El Gobierno español ha defendido la libertad de prensa después de que Israel revocara el visado de Francesca Cicardi, periodista de elDiario.es, y le impidiera viajar al país para cubrir las elecciones generales del 27 de octubre. Fuentes del Ministerio de Exteriores han afirmado que España respalda “la libertad de prensa y de los periodistas españoles en todas las partes del mundo”.
Un veto que amplía la preocupación
Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha condenado la decisión y ha señalado que Cicardi es la tercera periodista a la que Israel deniega la entrada en vísperas de los comicios, en los que el primer ministro Benjamín Netanyahu se juega su continuidad política. La organización considera que las restricciones ya no se limitan a la cobertura de la guerra de Gaza o de los territorios ocupados, sino que alcanzan también la información sobre un proceso electoral interno.
La presidenta de RSF España, Edith Rodríguez Cachera, ha acusado al Gobierno de Netanyahu de intentar eliminar las miradas extranjeras que considere demasiado críticas. La entidad denuncia una acumulación de denegaciones de entrada a periodistas europeos sin una justificación clara y califica la conducta de las autoridades israelíes de arbitraria y autoritaria.
El caso plantea un problema que trasciende la situación individual de Cicardi. Si los visados empiezan a resolverse según la línea editorial del medio representado, la acreditación periodística dejaría de depender de criterios transparentes y pasaría a convertirse en un mecanismo de selección política. RSF teme precisamente que esta tendencia se consolide mientras aumentan las restricciones al trabajo de la prensa internacional.
La respuesta de Exteriores expresa respaldo político, pero el episodio también pone a prueba la capacidad de España y de sus socios europeos para exigir explicaciones y garantías concretas. La cobertura independiente de unas elecciones resulta especialmente relevante cuando el contexto está marcado por una fuerte polarización y por el escrutinio internacional sobre las decisiones del Gobierno israelí.
