Alejandro Rocha Laureano, excomandante de la extinta Policía Judicial de Puebla, salió del penal de Cancún después de que un juez determinara que cumplió la pena de cinco años y seis meses de prisión por tortura contra la periodista Lydia Cacho. La resolución se conoció el miércoles 14 de octubre y, según ARTICLE 19 México y Centroamérica, supone el cumplimiento de la condena, no una absolución ni un reconocimiento de inocencia.
Rocha Laureano permanecía preso desde el 4 de diciembre de 2018. La autoridad judicial tomó en cuenta el tiempo que estuvo recluido antes de recibir sentencia y concluyó que bastaba para cubrir la pena impuesta. La organización, que ha acompañado jurídicamente a Cacho durante más de 15 años, pidió que la liberación no interfiera en las causas penales aún abiertas contra otros dos presuntos responsables.
La condena no cierra las causas pendientes
ARTICLE 19 señaló que los procesos contra esas otras personas continúan y reclamó una sentencia justa en los expedientes pendientes. La distinción es relevante: la salida de Rocha Laureano se deriva de que la pena quedó cumplida, mientras que la determinación de responsabilidades de los demás investigados sigue su curso. Por separado, Periódico Central informó que el equipo jurídico del excomandante dejó abierta la posibilidad de presentar una contrademanda contra Cacho; no se dieron a conocer más detalles sobre esa eventual acción.
La investigación federal vinculó a Rocha Laureano con el operativo de detención y traslado de la periodista en diciembre de 2005. Las indagatorias apuntaron a su presunta participación en el relevo de los agentes que la trasladaban de Cancún a Puebla. Fue detenido en Puebla por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, entonces adscrita a la Procuraduría General de la República, en cumplimiento de una orden de aprehensión por tortura. En ese momento aún formaba parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
En 2021, un juez federal le negó la posibilidad de continuar el proceso en libertad al considerar la gravedad del delito que enfrentaba. La pena finalmente impuesta fue de cinco años y seis meses. La decisión posterior sobre su excarcelación atendió al cómputo del tiempo de prisión preventiva, no a una revisión que lo exonerara de la condena.
Una detención que se remonta a 2005
El caso se originó tras la publicación de Los demonios del Edén, libro en el que Cacho documentó una presunta red de explotación sexual infantil y posibles vínculos de empresarios y políticos con esos delitos. Kamel Nacif presentó una denuncia por difamación y calumnias en Puebla. El 16 de diciembre de 2005, agentes de la Policía Judicial poblana detuvieron a la periodista en Cancún y la trasladaron por carretera a Puebla, un trayecto de alrededor de mil 500 kilómetros que duró más de 20 horas.
Cacho denunció que permaneció incomunicada durante el recorrido y que fue amenazada de muerte y sometida a violencia física, psicológica y sexualizada. Según su testimonio, los agentes buscaban que se retractara de lo publicado. Años después se difundieron conversaciones telefónicas atribuidas al entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y a Nacif sobre la detención. Los audios impulsaron investigaciones y dieron lugar al apodo público de “góber precioso” para Marín; también llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a abrir una investigación sobre los hechos.
La salida de Rocha Laureano marca el término de la sanción que le fue impuesta, pero no resuelve por sí sola el conjunto de responsabilidades investigadas en el caso. La continuidad de los otros procesos y las decisiones que adopten los tribunales determinarán el alcance judicial pendiente de una causa que comenzó con la detención de Cacho y que, dos décadas después, aún mantiene expedientes abiertos.
