos amarillos”, movimiento nacido en 2018 contra el aumento de los combustibles y el encarecimiento de la vida, volvieron a movilizarse por la caída del poder adquisitivo. A ellos se sumaron estudiantes de secundaria, sindicatos, organizaciones profesionales y dirigentes de izquierda, en una iniciativa presentada como una “convergencia de luchas”.
La marcha principal, que partió de la plaza de la República en París, transcurrió inicialmente de forma pacífica. Sabrine Kharbach, portavoz de la Unión de Estudiantes, la describió como una “ola gigante” vinculada con la tradición de Mayo del 68. Entre los participantes había también jóvenes graduados de la escuela de negocios HEC, quienes reconocían su posición privilegiada y defendían la necesidad de solidarizarse con sectores afectados por la precariedad.
Sin embargo, la tensión apareció desde las primeras horas. Frente a la estación de Saint-Lazare, la policía registró y multó a varios manifestantes, provocando su dispersión. Según el diario Le Monde, la intervención dio paso a persecuciones por las calles que continuaron durante buena parte del día. El episodio anticipó una dinámica en la que la protesta política, la acción policial y la violencia callejera terminaron mezclándose hasta hacer difícil distinguir los distintos grupos y objetivos.
Vandalismo y daños en varias ciudades
En las calles próximas al recorrido central, unidades antidisturbios se enfrentaron con encapuchados que lanzaban piedras. Arardieron vehículos, bicicletas y contenedores, mientras grupos organizados en bloques negros atacaban las líneas policiales cerca de la iglesia de la Madeleine. Las fuerzas del orden parecían desbordadas en algunos puntos, y crecía entre los propios participantes la percepción de que los episodios violentos no estaban dirigidos por los estudiantes que habían convocado parte de la movilización.
Con el paso de las horas se produjeron saqueos contra tiendas de lujo y comercios deportivos. En la avenida Montaigne fue asaltado un establecimiento de Céline. La violencia tampoco quedó limitada a la capital: en Lyon fue incendiada la oficina de turismo de la plaza Bellecour; en Marsella, un grupo enmascarado irrumpió en el ayuntamiento y derribó una estatua de Marianne, símbolo de la República; en Burdeos fue saqueada la residencia del prefecto y también se registraron ataques en Toulouse.
La cadena Franceinfo informó de medio centenar de manifestantes heridos, una cifra que podría aumentar a medida que se consolide el balance. El número de comercios afectados, junto con los ataques a edificios públicos, añade una dimensión económica e institucional a una protesta que originalmente estaba centrada en los ingresos familiares. Para comerciantes y autoridades locales, la recuperación no dependerá solo de reparar escaparates y mobiliario, sino también de restablecer la confianza en la seguridad de las zonas urbanas más expuestas.
Macron y la oposición confrontan sus diagnósticos
Durante una reunión de crisis, el primer ministro Sébastien Lecornu denunció a “sembradores del caos” y afirmó que era un “milagro” que el balance no hubiera sido más grave. El Ejecutivo sostuvo que la violencia fue impulsada por una maniobra política que pretendía justificar la destrucción y anunció que el Gobierno movilizaría ayudas para los afectados. Macron respaldó públicamente a la policía y rechazó que los destrozos pudieran explicarse o excusarse por las reivindicaciones sociales.
“Elementos sediciosos procedentes de grupos de extrema izquierda, a los que se sumaron numerosos delincuentes, desataron una violencia desenfrenada”, afirmó el presidente. También expresó su apoyo a los agentes heridos y a sus familias. Sus declaraciones buscan fijar una frontera política entre el malestar social, que el Gobierno deberá atender, y la violencia, que pretende aislar como una amenaza contra las instituciones y el funcionamiento cotidiano del país.
Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa y participante en la marcha, ofreció una interpretación opuesta. Mientras Macron encabezaba la respuesta institucional, Mélenchon acusó a las autoridades de buscar la confrontación mediante su estrategia policial. Esta disputa puede complicar la salida de la crisis: si el Gobierno reduce el episodio a un problema de seguridad, corre el riesgo de dejar intacta la causa económica de la movilización; si la oposición minimiza los saqueos y los ataques, puede perder credibilidad ante una ciudadanía afectada por la violencia.
El comité de crisis que presidirá Lecornu deberá responder simultáneamente a esas dos presiones. Francia tendrá que reparar los daños, esclarecer la responsabilidad de los grupos violentos y revisar la actuación policial, pero también afrontar el deterioro del poder adquisitivo que permitió reunir a sectores sociales tan distintos. La jornada dejó claro que la protesta conserva una base amplia; el desafío inmediato para el Gobierno será impedir que esa demanda social quede absorbida por una nueva espiral de enfrentamientos.
