Restringir el uso de teléfonos celulares dentro de las aulas sería una medida insuficiente para enfrentar las afectaciones emocionales de estudiantes en la Ciudad de México, advirtieron especialistas de la Universidad Iberoamericana. A su juicio, la respuesta debe formar parte de una estrategia integral de salud mental que considere el desgaste académico, las condiciones escolares y los factores de vulnerabilidad que pueden intensificarse en los planteles.
La advertencia surge en un contexto en el que las escuelas ocupan un lugar central para detectar y atender problemas emocionales. Los especialistas plantearon que definir y consolidar medidas coordinadas en estos espacios resulta crucial, porque las comunidades educativas concentran a niñas, niños y adolescentes durante una parte importante de su vida cotidiana y pueden identificar cambios de conducta, señales de agotamiento o dificultades de adaptación antes de que se conviertan en crisis mayores.
El problema rebasa la pantalla
El debate sobre los celulares suele concentrarse en la distracción, la pérdida de atención o el impacto de las notificaciones durante las clases. Sin embargo, reducir el problema a la presencia del dispositivo puede desviar la atención de las causas que producen el malestar. Un teléfono puede interferir en el aprendizaje, pero no explica por sí mismo el estrés sostenido, la presión por obtener resultados, la falta de descanso, los conflictos familiares o la ausencia de apoyo psicológico.
Por esa razón, una restricción general podría mejorar determinados momentos de concentración sin resolver el origen de las afectaciones emocionales. Incluso, si se aplica sin criterios claros, puede generar nuevos conflictos entre estudiantes, docentes y familias. La utilidad de cualquier límite dependerá de que tenga un propósito pedagógico definido, reglas conocidas, excepciones justificadas y mecanismos de acompañamiento para quienes enfrenten una situación de riesgo.
El desgaste académico como señal de alerta
Entre los fenómenos señalados se encuentra el burnout académico, descrito como un síndrome de estrés prolongado relacionado con los estudios que provoca un desgaste físico, mental y emocional profundo. No se trata simplemente de cansancio después de una jornada exigente. Su relevancia está en la acumulación de demandas y en la posibilidad de que el agotamiento termine afectando la motivación, el rendimiento, la convivencia y la percepción que el estudiante tiene de sus propias capacidades.
Cuando el cansancio se vuelve persistente, una respuesta centrada únicamente en controlar conductas visibles puede resultar limitada. La disminución de la participación en clase, la irritabilidad, el aislamiento, la dificultad para concentrarse o la pérdida de interés pueden interpretarse como indisciplina, aunque también sean manifestaciones de un problema emocional. La identificación temprana exige que el personal escolar cuente con criterios para distinguir entre una conducta ocasional y una señal que requiere atención especializada.
El concepto también obliga a revisar la responsabilidad que recae sobre los estudiantes. Si la escuela exige disponibilidad permanente, multiplica tareas o evalúa el desempeño sin considerar el descanso y el contexto personal, el problema no puede atribuirse exclusivamente a los hábitos digitales. El celular puede intensificar la conexión con las obligaciones académicas, pero el agotamiento también depende de la forma en que está organizada la experiencia escolar.
Escuelas con capacidad de respuesta
Los especialistas de la Universidad Iberoamericana colocaron a las escuelas dentro de una política más amplia de atención a la salud mental en la Capital. Esa perspectiva implica que los planteles no deben limitarse a reaccionar cuando ocurre una crisis. Necesitan protocolos para detectar riesgos, canales confidenciales de orientación, capacitación para docentes y rutas claras de referencia hacia servicios profesionales.
La intervención escolar, sin embargo, no sustituye la atención clínica. Su función principal puede ser reconocer señales, escuchar sin estigmatizar, informar a las familias cuando sea necesario y facilitar el contacto con especialistas. Para que ese proceso funcione, deben definirse responsabilidades y evitar que los profesores queden obligados a resolver por cuenta propia situaciones que requieren conocimientos psicológicos o psiquiátricos.
También es necesario considerar que no todos los estudiantes enfrentan las mismas condiciones. Las vulnerabilidades pueden amplificarse según el entorno familiar, la situación económica, la violencia, la discriminación, la discapacidad o el acceso desigual a servicios de salud. Una política uniforme sobre celulares no atiende esas diferencias; una estrategia integral, en cambio, puede establecer apoyos diferenciados y priorizar a quienes presentan mayores riesgos.
La regulación requiere objetivos verificables
Limitar los teléfonos puede tener sentido cuando busca proteger la atención, reducir interrupciones o crear momentos de convivencia directa. Pero la medida debe evaluarse por sus resultados y no sólo por su rigor. Las autoridades escolares tendrían que observar si mejora la concentración, si disminuyen los conflictos y, al mismo tiempo, si se mantienen disponibles los medios de comunicación en emergencias y las herramientas digitales con valor educativo.
Una regulación eficaz también debería explicar cómo se aplicará, qué ocurrirá ante incumplimientos y quién responderá por el resguardo de los dispositivos. Sin estas definiciones, la norma puede aplicarse de manera desigual y convertirse en una fuente adicional de tensión. Además, prohibir sin enseñar estrategias de autocontrol deja intacta la dependencia tecnológica: el estudiante aprende a ocultar el uso del teléfono, pero no necesariamente a administrar su atención.
La discusión, por tanto, no se reduce a permitir o prohibir celulares. El punto central es determinar qué condiciones favorecen el aprendizaje y la salud emocional dentro de las escuelas. Una política pública consistente tendría que combinar límites razonables al uso de dispositivos con prevención, escucha, formación docente, participación familiar y acceso oportuno a atención profesional. Sólo así una medida de control podrá integrarse a una respuesta capaz de atender el problema que pretende enfrentar.
