El coronel Juan Marcelo Ferrufino Rojas, exdirector nacional de Inteligencia de la Policía Boliviana y uno de los oficiales que intervino en la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue enviado este domingo con detención preventiva por seis meses al penal de Patacamaya. Durante la audiencia de medidas cautelares, el exjefe policial afirmó que teme por la seguridad de sus hijas y de su familia, y sostuvo que su actuación durante el operativo del 13 de marzo de 2026 se ajustó a su formación profesional.
“Si me da detención preventiva, no tengo miedo por mi vida, sino por mis hijas y mi familia”, manifestó Ferrufino ante la autoridad judicial. Su declaración se produjo en un proceso que investiga el presunto retiro irregular de maletas desde el inmueble del barrio Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra, donde Marset fue aprehendido. La Fiscalía atribuye al coronel posibles delitos vinculados con la administración y disposición de bienes que no habrían sido incorporados formalmente a los registros del procedimiento.
La decisión judicial y los cargos investigados
La resolución judicial establece que Ferrufino permanezca recluido durante seis meses mientras avanzan las investigaciones. La medida cautelar no constituye una condena, sino una decisión provisional adoptada dentro de la etapa preparatoria, en la que deben esclarecerse los hechos, establecerse responsabilidades individuales y verificarse la validez de los elementos presentados por la acusación.
La imputación formal menciona los presuntos delitos de peculado, incumplimiento de deberes, hurto agravado, concusión y cohecho pasivo. Según la hipótesis fiscal, algunas maletas retiradas del inmueble allanado no habrían sido registradas ni entregadas de manera regular a las instancias encargadas del inventario y la custodia de los objetos encontrados.
El expediente también contempla la posible existencia de dinero en efectivo por un valor estimado de al menos cuatro millones de dólares, además de relojes de lujo y otros bienes. La determinación del origen, la cantidad exacta y el destino de esos objetos dependerá de las pericias, declaraciones y documentos que se incorporen al proceso. Hasta ahora, la información disponible describe una hipótesis investigativa, no una responsabilidad penal establecida.
La defensa del operativo de marzo
Ferrufino defendió de manera enfática la operación ejecutada el 13 de marzo en Santa Cruz, que terminó con la captura de Marset. Aseguró que el procedimiento fue realizado por personal capacitado y que los agentes desconocían previamente el destino y los detalles de la misión. Según su versión, esa reserva permitió preservar la operación y evitar filtraciones antes de llegar al objetivo.
“Estoy seguro que de los 35 mil hombres de la Policía boliviana, nadie se hubiera animado a hacerlo”, declaró al referirse a la captura. El coronel atribuyó el resultado a la convicción, el entrenamiento y las capacidades de los efectivos que participaron en el despliegue, y rechazó que su actuación pueda interpretarse como una conducta improvisada o ajena a los protocolos de intervención.
También afirmó que ningún integrante del Grupo Especial de Acciones Tácticas conocía con antelación el lugar al que se dirigía ni el propósito completo de la misión. La explicación busca respaldar la idea de que la información fue compartimentada entre los participantes, una práctica habitual en operaciones de alto riesgo, aunque su aplicación concreta y la cadena de decisiones deberán ser examinadas dentro de la investigación.
Un procedimiento bajo escrutinio
El exdirector de Inteligencia pidió que se revise un video que, según indicó, fue remitido mediante la secretaría correspondiente. A su juicio, esa grabación puede aportar elementos sobre la forma en que actuó durante el procedimiento y demostrar que intervino como negociador, no como responsable de una apropiación irregular de bienes.
“Soy negociador experto certificado. No puedo abandonar una negociación”, sostuvo. Ferrufino cuestionó que el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía interpreten su conducta como un intento de “robar” objetos del inmueble. Dijo que es un oficial entrenado, con trayectoria institucional, y lamentó que ahora sea tratado como “un número más” mientras permanece privado de libertad.
El punto central de la investigación consiste en establecer qué ocurrió con las maletas después del allanamiento: quién tuvo acceso a ellas, qué objetos contenían, si fueron trasladadas por orden oficial y por qué eventualmente no quedaron asentadas en los registros correspondientes. La respuesta a esas preguntas será determinante para diferenciar una actuación operativa irregular, una falla administrativa o una conducta deliberada con consecuencias penales.
De la operación exitosa a la causa penal
Durante su intervención, Ferrufino recordó que en los días posteriores a la captura escuchó el comentario de un policía que cuestionaba haber sido enviado a una situación de peligro. En ese momento, dijo, tomó la frase con humor. Sin embargo, afirmó que ahora comprende la preocupación de aquel efectivo, porque permanece detenido y considera que su imagen pública y profesional se ha deteriorado.
El contraste entre el reconocimiento asociado a la captura de Marset y la investigación por el manejo de bienes incautados refleja la complejidad del caso. Una operación puede haber cumplido su objetivo principal y, al mismo tiempo, quedar sujeta a controles posteriores sobre la cadena de custodia, la documentación y el comportamiento de los funcionarios. El éxito de la aprehensión no elimina la obligación de esclarecer cualquier irregularidad denunciada durante o después del procedimiento.
Marset fue capturado en Santa Cruz de la Sierra el 13 de marzo de 2026 y actualmente enfrenta a la Justicia de Estados Unidos. A partir de ese operativo, distintas investigaciones alcanzaron a funcionarios públicos por presuntos vínculos con el narcotraficante y por posibles anomalías relacionadas con su entorno. La detención preventiva de Ferrufino incorpora un nuevo capítulo al caso, cuyo desenlace dependerá de la evidencia que se reúna y de las decisiones que adopten las autoridades judiciales durante el proceso.
