La investigación contra Thomas Markle, padre de Meghan Markle, ha entrado en una fase decisiva en Filipinas después de que la Policía Nacional inspeccionara la vivienda donde residía en Cebú y confiscara un ordenador portátil junto con otros materiales. Las autoridades analizan ahora si esos objetos contienen pruebas de posesión de pornografía infantil o de abuso sexual de menores. El ministro del Interior filipino, Jonvic Remulla, afirmó que los resultados del examen forense estarán disponibles en aproximadamente una semana y advirtió que se emprenderán acciones legales si se confirma la existencia de evidencias suficientes.
La denuncia fue presentada por Thomas Markle Jr., hijo del acusado y medio hermano de la duquesa de Sussex. Según su relato, encontró cientos o incluso miles de imágenes en cuatro cajas mientras vaciaba la propiedad familiar. El material, que supuestamente incluiría imágenes de niñas de no más de 10 u 11 años, fue entregado a la policía filipina. Markle Jr. también aseguró haber contactado con el FBI, lo que ha convertido un conflicto familiar en un expediente con posible dimensión internacional.
La prueba central todavía no ha sido validada
El elemento más relevante para las autoridades es el ordenador portátil localizado en la antigua residencia de Markle. La policía filipina lo someterá a un análisis digital destinado a determinar qué archivos contiene, cuándo fueron creados o descargados, quién pudo acceder a ellos y si existe una conexión verificable con Thomas Markle. La mera presencia de material en una vivienda no demuestra por sí sola quién lo almacenó o utilizó; por eso, la trazabilidad técnica será determinante para distinguir entre una acusación fundada y una interpretación incompleta de los objetos encontrados.
Jonvic Remulla declaró que los indicios apuntan a un posible delito extremadamente grave, pero insistió en que las autoridades deben considerar todos los ángulos porque el caso está atravesado por una disputa familiar. Esa cautela no reduce la gravedad de la denuncia. Al contrario, refleja la necesidad de proteger a posibles víctimas sin convertir materiales aún no examinados judicialmente en una condena anticipada. El director de la Oficina Nacional de Investigación filipina, Melvin Matibag, confirmó que el FBI solicitó cooperación y que Filipinas deberá informar si se identifica a alguna víctima.
Una denuncia surgida al vaciar la casa de Cebú
El origen inmediato del caso se sitúa en la vivienda que Thomas Markle ocupaba en Cebú hasta mayo. Según su hijo, el padre abandonó Filipinas después de sufrir un derrame que provocó la amputación de una pierna y posteriormente regresó a Estados Unidos, donde se encontraría en una clínica de rehabilitación en Florida. Markle Jr. afirmó que había cuidado y apoyado a su padre durante años, pero que decidió acudir a la policía tras descubrir el supuesto material.
También dijo que algunas imágenes permitían reconocer una casa mexicana situada en Rosarito, Baja California, donde Thomas Markle habría vivido durante un periodo. Esa afirmación, de confirmarse, podría ampliar la investigación a otros territorios y obligar a las autoridades a reconstruir desplazamientos, dispositivos y posibles conexiones digitales. Por ahora, sin embargo, se trata de una declaración de un denunciante y no de un hecho establecido por una autoridad judicial.
El expediente reabre una ruptura familiar de años
La denuncia ha arrojado una nueva luz sobre el distanciamiento entre Meghan Markle y su padre. La duquesa aseguró que conocía las acusaciones desde 2018, cuando la policía británica le entregó una carta con señalamientos sobre presuntos delitos cometidos fuera del Reino Unido. Meghan explicó que esa información fue la razón por la que decidió cortar el contacto y evitar que Thomas Markle tuviera relación con sus hijos.
La Policía Metropolitana de Londres precisó que la carta fue remitida en enero de 2019 a la oficina de los duques de Sussex y que su contenido no fue compartido con otros organismos encargados de hacer cumplir la ley. Un portavoz de Meghan señaló que ella pudo haberse equivocado al recordar la fecha exacta en que recibió el documento, mientras que el registro policial debe considerarse la referencia oficial. Esta diferencia temporal no resuelve las acusaciones, pero sí muestra que la secuencia de comunicaciones institucionales será relevante para establecer qué se sabía y cuándo.
Meghan manifestó sentirse profundamente angustiada y dijo que sus pensamientos estaban con los niños que pudieran haber sido perjudicados. Su reacción también intentó corregir una explicación que, durante años, fue objeto de especulaciones en la prensa británica: según ella, el alejamiento no se debió únicamente a conflictos personales o a la ausencia de su padre en su boda de 2018, sino a una decisión vinculada con la protección de sus hijos.
Thomas Markle niega las acusaciones
Thomas Markle rechazó las denuncias y las calificó de mentiras enfermizas. Afirmó que nunca tendría relaciones sexuales con menores de 18 años y sostuvo que los ordenadores no estaban en su poder desde que abandonó México en 2025. También reconoció haber pagado por sexo durante viajes a Filipinas cuando era soltero, pero negó que eso implique abuso de menores. Su hija Samantha Markle defendió igualmente a su padre y acusó a Thomas Markle Jr. de fabricar afirmaciones para obtener dinero a través de los medios.
La investigación deberá separar tres planos que hasta ahora aparecen mezclados: la autenticidad y naturaleza del material, la responsabilidad de quien lo almacenó y la credibilidad de las declaraciones de cada miembro de la familia. Mientras el análisis forense no concluya y las autoridades no establezcan una cadena de custodia verificable, ninguna de las partes puede considerarse judicialmente responsable. La colaboración entre Filipinas, Estados Unidos y, eventualmente, otros países será crucial para determinar si el caso conduce a cargos formales o si las acusaciones no logran sostenerse con pruebas admisibles.
