Flávio Bolsonaro se jugará este domingo la presidencia de Brasil frente a Luiz Inácio Lula da Silva, en una segunda vuelta que enfrenta dos proyectos políticos y, al mismo tiempo, dos formas de interpretar la reciente historia del país. El senador por Río de Janeiro, candidato del Partido Liberal, obtuvo el 47% de los votos en la primera vuelta del 4 de octubre, frente al 45,1% de Lula. Ninguno superó la mitad de los votos válidos, por lo que la elección quedó reducida a una disputa directa en la que cada candidato necesita atraer al electorado que no se identifica plenamente con ninguno de los dos bloques.
La candidatura de Flávio tiene una particularidad decisiva: no se presenta únicamente como una opción conservadora, sino como la continuidad política de Jair Bolsonaro. El expresidente, condenado a 27 años y 3 meses de prisión por un intento de golpe de Estado, lo designó en diciembre de 2025 como su heredero político. Esa decisión convirtió al mayor de sus hijos, conocido dentro de la familia como el “01”, en el principal depositario electoral del bolsonarismo.
Una segunda vuelta marcada por la herencia familiar
Flávio Bolsonaro, nacido en Resende en 1981, llega a esta fase con una ventaja estrecha, pero también con una carga política difícil de separar de la figura de su padre. Su discurso combina la defensa del orden y el endurecimiento penal con la denuncia de una supuesta persecución institucional contra Jair Bolsonaro. Califica de “farsa” el juicio que terminó en condena, acusa de parcialidad a los jueces del Supremo Tribunal Federal y promete anular la sentencia si llega a la Presidencia.
La promesa no es un detalle secundario. Sitúa la elección en un terreno que supera la alternancia entre izquierda y derecha: para los seguidores de Bolsonaro, el voto puede funcionar como una revisión política de los procesos judiciales contra el expresidente. Para sus adversarios, en cambio, la propuesta plantea dudas sobre la separación de poderes y sobre la disposición del candidato a utilizar el Ejecutivo para resolver una deuda política familiar.
El programa busca ampliar el frente conservador
El programa de Flávio intenta convertir esa defensa del legado paterno en una oferta de gobierno más amplia. Propone reducir de 18 a 16 años la edad de responsabilidad penal y establecer sanciones desde los 14 años para delitos graves. La iniciativa responde a una demanda habitual de los sectores conservadores, que vinculan la inseguridad con la necesidad de endurecer las penas. Sin embargo, también desplaza el debate hacia la eficacia del sistema penitenciario, la prevención del delito y la capacidad del Estado para aplicar esas medidas sin agravar la violencia.
El candidato también plantea eliminar la reelección presidencial y se compromete a no buscar un segundo mandato. La propuesta puede interpretarse como un intento de diferenciarse de la lógica de permanencia en el poder que ha marcado a varios líderes brasileños, aunque su alcance dependería de una reforma institucional. En paralelo, propone limitar las decisiones individuales de los jueces del Supremo. Con ello, presenta la reforma judicial como una cuestión de equilibrio entre poderes, mientras sus críticos ven una respuesta directa a los magistrados que han actuado contra el entorno bolsonarista.
Las investigaciones que acompañan al candidato
La campaña llega a la segunda vuelta con varios expedientes que afectan a la imagen de Flávio y ofrecen a Lula un flanco de ataque. El caso más conocido es el de las “rachadinhas”, una práctica consistente en desviar parte de los salarios de asesores durante su etapa como diputado estatal. La denuncia, presentada en 2020, fue archivada en 2022 después de que se anularan las pruebas. El archivo no equivale a una condena, pero el episodio continúa asociado a la trayectoria pública del candidato y alimenta las dudas sobre sus estándares de transparencia.
La Policía Federal lo investiga además por presunta corrupción y blanqueo de capitales en el llamado Caso del Banco Master. Las sospechas están relacionadas con la financiación de una película sobre su padre, un asunto que mezcla intereses políticos, operaciones económicas y la construcción de una memoria favorable del bolsonarismo. La investigación no determina por sí misma responsabilidad penal, pero introduce un elemento de vulnerabilidad en una campaña que pretende presentarse como respuesta a la corrupción y a los abusos de las instituciones.
También permanece bajo escrutinio la compra, en 2021, de una mansión en Brasilia por 5,97 millones de reales. A ello se suma el hecho de que, cuando era diputado estatal, Flávio empleó a familiares de Adriano da Nóbrega, señalado como miliciano y condecorado por él en 2005. Cada episodio tiene un contexto propio, pero juntos forman una acumulación de preguntas sobre su patrimonio, sus relaciones políticas y los límites entre actividad institucional y redes de poder.
Más que una rivalidad electoral
La elección enfrenta así dos conflictos superpuestos. El primero es programático: seguridad, política penal, relación con el Supremo y modelo de Presidencia. El segundo es institucional: hasta dónde puede llegar un mandatario para revertir una condena, limitar a la justicia o proteger a un aliado político. Flávio necesita conservar la movilización de la derecha bolsonarista y, a la vez, convencer a votantes moderados de que su candidatura no se reducirá a la defensa personal de Jair Bolsonaro.
Lula, por su parte, puede presentar la contienda como una elección entre la continuidad de un liderazgo sometido a condena y la recuperación de una agenda de gobierno propia. Pero la diferencia mínima de la primera vuelta revela que el rechazo al bolsonarismo no basta para garantizar su victoria. El resultado dependerá de si Flávio consigue transformar la lealtad familiar en una mayoría nacional o si el electorado termina interpretando esa herencia como una promesa de continuidad del conflicto institucional que ha dividido a Brasil.
