El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó las visas de Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol; Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo; Wadith Manzur, senador electo, y la congresista Karen Manrique, además de otros dirigentes políticos colombianos. La medida también alcanza a sus respectivos familiares y les impide ingresar o transitar por territorio estadounidense.
Una sanción con alcance regional
Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, afirmó que las restricciones buscan proteger la estabilidad regional y promover la rendición de cuentas frente a actos de corrupción. Según el funcionario, Washington pretende respaldar los esfuerzos de Colombia y Bolivia para reducir la influencia ilícita en tribunales, cuerpos policiales y órganos legislativos.
La decisión fue presentada como parte de una campaña más amplia contra la corrupción y el narcotráfico. El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que los países de la alianza Escudo de las Américas acordaron intensificar la cooperación contra el crimen organizado. Colombia se incorporó a esa iniciativa después de la llegada a la Presidencia de Abelardo de la Espriella, en agosto.
La lista combina figuras con peso político y casos judiciales abiertos. Acuña dirige la capital de Sucre, mientras que Manzur no pudo asumir su escaño porque la justicia ordenó su detención en marzo. La inclusión de Roa, quien fue jefe de campaña de Gustavo Petro y presidió Ecopetrol, eleva el alcance político de la medida, aunque el comunicado estadounidense no detalla de manera individual las conductas atribuidas a cada sancionado.
En Bolivia, la revocatoria afecta a cuarenta ciudadanos, entre ellos el juez Julio Alba Flores, el magistrado Aldo Quezada, ambos de Santa Cruz, varios legisladores y el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce. El anuncio muestra que Washington está utilizando las restricciones de visa como instrumento de presión diplomática: no constituyen una condena judicial, pero sí limitan la movilidad internacional y aumentan el costo político para funcionarios y operadores señalados por Estados Unidos.
