La justicia electoral de Brasil advirtió a los equipos de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro que la disputa judicial por contenidos en redes sociales puede restringir el debate en la campaña hacia la segunda vuelta del 25 de octubre. Desde la primera ronda, celebrada el 4 de octubre, el Tribunal Superior Electoral (TSE) contabilizó 162 recursos: más del triple que en el mismo periodo de 2022.
El cruce de acusaciones incluye denuncias de desinformación y pedidos de censura que involucran a Meta y Google. El TSE autorizó el canal de WhatsApp “Ejército de Lula”, con más de cuatro millones de seguidores, después de que la campaña de Bolsonaro lo acusara de difundir falsedades sobre posibles recortes de beneficios sociales. Lula rechaza la acusación. Su partido, a su vez, denunció restricciones de Meta en Instagram; la empresa atribuyó los problemas a fallas técnicas globales. También cuestionó respuestas de Gemini que, según su campaña, atribuían declaraciones inexistentes.
La campaña también se juega en las plataformas
El volumen de litigios muestra que las redes no son solo un canal de propaganda: su moderación y alcance se han convertido en terreno de disputa electoral. Las decisiones contradictorias sobre WhatsApp y las denuncias contra las tecnológicas elevan la presión sobre el árbitro, que debe contener la desinformación sin convertir la vía judicial en un límite general a la confrontación política. Tras quedar detrás de Bolsonaro en la primera vuelta, Lula intensificó su presencia digital; la derecha, por su parte, reivindica la eficacia de sus candidatos influyentes en redes.
