Francia entra en la recta final hacia las elecciones presidenciales de abril de 2027 con unas cuentas públicas sometidas a una presión creciente y una conflictividad social que limita el margen de maniobra del Gobierno. El déficit fiscal previsto para este año alcanza el 5,4% del producto interno bruto, mientras la deuda pública se sitúa en el 119,3% del PIB, el nivel más alto desde que comenzó esta serie estadística, en 1978.
La combinación de deuda elevada, mayores costos de financiación y demandas de más inversión estatal ha convertido la política presupuestaria en uno de los principales asuntos de la campaña. El Ejecutivo de Emmanuel Macron pretende reducir el déficit al 5% del PIB en 2027 mediante recortes en el gasto y en las inversiones públicas, pero la propuesta choca con las movilizaciones de estudiantes, sindicatos y organizaciones sociales que reclaman más recursos para la educación, los servicios públicos y el poder adquisitivo.
Una deuda cada vez más costosa
La tensión financiera se refleja en los mercados. La prima de riesgo de Francia, indicador utilizado para medir la percepción de los inversionistas sobre la solvencia de un país, alcanzó esta semana su máximo desde 2011. Al mismo tiempo, los bonos franceses a diez años ofrecen un rendimiento cercano al 5%, frente a alrededor del 3,4% de los títulos alemanes con el mismo vencimiento.
La diferencia encarece la financiación del Estado y aumenta el gasto destinado al pago de intereses. El ministro de Economía, Roland Lescure, señaló a France Info que Francia todavía conserva la confianza suficiente para emitir deuda, pero advirtió que hacerlo resulta cada vez más caro. Para el Gobierno, esa evolución constituye una señal de alarma porque reduce los recursos disponibles para atender nuevas demandas sociales y eleva la sensibilidad del presupuesto ante cualquier deterioro de los mercados.
El problema también tiene una dimensión europea. Las reglas de la zona euro establecen un límite de déficit del 3% del PIB, ampliamente superado por Francia. Las instituciones de la Unión Europea han pedido a París medidas de consolidación fiscal en el corto plazo, mientras el Gobierno sostiene que un ajuste es necesario para recuperar la confianza de los inversores y contener la trayectoria de la deuda.
Francia tampoco dispone de algunas herramientas que tendrían otros países con moneda propia. Al formar parte del euro, no puede devaluar unilateralmente su moneda para mejorar su competitividad o aliviar el peso real de sus obligaciones. El analista Alejandro Chafuen considera que el país se encuentra atrapado entre la necesidad de reducir el gasto y la resistencia de una mayoría electoral que rechaza recortes profundos. En su opinión, una reducción de regulaciones y de impuestos podría impulsar la actividad privada, aunque esa alternativa no resolvería por sí sola la urgencia presupuestaria.
El presupuesto, en el centro del conflicto
El primer ministro Sébastien Lecornu ha anunciado que el proyecto presupuestario para 2027 incluirá recortes estructurales. La iniciativa enfrenta oposición tanto en las calles como en la Asamblea Nacional. Los legisladores han advertido que podrían promover mociones de censura si el Ejecutivo aprueba el presupuesto mediante decreto, como ocurrió en las disputas parlamentarias de 2024 y 2025, en lugar de obtener un respaldo legislativo suficiente.
El Gobierno intenta mostrar que el ajuste no implicará abandonar todas las prioridades sociales. A comienzos de octubre, Lecornu se comprometió a añadir 1.200 millones de euros al presupuesto de Educación Nacional para 2027. Sin embargo, reconoció que ese aumento tendría que compensarse con reducciones en otras partidas. La decisión ilustra el dilema central: incluso los gastos considerados urgentes requieren identificar recursos en un presupuesto ya presionado por los intereses de la deuda y por el cumplimiento de los compromisos europeos.
Las protestas reúnen a sectores con reclamos diferentes, pero conectados por la percepción de un deterioro de los servicios y de las condiciones de vida. Los estudiantes denuncian problemas en los liceos y en las instalaciones de educación media. Los sindicatos y grupos vinculados al movimiento de los chalecos amarillos señalan el aumento del costo de vida y los recortes en los servicios públicos. Sophie Binet, dirigente de la CGT, afirmó que las demandas de los manifestantes no han sido tomadas en cuenta.
La elección presidencial añade presión
La proximidad de las elecciones condiciona las decisiones del Ejecutivo. Con el segundo mandato de Macron cerca de su final, los partidos comienzan a diferenciarse mediante propuestas sobre impuestos, gasto social y tamaño del Estado. La encuesta más reciente citada de Ipsos muestra que el pesimismo sobre la situación del país y la economía continúa marcando la opinión pública francesa.
Las alternativas cubren un amplio espectro político. Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, propone que el Banco Central Europeo congele parcialmente la deuda francesa que mantiene con la entidad, calculada en 600.000 millones de euros. Raphaël Glucksmann, representante de la izquierda moderada, plantea reducir las ayudas públicas a las empresas y las exenciones fiscales para aumentar los ingresos.
Los ex primeros ministros Édouard Philippe y Gabriel Attal defienden una revisión de la estructura de costos del Estado y recortes de gasto. Marine Le Pen, de Agrupación Nacional y favorita en las encuestas citadas, asegura que podría ahorrar 150.000 millones de euros, principalmente mediante una reducción de los recursos destinados a la atención de migrantes.
La disparidad de las propuestas refleja que todavía no existe un consenso político sobre cómo repartir el costo del ajuste. Reducir el gasto con rapidez podría contener el déficit, pero también debilitar la actividad económica y profundizar el malestar social. Aumentar la inversión, por otro lado, respondería a las protestas, aunque podría elevar las necesidades de financiación si no va acompañado de nuevos ingresos o de recortes en otros ámbitos.
El economista Joseph Brusuelas, de RSM US LLP, advierte que la crisis podría empeorar si no se presenta pronto un plan creíble de consolidación fiscal. Según su análisis, una escalada desordenada podría llevar al Banco Central Europeo a intervenir para evitar el contagio a otras economías de la zona euro. El próximo presidente francés heredará, en cualquier caso, una deuda elevada, un electorado exigente y unos mercados que ya están reclamando señales concretas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
